[UBERLÂNDIA, BRASIL] La gestión local que llevan adelante las comunidades amazónicas de un recurso pesquero vital para su subsistencia —el pirarucú— tiene un efecto protector más allá del esperado: las comunidades no solo cuidan a estos peces y los lagos donde los pescan, sino que también defienden extensas zonas de bosque y selva, reduciendo la caza, la tala y hasta la minería ilegal.
Esta es una de las conclusiones de un estudio publicado en Nature Sustainability, que observó que estas poblaciones actúan como una fuerza de conservación altamente eficiente, abarcando territorios que pueden ser hasta 86 veces más grandes que los lagos gestionados directamente.
El estudio se realizó en la cuenca del río Juruá, una región de várzea (llanura aluvial inundable) en la Amazonía brasileña, con la participación de 15 comunidades que forman parte de acuerdos de pesca que regulan el uso de los lagos y permiten la recuperación del pirarucú (Arapaima gigas), uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo y especie emblemática de la pesca sostenible en la región.
Las comunidades locales, a través de patrullas locales organizadas por la comunidad, protegen sus ambientes acuáticos durante todo el año, las 24 horas del día. Sin embargo, en épocas de retirada de las aguas de inundaciones, las poblaciones de peces con valor comercial se vuelven más vulnerables, lo que hace que las iniciativas de protección comunitaria sean aún más complejas y exigentes.
“Podríamos estar hablando de hasta 15 millones de hectáreas de bosque protegidas solo en el estado de Amazonas, una escala comparable a las mayores unidades de conservación del mundo”.
Vitor Campos-Silva, Instituto de Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Federal de Alagoas, Brasil
En este contexto, más allá del fuerte impacto positivo sobre los recursos pesqueros, la protección eficaz de los bosques en esa temporada ofrece beneficios adicionales, al prevenir la explotación ilegal por parte de pescadores, cazadores, madereros y otras actividades ilegales.
“Un ejemplo concreto de esta protección se observó recientemente cuando la acción colectiva de pescadores y líderes locales, con el apoyo de organizaciones locales, expulsó a los mineros de oro ilegales que habían ingresado al río Juruá”, detalla el estudio.
Para mapear esta protección ampliada, el equipo combinó varios métodos, como mapeo participativo con los habitantes, entrevistas, análisis de rutas de patrulla por GPS y datos ecológicos sobre el comportamiento del pirarucú. Así, se identificaron tres niveles de protección: directa (los lagos gestionados), funcional (zonas de influencia ecológica de los peces) y territorial (áreas inaccesibles a los invasores debido a la vigilancia).
Los resultados muestran que la protección funcional abarca, en promedio, 36 veces más área que los lagos gestionados. La protección territorial puede alcanzar hasta 86 veces más, incluyendo zonas de várzea y bosque de tierra firme.
“Sabíamos que el manejo del pirarucú era eficiente para recuperar una especie antes amenazada y generar ingresos, pero no imaginábamos la magnitud del efecto cascada sobre la selva”, dice a SciDev.Net João Vitor Campos-Silva, coautor del estudio e investigador del Instituto de Ciencias Biológicas y de la Salud, de la Universidad Federal de Alagoas, en Maceió, Brasil.
“Si lo extrapolamos, podríamos estar hablando de hasta 15 millones de hectáreas de bosque protegidas solo en el estado de Amazonas, una escala comparable a las mayores unidades de conservación del mundo”, agregó.
Impactos económicos y sociales
El estudio también analizó los costos de este modelo de conservación. Cada hectárea protegida cuesta, en promedio, US$ 0,95 al año, valor asumido íntegramente por las comunidades, que realizan las patrullas con recursos propios.
La vigilancia representa aproximadamente 32 por ciento del costo total del manejo comunitario y reduce en cerca de 21 por ciento las ganancias netas obtenidas con la venta del pirarucú. Los costos varían según la comunidad, dependiendo de factores como la distancia a los lagos patrullados, el número de lagos gestionados y la cuota de pesca permitida.
Para estimar cuánto sería necesario invertir para compensar a las comunidades por los servicios ambientales prestados, los investigadores simularon escenarios de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). En Juruá serían necesarios entre US$ 1,77 y 3,17 millones anuales. A escala estatal, el valor superaría US$ 50 millones por año.
“La vigilancia realizada dentro del manejo comunitario tiene un costo muy bajo en comparación con otros modelos, como la contratación de inspectores a través del sistema legal brasileño —y aún más cuando se trata de agencias federales o estatales”, explica Ana Carla Rodrigues, autora del estudio y también investigadora de la Universidad Federal de Alagoas.
La bióloga también advierte que el esfuerzo es alto para las familias: la vigilancia representa cerca de un tercio de los gastos totales y reduce sus ingresos en 20 por ciento. Además, los habitantes enfrentan riesgos con invasores y dejan de realizar tareas esenciales, como el cultivo de alimentos.
Aunque tiene gran relevancia, esta protección comunitaria no se reconoce en las políticas ambientales nacionales o internacionales. Según los autores, incluir estos territorios comunitarios en las estrategias oficiales y financiarlos a través de programas de PSA puede ser una vía viable para expandir la conservación en la Amazonía.
“Por todo esto, es urgente compensar a estas comunidades. Una forma justa sería implementar programas de PSA que cubran los costos de la vigilancia y reconozcan el valor de un trabajo arduo, que beneficia al planeta entero”, afirma Rodrigues.
La socióloga Aline Radaelli, investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia (INPA), en Manaos, quien no participó en el estudio, sostiene que la protección y el manejo comunitario de los recursos naturales son, sin duda, las estrategias más exitosas para conservar la biodiversidad en la Amazonía.
Sin embargo, entre algunos aspectos críticos a tener en cuenta destaca el riesgo que enfrentan los agentes comunitarios, que actúan en contextos de conflicto ambiental y violencia.
“En territorios con alta presión y conflictos latentes, como muchas partes de la Amazonía, estas acciones pueden ser peligrosas, especialmente considerando la violencia que afecta a los defensores ambientales y a los pueblos tradicionales de Brasil”, explica Radaelli. Por eso, señala que no toda experiencia puede ser replicada sin considerar las particularidades de cada territorio.
Además, alerta que sobre los límites del PSA que, por ser un instrumento de mercado, no garantiza por sí solo la equidad social ni el fortalecimiento de la gobernanza comunitaria. Si es mal diseñado, puede incluso agravar desigualdades y generar conflictos internos.
Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net.
