Organizaciones y comunidades de América Latina han elevado una solicitud formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que actúe ante las violaciones de derechos humanos asociadas a los proyectos de combustibles fósiles en la región.
La demanda central es la creación de lineamientos regionales que obliguen a los Estados a supervisar exhaustivamente la operación, el cierre y la transferencia de activos energéticos, con el objetivo de evitar que empresas y gobiernos evadan sus responsabilidades en materia ambiental y social, de acuerdo con información de EFE.
Este reclamo se expuso durante una audiencia pública en el 195 Período de Sesiones de la CIDH, desarrollado en Ciudad de Guatemala. Los representantes de las comunidades subrayaron que el cierre irresponsable y la transferencia de activos por parte de diversas compañías han dejado a muchas poblaciones sin protección ni medidas adecuadas para resarcir los daños derivados de la extracción de carbón, petróleo y gas.
Entre los ejemplos citados, la mina Cerrejón en Colombia, la termoeléctrica Norgener en Chile —donde se realizó una quema acelerada de carbón antes del cierre definitivo— y la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní de Ecuador ilustran la magnitud del problema. Las organizaciones denunciantes sostienen que en estos y otros casos no se han implementado soluciones efectivas para mitigar los impactos ambientales ni para garantizar los derechos de las poblaciones locales.
Uno de los puntos más destacados de la intervención fue la denuncia sobre el creciente número de empresas que abandonan proyectos sin realizar una remediación ambiental efectiva.
Los voceros indicaron que esta modalidad de salida deja a comunidades expuestas a problemas como la contaminación, el deterioro de su entorno y la falta de acceso seguro al agua, además de la pérdida de medios de vida tradicionales.
Las comunidades recalcaron que la transición energética no puede convertirse en un pretexto para eludir responsabilidades históricas. Insistieron en que los Estados deben garantizar la protección de los derechos humanos durante todo el ciclo de vida de los proyectos energéticos, sin dejar vacíos legales que permitan la impunidad de las empresas. Enfatizaron, además, la situación de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, quienes suelen afrontar los mayores riesgos y daños.
El pedido a la CIDH incluye la elaboración de directrices vinculantes que aseguren mecanismos efectivos de resarcimiento, compensación y restauración ambiental para las poblaciones afectadas. Los representantes subrayaron que la ausencia de normativas regionales robustas perpetúa la vulnerabilidad de las comunidades y limita sus posibilidades de acceso a la justicia.
Actualmente, las organizaciones alertan que no existen mecanismos efectivos a nivel regional que garanticen una transición energética con enfoque de derechos humanos. Esta carencia legal favorece que los daños ambientales y sociales queden sin atender cuando las empresas dejan de operar o transfieren sus activos a terceros.
Por ese motivo, la solicitud se centra en el desarrollo de normas obligatorias que impidan que el cierre o transferencia de proyectos fósiles deje sin resarcimiento a las comunidades perjudicadas.
La audiencia pública también sirvió para poner en primer plano la necesidad de una cooperación regional que permita proteger la Amazonía y otros territorios especialmente frágiles ante la retirada de proyectos hidrocarburíferos. Los participantes coincidieron en que la falta de normativas regionales mantiene la vulnerabilidad de las comunidades y dificulta avanzar hacia una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos.
