CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Una jueza guatemalteca condenó el martes a seis exfuncionarios por diversos delitos relacionados con la muerte de 41 niñas durante un incendio ocurrido en 2017 en un hogar estatal de acogida para adolescentes en riesgo y antecedentes de abusos.
Las penas impuestas van desde 6 hasta 25 años de prisión y por cargos que incluyen maltrato contra menores de edad, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y homicidio culposo. La jueza Ingrid Cifuentes también ordenó a la fiscalía investigar al expresidente Jimmy Morales (2016-2020) por ordenar a la policía trabajar en un centro donde se recluía a menores que no habían cometido delitos.
El ex secretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, fue condenado a 25 años de prisión.
Previamente, Rodas declaró a los presentes en la sala, incluidos familiares de las víctimas, que no había causado «ningún daño». Entre los condenados también se encontraba la expolicía Lucinda Marroquín, quien tenía la llave de la habitación donde estaban encerradas las niñas y no la abrió cuando comenzó el incendio. Fue condenada a 13 años de prisión.
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La jueza declaró que, mediante registros telefónicos, los investigadores pudieron establecer que, en el momento del incendio, Marroquín estaba hablando por teléfono. Indicó que un testigo declaró que, cuando se le informó sobre el fuego, Marroquín respondió con groserías y dijo «que se quemen».
Un exfiscal asignado a la protección de la infancia fue absuelto.
Con lágrimas en sus ojos Emily del Cid Linares, de 25 años y quien sobrevivió al incendio, dijo que se siente satisfecha con el fallo.
«Me siento como que me quitaron un peso de encima, lo que más siento es que ellas van a poder descansar en paz, (los sentenciados) van a pagar lo que hicieron», dijo del Cid Linares. Mencionó las marcas de quemaduras en su cuerpo, pero dijo que le dolían más las de su corazón.
En audiencias anteriores, la fiscalía pidió hasta 131 años de prisión para varios de los acusados.
Entre la tarde y la noche del 7 de marzo de 2017 un grupo de niñas resguardadas en la Casa Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en el municipio de San José Pinula de la capital guatemalteca, se escaparon del lugar junto a otros menores de un hogar de acogida para varones colindante alegando que eran objeto de vejámenes.
Las menores estaban bajo la protección de la Procuraduría General de la Nación o por jueces, por ser víctimas de abuso o parte de algún proceso judicial familiar.
Tras fugarse por varias horas las menores fueron devueltas por la Policía Nacional Civil y regresadas al hogar, encerradas bajo llave en un cuarto donde no había acceso a un baño y bajo custodia policial. Allí les entregaron colchonetas para dormir.
Luego de reclamar por varias horas que las dejaran salir, una de las menores prendió fuego a una colchoneta, lo que rápidamente provocó un incendio. Varias menores murieron calcinadas o por las graves heridas. En total 41 niñas fallecieron ese día y los posteriores al incidente y otras 15 resultaron con quemaduras.
Dos meses después de los hechos, mientras varias de las niñas recibían tratamiento hospitalario en Guatemala y Estados Unidos, la fiscalía narró a un juez los hechos que horrorizaron a la población.
En la audiencia del martes, la jueza Cifuentes citó el caso de una de las adolescentes sobrevivientes a quien llamó solo «Nayeli». La magistrada dijo que la menor, a consecuencia del incendio, perdió dedos de las manos, un pie, la nariz, las orejas, el cuero cabelludo y que su cuerpo se quemó en un 85% que la llevó a un intento de suicidio.
La fiscalía dijo que durante nueve de los 22 minutos que duró el incendio la temperatura llegó a los 300 grados centígrados, con 21% de oxígeno y donde las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. Sobre las niñas heridas dijo que algunas debieron sufrir amputaciones para lograr sobrevivir.
Organizaciones defensoras de las mujeres responsabilizaron también al expresidente Morales por haber ordenado a la policía acudir al lugar, sin embargo, la fiscalía lo dejó afuera del proceso judicial. Morales fue quien eligió a la fiscal general Consuelo Porras para ocupar el cargo que detenta hasta ahora.
