Un tribunal de Guatemala condenó este viernes a 40 años de prisión a tres exparamilitares por delitos de lesa humanidad por las violaciones contra seis mujeres en aldeas indígenas en los años 1980, durante la guerra civil.
Decenas de oenegés internacionales que acompañaron el proceso, entre ellas WOLA e Impunity Watch, destacaron que el caso «ilustra» cómo el ejército guatemalteco utilizó la violencia sexual «como arma de guerra para controlar y someter» a las comunidades indígenas durante el conflicto armado entre 1960 y 1996.
Los tres exparamilitares, también indígenas, eran miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil, creadas por las Fuerzas Armadas para combatir a la guerrilla izquierdista durante la guerra que dejó 200.000 muertos y desaparecidos, según una Comisión de la Verdad de la ONU.
Los acusados son «autores responsables» de crímenes de lesa humanidad por las violaciones sexuales contra las mujeres mayas de la etnia achí, indicó la sentencia leída por la secretaria del tribunal, a cargo de la jueza María Eugenia Castellanos.
Los sentenciados a «40 años de prisión inconmutables» son Pedro Sánchez, Simeón Enríquez y Félix Tum, de entre 60 y 73 años, hallados culpables de los hechos ocurridos entre 1981 y 1983, refirió a la AFP una fuente de Impunity Watch.
La comisión de la ONU en un informe publicado en 1999 indicó que el 83% de las víctimas del conflicto fueron indígenas y responsabilizó a las fuerzas estatales de la mayoría de violaciones a los derechos humanos.
En 2013, un tribunal condenó a 80 años de prisión al exdictador Efraín Ríos Montt por el genocidio de indígenas ixiles durante su régimen de facto entre 1982 y 1983. La justicia anuló luego la sentencia y el general murió en 2018 a los 91 años mientras esperaba un nuevo juicio.
– «Estoy muy contenta» –
El juicio comenzó el 28 de enero y es el segundo caso de mujeres achí que fueron víctimas de múltiples violaciones en aldeas del municipio de Rabinal y en una base del ejército en ese poblado, a unos 50 km al norte de la capital.
Entre 2011 y 2015 un grupo de 36 víctimas presentaron las denuncias contra exmilitares y colaboradores del ejército. En 2022, otros cinco exparamilitares fueron condenados a 30 años de prisión por estos hechos.
«Logramos (ganar) un segundo juicio en contra de los patrulleros que cometieron delitos durante el conflicto armado (…). Estoy muy contenta», dijo a la AFP Paulina Ixpatá, de 62 años, una de las víctimas.
La abogada indígena Haydeé Valey, defensora de las mujeres achí, agregó que la sentencia es «histórica» porque «reconoce la lucha de las sobrevivientes».
Varios de los asistentes en la sala judicial aplaudieron al cierre del juicio, donde algunas víctimas vestidas con sus trajes típicos y otros indígenas escucharon la sentencia por medio de una interprete.
En las audiencias, la Fiscalía y los abogados de las víctimas presentaron 168 medios de prueba para demostrar la responsabilidad de los acusados, y participaron 12 testigos, 10 peritos, 139 documentos y 7 discos compactos con videos y documentos.
«Yo soy inocente de esto de lo que me están acusando», dijo Sánchez ante el tribunal poco antes de la sentencia.
Previo a la sentencia, las víctimas, acompañadas por activistas, realizaron una ceremonia con flores y velas en una plaza de los tribunales de la capital.
– Hito internacional –
Un caso similar fue juzgado en 2016 cuando dos veteranos militares fueron condenados a 240 y 120 años de prisión por someter a esclavitud sexual a once mujeres indígenas en la comunidad Sepur Zarco (noreste), además de cargos de asesinato y desaparición forzada durante la guerra.
La sentencia de este viernes «marca un hito a nivel nacional e internacional en contra de la violencia sexual en contexto de conflictos armados», afirmaron las ONG en un comunicado.
Sin embargo, lamentaron que las víctimas esperaron por más de cuatro décadas para que se hiciera «justicia» por las atrocidades que sufrieron pues «fueron torturadas y violadas».
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