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La Organización de Estados Americanos (OEA) enviará este 9 de noviembre una misión especial a Guatemala para acompañar los procesos institucionales y de elección de segundo grado de 2026. Su llegada coincide con el anuncio del Panel de Personas Expertas Independientes, que también observará estos procesos. Ambas iniciativas internacionales ocurren en un momento de alta tensión entre el gobierno de Bernardo Arévalo y el sistema de justicia, tras las recientes acciones del juez Fredy Orellana y el Ministerio Público.
Por Prensa Comunitaria
La Organización de Estados Americanos (OEA) mediante una Misión Especial para Fortalecer las Instituciones Democráticas en Guatemala, empezará su primera visita oficial a Guatemala este 9 de noviembre, con el fin de acompañar los procesos institucionales de segundo grado previstos para 2026. La llegada de la delegación ocurre en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y el sistema de justicia, luego de que el gobierno denunciara un nuevo “intento de golpe judicial” promovido por el Ministerio Público y el Juez Fredy Orellana, el mes pasado.
El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, explicó que el respaldo de la OEA al orden constitucional del país fue unánime entre los Estados miembros y que la misión tiene el mandato de verificar el cumplimiento de los principios de transparencia y democracia en los procesos que definirán la integración de instituciones clave como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas.
La llegada de la misión se produce tras una serie de acciones legales impulsadas por el Juez Fredy Orellana y el fiscal Rafael Curruchiche. El pasado 24 de octubre Fredy Orellana emitió una orden judicial que buscaba anular de manera absoluta al partido político Semilla y que el TSE declarara vacantes todos los cargos ganados por este partido en 2023.
La visita del organismo internacional marca un nuevo capítulo en el respaldo político, que ha requerido el Ejecutivo para mantenerse a flote en un constante acoso judicial en su contra. El pasado 5 de noviembre, el Consejo Permanente de la OEA aprobó por unanimidad de los Estados miembros una declaración de apoyo a la democracia guatemalteca y de condena a los intentos de desestabilización institucional. Con la llegada de la misión, el Ejecutivo busca consolidar ese respaldo y demostrar avances en materia de transparencia y fortalecimiento institucional.
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Panel de expertos anuncia reuniones
Esta semana varias organizaciones internacionales anunciaron la conformación de un Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) que también observará de cerca los procesos de elección de segundo grado en el país.
El Panel Se conformará por la abogada mexicana Ana Lorena Delgadillo Pérez, el abogado peruano José Ugaz y el abogado chileno Jaime Arellano, quienes realizarán su primera visita a Guatemala del 11 al 14 de noviembre y “sostendrán encuentros para documentar y sostener diálogos con autoridades, medios de comunicación, organizaciones civiles, comunidad diplomática y ciudadanía”, anunciaron.
#AlertaElecciones2026 🚨 El Panel de Expertos Independientes anuncia el inicio de la observación de la renovación de autoridades en el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad, procesos de elección previstos para 2026. pic.twitter.com/ErsqFJGtlv
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) November 6, 2025
En tanto, el exembajador de la Unión Europea en Guatemala, Thomas Peyker, tras la emisión del comunicado de la OEA señaló que la Unión Europea seguirá el mismo camino. “El Pacto de Corruptos enfrenta la oposición total de los y las guatemaltecas y de la comunidad internacional entera” señaló en redes sociales.
Elecciones en 2026
En 2026, Guatemala celebrará una serie de elecciones de segundo grado para renovar a las máximas autoridades de instituciones clave del Estado, entre ellas el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), la rectoría de la USAC, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público (MP). Estos procesos, que recaen en el Congreso y otras entidades nominadoras, son determinantes para el equilibrio institucional del país, pues de ellos depende la independencia del sistema de justicia y la transparencia de los próximos comicios generales.
