Foto: Francisco Flores/Archivo El País.
El conflicto que se mantuvo por unos 80 días en la pesca dejó consecuencias económicas millonarias. Pero también derivó en que el ministro de Trabajo, Juan Castillo, fuera relegado de las negociaciones por el presidente Yamandú Orsi y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quienes fueron claves para destrabar la situación.
En 1995, el sindicalista y dirigente del Partido Comunista, Juan Castillo, surgió en la escena política con una imagen mesurada, conciliadora y con buenas relaciones con el mundo empresarial.
A menudo Castillo acostumbra decir que, aunque pensara mucho, no recordaba tener un enemigo y eso que participó como gremialista en muchas reuniones difíciles con empresarios de múltiples perfiles en Consejos de Salarios y en encuentros bipartitos.
Su experiencia en el ámbito público es larga. Estudió mecánica y maquinista naval (marino mercante). Comenzó a trabajar en la Administración Nacional de Puertos (ANP) donde fue dirigente del sindicato portuario (Suanp), integrante de la Mesa Representativa del Pit-Cnt, del Secretariado Ejecutivo y coordinador general desde 1999.
Ya con la llegada del Frente Amplio al gobierno, Castillo fue director Nacional de Trabajo (2015-2017, luego senador y vicepresidente de la coalición de izquierda, entre otros cargos.
Con ese currículum, la llegada del secretario general del Partido Comunista como titular del Ministerio de Trabajo en la administración de Yamandú Orsi fue lógica. Sin embargo, arribaría una «tormenta perfecta» a dos meses de asumir al desatarse un conflicto en la pesca con características inéditas, cuyas consecuencias hoy son imprevisibles tanto para el mundo empresarial como para el gremial.
Ese conflicto tuvo un antecedente el año pasado. Entre diciembre de 2023 y abril de 2024, las empresas pararon la flota porque no era viable salir a pescar. Argumentaron que la actividad no les daba rentabilidad.
Entre mayo y junio de 2024, el sindicato respondió desatando un conflicto donde reclamó la firma de un convenio laboral que suponía un aumento de un 18% en dólares.
El 23 de junio de ese año, en una audición semanal que el sindicato contrata en CX 40 Radio Fénix, el presidente del gremio, Alexis Pintos, dijo; «Las condiciones las ponemos nosotros…ya dijimos. Si no les sirve (a los empresarios extranjeros) lo que hay, a la fila y a esperar. Lo vuelvo a reiterar: acá el que firma, sale (a pescar). Estamos trancando por algo que para nosotros es algo muy sencillo. Pero si para ellos (se refiere a las empresas armadoras) se les va la vida en eso, que se les vaya la vida, que se les vaya el balde, que se les vaya la cadena, y que se vayan, que se vayan».
El diferendo en el sector pesquero se saldó en 2024 con un convenio que incluía una cláusula de paz, mientras que el Estado otorgó unos beneficios a empresarios (una reducción de pólizas del Banco de Seguros y facilidades en los permisos). Esas mejoras otorgadas con plazo de finalización no daban para cubrir las mejoras salariales acordadas con el sindicato, según dijo a El País una fuente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay.
El 27 de mayo de este año, en una asamblea, el gremio pesquero desató un nuevo conflicto en plena zafra reclamando un tripulante más que supla al capitán mientras este descansa. Hasta este momento, las guardias cuando el capitán no estaba en el puente del barco, lo hacía otro marinero y éste también cobraba su parte de lo que se pescaba.
Castillo trató de mediar. Con su tono mesurado, recibió a dirigentes de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) donde reconoció sus problemas. También se reunió con el sindicato pesquero.
Según fuentes empresariales, Castillo siempre se alineó con el gremio y todas sus propuestas para salir del conflicto eran lo que planteaba el sindicato. Así las cosas, señalaron las fuentes, los empresarios dejaron de asistir a las reuniones convocadas por el Ministerio de Trabajo, los días corrían y las pérdidas por no salir a pescar se transformaban en millonarias.
Este conflicto en el sector pesquero tuvo características atípicas. La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay decidió en forma unilateral dar por terminado el diferendo y reclutar a sus propios tripulantes a través de la página web «Uruguay pesca». Al llamado se presentaron más de 9.000 aspirantes, de los cuales unos 400 cuentan con libreta de embarque. En el pasado, la mayor parte de la tripulación de un barco era elegida por el gremio, según los empresarios.
En el sector pesquero uruguayo hay inversores uruguayos, españoles, daneses, brasileños, rusos y canadienes. Al ignorar al sindicato, varios empresarios comenzaron a traer pescadores de sus países para completar la tripulación.
En forma paralela, un programa de inteligencia artificial (PAI) entrevistaba y clasificaba a los aspirantes de «Uruguay pesca» en función de sus experiencias laborales en el sector. Aquellos que carecían de idoneidad técnica serán capacitados.
Ello generó la posibilidad de que el puerto de Montevideo se transformara en un escenario de una batalla campal entre pescadores elegidos por la cámara y sindicalistas a la hora de los embarques. Las empresas organizaron un plan de seguridad y transmitieron sus inquietudes a la Prefectura Nacional Naval, que ya estaba haciendo un seguimiento de la situación. El tema también preocupó a integrantes del Poder Ejecutivo.
Entre tanto, en el Ministerio de Trabajo las negociaciones estaban totalmente trancadas.
«Lo más fuerte de este conflicto es la violación del convenio colectivo por parte del sindicato. El respeto por los acuerdos comerciales y jurídicos es un punto fuerte del país. Hay muchos acuerdos bilaterales con Uruguay. En el país se jactan de seguridad jurídica. El conflicto de la pesca demostró que esa seguridad jurídica no es tal», dijo un empresario extranjero a El País.

Foto: Archivo El País.
Reunión con Orsi
El martes 12, el diario ABC de España publicó que Albano González, empresario y CEO de Pescaderías Belnova, se comunicó con la embajada española en Uruguay solicitando que intercediera con el gobierno uruguayo para que solucionara el conflicto que le había generado pérdidas por US$ 15 milones por no salir a pescar. Belnova es la empresa pesquera más importante de Uruguay.
Dos días más tarde, el jueves 14, el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se reunieron con el presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros, Juan Riva-Zucchelli y un asesor, según informó El País.
En la reunión, donde no participó Castillo, el mandatario y el secretario de Presidencia le señalaron a Riva-Zucchelli la gran preocupación que existe en el gobierno por lo prolongado del conflicto y por su gran impacto en el empleo. Después del encuentro, quedó abierto un canal de diálogo directo entre Sánchez y la CIPU.
Ese mismo día, el sindicato de los trabajadores del mar (Suntma), en una asamblea realizada en la sede del Sindicato de Artes Gráficas decidió por unanimidad aceptar una fórmula elaborada por el Ministerio de Trabajo para destrabar el conflicto.
El martes 19, en una carta enviada al ministro Castillo, los empresarios pesqueros rechazaron una convocatoria a una reunión tripartita tras el levantamiento del conflicto por parte del gremio pesquero.
«Agradecemos todas las gestiones que se han realizado desde el Ministerio de Trabajo, que lamentablemente fueron infructuosas debido a la intransigencia sindical. Desde las empresas hace 10 días que dimos el conflicto por finalizado y nos embarcamos en esta nueva travesía de refundar la pesca nacional», sostiene la misiva a la que accedió El País.
Pero las cosas no fueron tan fáciles para el sector empresarial. El miércoles 20, el sindicato retuvo por cuatro horas el barco congelador Solís II de Pescaderías Belnova exigiendo que descendiera toda la tripulación elegida por la empresa y que fuera sustituida por personal que había realizado una salida antes del conflicto. La mayoría de ese personal es agremiado.
Tras la advertencia del empresario Albano González de que el buque no saldría al mar y que obligaría a descender a toda la tripulación, el gremio accedió a la partida del buque con la condición de que se contrataran a dos marineros agremiados.
Al día siguiente, el sindicato demoró la partida de otro buque pesquero alegando que la empresa adeudaba aguinaldos. Luego de una serie de negociaciones entre ambas partes, el barco salió a pescar. En estos días, una media docena de pesqueros saldrán al mar, algunos de ellos con personal reclutado por la página web «Uruguay pesca».
Cruce
El conflicto generó también un cruce entre el MPP y el Partido Comunista. El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, le pidió formalmente por carta a Sánchez que el Poder Ejecutivo analice retirar los permisos de pesca a las empresas del sector que hayan incurrido en una conducta antisindical. Lo mismo pidió en relación a beneficios de distinto tipo y a subsidios que reciben las pesqueras.
Por su parte, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, -integrante del MPP- reconoció que, como informó El País, la embajada de España planteó su preocupación por el prolongado conflicto pesquero.
Descartó que se estudie analizar un retiro de subsidios y permisos para la industria como lo planteó Abdala. “No hay definición de tomar decisiones que vayan en contra de ayudar a la pesca”, afirmó Cardona.
En tanto, la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay sigue con atención el conflicto pesquero. Lo mismo lo hacen industrias en conflicto como el sector lechero y el cárnico, ya que el diferendo en la pesca puede sentar un precedente histórico en el país.
Mientras que la Prefectura Nacional Naval amplió ayer el patrullaje en el puerto pesquero Capurro. Realizó controles con los perros antidrogas y se revisó con paletas detectoras de metales en la entrada para evitar que ingresen personas armadas al sector.