La Comisión Interna de la planta que tiene Molinos Río de la Plata en Esteban Echeverría denunció un plan de despidos masivos, alegando que la empresa pretende mantener los niveles de producción con menos personal, lo que representa un riesgo para la seguridad operativa y para la salud de los trabajadores.
Luciano Greco, el delegado de la seccional local, ubicada en la localidad de 9 de Abril, dialogó con El Diario Sur y recalcó que durante la semana pasada se hicieron asamblea en los tres turnos para definir opciones de protesta en medio de un conflicto que tiene en el centro de la escena a entre 25 y 30 obreros.
En ese sentido, esperan «la intervención urgente del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires», en donde ya se hizo la denuncia para que realicen una inspección. Las razones están en «el aumento de los ritmos de producción que la empresa viene imponiendo a los trabajadores, donde, con menos gente, quiere hacer la misma cantidad de producción y poniendo en riesgo la salud de los obreros», según indicó el gremialista.
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«Los despidos todavía no fueron concretados. La semana pasada los trabajadores, a partir de las asambleas, hicimos un rechazo total a los despidos y quisimos pedirle a la empresa que corte con sus intenciones de despido porque acá no sobra nadie», comentó. Y añadió: «Hablan de entre 25 y 30 empleados pero, como pasó en otras plantas de la empresa, te van corriendo el arco y hoy son 25 o 30, mañana otros 25 o 30 y es el cuento de nunca acabar. La motosierra prendida constantemente para dañar a los trabajadores y sus familias».
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La sede de la empresa queda en 9 de Abril.
Medidas de protesta
Molinos Río de la Plata, propiedad del grupo empresarial de la familia Pérez Companc, una de las más ricas del país, habría comenzado a realizar reuniones con algunos operarios para informarles de una supuesta «caída de ventas» que los iba a obligar a reducir el personal.
Por eso, luego de una serie de asambleas, los trabajadores decidieron rechazar las medidas con el objetivo de defender la totalidad de los 200 puestos de trabajo en riesgo.
En ese sentido, la Comisión Interna, junto con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), solicitó a la empresa garantías para evitar despidos. Sin embargo, la firma ratificó su decisión de avanzar con el plan de ajuste, de manera que los trabajadores consideran unilateral e ilegal.
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«La situación es complicada porque la empresa viene con anuncios de despido de reducción salarial ilegal, y reducción de los roles en la dotación de personal en la línea con lo cual nos deja en una situación difícil», comentó Greco. Y agregó: «También estamos en un contexto en el que la empresa aprovecha toda la situación del Gobierno Nacional en contra de los sindicados y los trabajadores como para avanzar y directamente no hacer las denuncias cuando hay accidentes por ART».
Esa advertencia por parte de los trabajadores genera incertidumbre de cara al futuro por los pasos a seguir. «Esto se viene replicando en todas las plantas de la empresa. No cumple con la ley de riesgo de trabajo», indicó.
Huelga a la vista
Por último, se puso el foco en el decreto gubernamental que busca limitar la huelga. «Es inconstitucional y afecta a todos los trabajadores que tanto lucharon desde sus orígenes. Es la base fundamental, la huelga, para poner un freno a estas patronales que se vienen a llevar puesto todo por delante. Este es un gobierno que nos ata de pie y manos a los trabajadores para que las empresas nos puedan destruir», completó.
