Bolivia estuvo en la mirada internacional la última semana, debido a los múltiples conflictos sociales que enfrentó el gobierno de Rodrigo Paz con reclamos sindicales que derivaron en pedidos de renuncia y bloqueos de carreteras que prácticamente han paralizado el país.
Las manifestaciones han provocado el posicionamiento de la comunidad internacional frente al gobierno de Paz, que ha recibido un respaldo casi unánime. Posiblemente el más significativo sea el del gobierno de Estados Unidos, con el que Bolivia no tiene oficialmente relaciones diplomáticas plenas desde 2008 —cuando el expresidente Evo Morales expulsó al embajador Philip Goldberg en medio de acusaciones de conspiración—, pero con el que hubo un giro en la actual administración, que forma parte del “Escudo de las Américas” y ha dado indiscutibles señales de acercamiento.
Inicialmente hubo un pronunciamiento de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental que a través de un comunicado condenó la “crisis humanitaria” provocada por los bloqueos y las acciones destinadas a “desestabilizar” el gobierno de Paz.
Luego se manifestaron los secretarios del Departamento de Estado, Marco Rubio y Christopher Landau, quienes declararon su apoyo “sin reservas” a la administración de Rodrigo Paz y descalificaron a los manifestantes: Rubio mencionó que “delincuentes y narcotraficantes” buscan derrocar al gobierno, mientras Landau dijo que rechaza el intento de dominio de la “turba” que cuenta con “apoyo del crimen organizado y narcotraficantes”.
Finalmente, los países que integran el Escudo de las Américas —la alianza creada por Donald Trump en marzo para cooperar en temas de seguridad— expresaron su respaldo a Paz y comprometieron su apoyo para preservar “la democracia, la seguridad y el bienestar de nuestra región”.
Estos pronunciamientos surgieron luego de que ocho países latinoamericanos —Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú— expresaran su respaldo a Bolivia.
Más tarde se manifestaron otros países y organismos, como la representación de la Unión Europea, más de 30 expresidentes de América y España que conforman el Grupo Idea, la Comunidad Andina de la que Bolivia forma parte y la Organización de Estados Americanos (OEA), que el miércoles celebró una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para tratar la situación de Bolivia.
En medio del respaldo prácticamente unánime de la comunidad internacional, hubo un quiebre con Colombia que provocó una crisis diplomática entre ambos países. El miércoles, el canciller boliviano Fernando Aramayo informó la expulsión y la declaratoria de “persona non grata” de la embajadora Elizabeth García por declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, que fueron consideradas “injerencia en política interna”.
Petro había publicado al menos seis mensajes en la última semana en respaldo a las protestas sociales contra el Gobierno y a favor del expresidente Evo Morales (2006-2019), cuyos partidarios participan en las movilizaciones contra el Gobierno.
El colombiano calificó las movilizaciones que tienen cercada la ciudad de La Paz como “una insurrección popular” en respuesta a “la soberbia geopolítica”. “Siempre estar al lado del pueblo. Bolivia se pone al frente de la lucha por la dignidad latinoamericana”, escribió en un mensaje en X.
Al día siguiente, Colombia devolvió el agravio y echó al representante boliviano en su país, Ariel Percy Molina. A pesar de estas acciones, la Cancillería boliviana señaló que las relaciones entre ambos países no han sido suspendidas.
En medio de las críticas que surgieron contra el gobierno boliviano, entre quienes consideran que la reacción fue inoportuna y exagerada, por haber omitido acciones diplomáticas previas como una convocatoria a la embajadora o una protesta oficial, el presidente Paz justificó la acción: “el ataque de Petro es un ataque a la democracia boliviana”.
