La agenda incluyó la valoración de un proyecto de acuerdo para expresar el pésame por el fallecimiento del papa Francisco, así como la elección del legislador que integrará la Comisión de Derechos Humanos en sustitución de Inés Castillo, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza.
Otro de los asuntos aprobados será conocer la iniciativa 6509 para aprobar la reforma a la Ley de Alimentación Escolar, la 6516 para la de Accesibilidad a los Medicamentos y un segundo debate sobre el dictamen de la propuesta 5692 en favor de reformar el Código Penal.
La instancia de jefes de bloque, encabezada la víspera por el presidente del Parlamento, Nery Ramos, insistió en abordar el amparo que separa a la diputada Karina Paz de la primera secretaría de la Junta Directiva.
La Corte Constitucional emitió el 27 de marzo pasado una resolución en pro de la expulsión la diputada de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, pero la inactividad en el hemiciclo durante cuatro semanas evitó la valoración pertinente.
Su bancada, de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, podría luego nombrar un sustituto para que ocupe la secretaría que dejará Paz.
Durante la discusión de la agenda, Álvaro Arzú, del partido Unionista, presentó una contrapropuesta al documento circulado por Ramos, en lo que este llamó un intento de usurpar sus funciones como máxima autoridad de ese organismo.
La legisladora Sonia Gutiérrez, de Winaq, consideró que se está interfiriendo en el trabajo de la Junta Directiva y representa el surgimiento de otra de facto que está operando, señaló.
El jueves no sesionará el Congreso debido al asueto por el Día Internacional del Trabajo, que se conmemora cada 1 de mayo.
Previo al descanso último por la Semana Santa, líderes de la Junta Directiva de los 48 Cantones del departamento de Totonicapán acudieron al Parlamento y presentaron un memorial contra la subida de sueldo de los congresistas.
Distintos sectores critican además el pobre avance de ese organismo y que el salario mínimo ronda los 500 dólares, cuando los diputados pasaron de 29 mil 150 quetzales (casi tres mil 800 dólares) a 51 mil 939 (cerca de siete mil dólares).
Lo que buscan es que el asunto quede en el olvido para continuar gozando del beneficio económico, pese a que su trabajo no sea de calidad, comentó el experto Alejandro Quinteros.
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