El Congreso de la República enfrenta una de sus peores crisis de productividad en los últimos años.
Durante lo que va de 2025, la agenda legislativa se ha visto prácticamente paralizada, lo que ha encendido las alertas entre diversos sectores políticos y ciudadanos.
El diputado Orlando Blanco fue uno de los que alzó la voz esta semana, advirtiendo que el prolongado estancamiento legislativo podría tener graves repercusiones para el país, incluyendo la posible caída de iniciativas prioritarias como la nueva ley contra el lavado de dinero.
“Llevamos prácticamente todo el año con un Congreso improductivo. En las condiciones actuales, cualquier iniciativa tiene muchas dificultades para avanzar”, lamentó el legislador en una entrevista reciente. Blanco no dudó en calificar el periodo como uno de inacción y falta de resultados tangibles para la ciudadanía.
La preocupación central radica en que, en medio de múltiples desafíos que enfrenta el país, la inoperancia del Legislativo está bloqueando reformas clave.
Entre ellas destaca la propuesta del Ejecutivo para actualizar la legislación contra el lavado de dinero, la cual es considerada urgente dada la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que supervisa las políticas de prevención de delitos financieros a nivel global.
“Si esta ley no se aprueba, Guatemala podría enfrentar consecuencias serias en el sistema bancario internacional. Pero no veo voluntad política en el Congreso para discutirla con seriedad”, advirtió Blanco, quien además expresó dudas sobre la calidad de la legislación si llegara a aprobarse de forma acelerada por la presión del tiempo. “La palabra urgente puede convertirse en el enemigo de la calidad”, subrayó.
El diputado también dirigió críticas al liderazgo actual del Congreso, señalando al presidente Nery Ramos como responsable de no facilitar los consensos necesarios para destrabar la agenda. “No vimos ningún esfuerzo del presidente del Congreso por mover las iniciativas. Pasamos todo el periodo legislativo reciente en receso, sin avances”, reprochó.
En contraste con la parálisis general, Blanco anticipó que en los próximos meses podrían avanzar propuestas que responden a intereses particulares de determinados grupos dentro del Legislativo. Entre ellas mencionó una posible reforma a la Ley Orgánica del Congreso que permitiría la conformación de nuevas bancadas, así como disposiciones para autorizar el uso de recursos no ejecutados en los Consejos de Desarrollo Departamental.
“Ahí se está cocinando ya el megacombo en el nivel 18 del edificio de Finanzas. No por compromiso con el país, sino por beneficios políticos y de presupuesto”, denunció. El diputado incluso señaló que el paquete legislativo incluiría “un incremento para los bolsones corruptos de los Consejos de Desarrollo”, cuestionando la transparencia de dichas entidades.
El panorama que pinta el congresista es desalentador: un Legislativo atrapado en su propia inercia, sin una ruta clara para atender los temas prioritarios del país. Mientras tanto, las leyes que podrían impactar positivamente en la economía, la seguridad y la reputación internacional de Guatemala continúan sin discutirse.
La falta de acción en el Congreso no solo retrasa políticas públicas necesarias, sino que también pone en entredicho la capacidad institucional del país para responder a sus compromisos internacionales.
La evaluación de GAFI será una prueba clave, y la ausencia de una ley actualizada contra el lavado de dinero podría acarrear sanciones que limiten la participación de Guatemala en el sistema financiero global.
A menos que se logre un cambio de rumbo, la segunda mitad del año podría transcurrir bajo la misma tónica: una agenda legislativa estancada, proyectos estratégicos en el limbo y una creciente desconfianza ciudadana hacia el que debería ser uno de los pilares de la democracia.
