Aunque ya transitamos un cuarto del siglo XXI, sobrevive la dicotomía si la conservación es un bien necesario o superfluo para los pueblos.
A pesar de las concluyentes opiniones de la ciencia, el tema parece necesitar más tiempo de maduración conceptual en el seno de la sociedad.
Aunque sabemos que el 70% de la superficie terrestre está cubierto por mares y océanos, así como que en ellos se genera el 50% de oxígeno que respiramos y que sus aguas albergan el 80% de las especies, su manejo descuidado y hasta inescrupuloso, parece importarnos poco.
¿Será porque consideramos tener otras urgencias o simplemente por desidia? A mediados de 2022 se llevó a cabo en Lisboa la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos. El mundo se reunió para tratar la emergencia oceánica declarada por la ciencia y sectores vinculados a la realidad de los mares.
El problema principal es que en las vastas aguas internacionales “pasa de todo”, sin que se ejerzan controles básicos ni se defienda la integridad de los ecosistemas.
Al concluir la conferencia de Lisboa 107 países -incluido Uruguay- firmaron el Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina en las Zonas situadas fuera de la Jurisdicción Nacional.
Para entrar en vigor el tratado necesita que al menos 60 países lo ratifiquen (aprobación parlamentaria), algo que aún está lejos de ocurrir, incluido en nuestro país.
Cuando suceda, establecerá un marco jurídico regulatorio de las actividades humanas en alta mar. Permitirá la creación de áreas marinas protegidas, y además pretende garantizar el reparto equitativo de los beneficios derivados del aprovechamiento de los recursos genéticos marinos. Esta movida internacional está incluida dentro de la denominada Agenda Azul.
Recordemos que en esta materia nuestro país aprobó en 2013 la ley Nº 19.128 denominada “Santuario de Ballenas y Delfines”. Aunque no integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) -debido a que esta ley solo regula actividades para proteger en particular a las especies de cetáceos que habitan en aguas del mar territorial uruguayo y tampoco cumplió con los pasos exigidos para ser parte del SNAP-, igualmente marcó un paso significativo para la conservación del patrimonio biodiverso nacional. Porque esta norma brinda una protección específica a todas las ballenas y delfines en nuestras aguas, y reafirma la obligación del Poder Ejecutivo de garantizar su protección y conservación, en actividades tan diversas, como por ejemplo, la prospección sísmica.
El marco legal es el sustento fundamental para el funcionamiento de cualquier sociedad. Cuanto más claro, preciso y ecuánime resulte, mayores serán los beneficios alcanzados por la comunidad. Es tiempo de encarar el cuidado responsable de la salud de los mares con gran compromiso. Ya no es admisible que en el hecho de su vastedad o lejanía se intente seguir justificando nuestra despreocupación en el asunto.
Estamos convencidos de que la conservación (gestión y uso sustentable del entorno) debe consolidarse en el seno de la sociedad como concepto elemental de calidad de vida y como un excelente legado para las próximas generaciones.
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