La Organización Demócrata Cristiana de América (Odca), que reúne a partidos políticos y organizaciones de derecha en América Latina, anunciaron su respaldo al presidente del Senado, Efraín Cepeda, que ha expresado su rechazo a la intención del presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar una consulta popular por decreto.
La presidenta de la Odca, Mariana Gómez del Campo, afirmó que el país debe unirse para “defender la institucionalidad”, ante el debate generado en el país por la propuesta de consulta luego del rechazo de su reforma laboral y de la consulta popular, que se hundieron en el Congreso.
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“Colombia atraviesa una grave crisis, originada por los permanentes ataques del Presidente Gustavo Petro. Como una muestra de su desconocimiento a la independencia de los poderes y su talante autoritario“, comenzó la comunicación emitida.
En la resolución, la Odca afirmó que se solidariza con el Congreso de la República y su presidente Efraín Cepeda, “ante los continuos señalamientos en su intento de doblegar por sus posturas firmes en defensa de la democracia y la legalidad”.
El organismo además rechazó lo que calificó como “las amenazas del presidente de Colombia que pone en duda el ejercicio de sus funciones a la cabeza del Congreso, lo que genera graves daños a la institucionalidad democrática y la separación de poderes”.
En el documento, la Odca denunció ante la comunidad internacional “la acción sistemática y permanente del presidente Gustavo Petro, para menoscabar el sistema democrático colombiano, desconocer la institucionalidad y proyectar su ataque sobre la democracia latinoamericana”.
Asimismo, hizo un llamado a los partidos miembros y organismos internacionales a mantener la vigilancia frente a los acontecimientos en el país y brindar respaldo “a todas las acciones y pronunciamientos que busquen la defensa del Estado de derecho”.
El contexto de esta declaración se da luego del anuncio realizado por Gustavo Petro el 3 de junio, en el que reveló que en los próximos días firmará el decreto que convocará a la ciudadanía a las urnas para decidir sobre la reforma laboral y aseguró:
“El decreto de la consulta popular se debe firmar ante el pueblo, ojalá ante centenares de miles de personas. Nació del pueblo, se mantiene en el pueblo. No tenemos mucho tiempo, luego no tenemos mucho tiempo para citarlo”.
Durante el Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, Petro pidió definir si la firma se realizará en Cali o Medellín.
“La mayoría del pueblo de Medellín está con la consulta popular, el pueblo trabajador no va contra sus intereses, ni bobos que fueran, cómo van a oponerse a que las mamás tengan bono pensional”, afirmó el mandatario.
También contempló a Cali como una alternativa, destacando el respaldo a la iniciativa: “Por qué no Medellín o Cali, mañana tiene que definirse, porque el decreto tiene que firmarse delante del pueblo. Y el que quiera estrellarse contra el pueblo, pues ahí verá, esa no es una amenaza, es una realidad histórica”.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, respondió a los anuncios de la Casa de Nariño con una “alerta temprana” ante la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), a través de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados y la Fundación Derechos y Justicia Asociados.
En el comunicado, Cepeda informó sobre “una situación de grave alteración del orden constitucional en Colombia, derivada del anuncio público del señor Presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar una consulta popular nacional mediante decreto, a pesar de que dicha iniciativa fue formal y expresamente rechazada por el Congreso de la República el 14 de mayo de 2025”.
La respuesta de Petro se hizo sentir en su cuenta oficial de X: “El orden constitucional no permite jamás impedir el voto libre de un parlamentario para decidir que el constituyente primario, que es su jefe, se exprese”.
