La próxima cumbre climática, con sede en Brasil, pone en el foco la urgente necesidad de acelerar aún más la transición energética en América Latina y el Caribe (ALC), región que busca consolidarse como un actor clave en la agenda global de desarrollo sostenible e inclusivo.
Un reciente informe entregado por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) afirma que, desde la adopción del Acuerdo de París en 2015, la región ha avanzado significativamente. Hoy, ostenta la matriz eléctrica más renovable del mundo, con una participación de fuentes limpias que escaló del 53% al 70% de la producción total. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por las tecnologías solar y eólica, con la capacidad instalada de la solar disparándose de 1 GW a casi 80 GW, y la eólica superando los 60 GW en el mismo periodo.
Pese a estos récords, la región no ha aprovechado todo su potencial, ya que solo se utiliza el 30% del potencial hidroeléctrico, el 10% del eólico y apenas el 2% del solar.
“Además, persisten desafíos estructurales que limitan la transición energética. La dependencia fósil sigue siendo alta, con el sector transporte consumiendo el 38% de la energía final”, detalla el documento.
A esto se suma el cambio climático que amenaza la histórica dependencia hidroeléctrica con sequías y lluvias extremas. Igualmente, persisten las brechas de acceso a energía asequible y confiable, crucial para el desarrollo humano.
“Finalmente, se necesita movilizar grandes inversiones para el financiamiento que modernice la infraestructura e impulse una eficiencia energética que, aunque ha mejorado, sigue por debajo del promedio mundial”, puntualiza Andrés Rebolledo, secretario general de OLADE.
La oportunidad de la COP30
La COP30, con la Amazonía como telón de fondo, es la plataforma ideal para que los países de ALC presenten propuestas concretas que promuevan la descarbonización, la integración energética regional (como SIEPAC y el Mercado Andino Eléctrico) y, fundamentalmente, garanticen una transición justa que beneficie a las comunidades mediante la generación de empleo y el fortalecimiento de la industria local.
“El futuro energético de ALC requiere políticas públicas claras, regulación dinámica y una planificación flexible que equilibre la ambición climática con las realidades sociales”, postula el informe.
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