A menos de cien días del inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), prevista para el próximo mes de noviembre en Belém, en el estado amazónico de Pará, existe el riesgo de que “el caos se apodere de la situación”. Quien da la voz de alarma es Evans Njewa, presidente del grupo de los “países menos desarrollados”, como los ha designado la ONU, o LDC en sus siglas en inglés, que representa a 44 naciones, en su mayoría de África, pero también de Asia, el Caribe y el Pacífico. Algunos de ellos, junto con 27 países, entre ellos Bélgica, Canadá, Noruega, Holanda, Suecia y Corea del Sur, firmaron la semana pasada una carta en la que se pide al Gobierno de Lula que traslade la COP30 de Belém a otra ciudad de Brasil. El motivo de la crisis es el altísimo coste de los alojamientos y de la hostelería en general, con tarifas hasta 15 veces superiores a la media. Hay casos en los que se han llegado a alquilar apartamentos por 2,2 millones de reales (405.023 dólares) para los 11 días que dura la conferencia. Los firmantes han expresado su preocupación por la “persistente falta de alojamientos adecuados y accesibles” y por la “falta de claridad sobre si la cuestión se resolverá rápidamente”. En la carta se pide que las tarifas hoteleras no superen los 164 dólares, “de conformidad con la indemnización diaria impuesta por las Naciones Unidas”. “Todos somos funcionarios públicos, con responsabilidad ante los contribuyentes, y no podemos justificar el gasto equivalente a nuestros ingresos anuales para participar en la COP30”, reza el texto.
En una entrevista al diario O Estado de São Paulo, el representante de los países menos desarrollados, Njewa, declaró que la situación “puede convertirse en un caos si el Gobierno brasileño no actúa con rapidez para garantizar un alojamiento asequible a los delegados”. El principal temor es que muchos países, sobre todo los más pobres, no puedan participar, frustrando así la promesa de inclusividad del evento y minando su credibilidad. Njewa subrayó que son precisamente los países más pobres los más afectados por la crisis climática, a pesar de haber contribuido muy poco al calentamiento global. “La perspectiva de que muchos miembros de nuestro grupo queden excluidos de la COP30 debido a obstáculos logísticos no solo sería lamentable, sino que también representaría una grave falta de inclusión y equidad”, declaró Njewa. El Gobierno brasileño, a través de la Secretaría Extraordinaria de la COP30, respondió afirmando que existe un plan de alojamiento dividido en fases. En la primera, se han puesto a disposición 2.500 plazas con tarifas entre 100 y 600 dólares al día. Sin embargo, según Njewa, estas medidas siguen siendo insuficientes y faltan respuestas claras y definitivas.
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que ha convertido la agenda medioambiental en el punto central de su comunicación gubernamental desde la campaña electoral, se encuentra ahora en un callejón sin salida, corriendo el riesgo de sufrir una vergüenza internacional, justo en la conferencia que debería haber consagrado el protagonismo de Brasil en la lucha contra el cambio climático. En los próximos días están previstas nuevas reuniones entre Brasil y los países del grupo LDC para buscar una solución. Mientras tanto, comienzan las primeras deserciones. El presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, ha anunciado que no participará en la COP30. Según un comunicado oficial, “los elevados gastos logísticos no entran dentro del estricto presupuesto de la Presidencia, que se enfrenta a un periodo de consolidación fiscal y, por lo tanto, necesita recortes y disciplina financiera por parte de todos los organismos públicos”. Austria estará representada en la conferencia por el ministro de Medio Ambiente, Norbert Totschnig.
La ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, calificó el coste del alojamiento como “una auténtica extorsión” y “la más absurda de todas las absurdidades”. “No podemos aceptar que todos los países preocupados por el futuro de su existencia, especialmente los más vulnerables, no puedan participar en una de las COP más importantes de nuestra historia”, afirmó Silva. La Asociación de la Industria Hotelera Brasileña de Pará se defendió de las acusaciones. “Es importante destacar que la dificultad actual para organizar el alojamiento no se debe a los hoteles, sino a la falta de una plataforma oficial para el alojamiento, prometida por la Secretaría de la COP30 desde principios de año y que aún no está operativa. Esta falta es el principal factor que ha obstaculizado e interrumpido el proceso de reserva”, se lee en el comunicado de la Asociación. El gobierno de Pará afirma haber puesto en marcha medidas para aumentar la capacidad de acogida en Belém y en el área metropolitana. Además de los hoteles ya operativos, se están construyendo nuevas estructuras de alojamiento, entre ellas el complejo Villa COP30, que ofrecerá 405 plazas para delegados y jefes de Estado. A nivel federal, también se han firmado acuerdos para la adquisición de barcos que se utilizarán como alojamientos flotantes, mientras que algunas escuelas públicas están siendo adaptadas para transformarse temporalmente en albergues para visitantes.
En cuanto al presidente de la COP30, el embajador André Corrêa do Lago, ha descartado categóricamente cualquier posibilidad de trasladar, total o parcialmente, la COP30 de Belém, a pesar de las crecientes presiones debidas a las dificultades logísticas, en particular las relacionadas con la acogida de los delegados extranjeros. Según Corrêa do Lago, “Belém es el lugar adecuado para acoger la COP30 y el Gobierno brasileño no está trabajando en ningún plan B”. “La conferencia, además de simbolizar la importancia de la Amazonia, forma parte de un acuerdo político para reforzar a Helder Barbalho, gobernador de Pará y figura clave para Lula en el equilibrio de poder dentro del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Trasladar la COP30 fuera de Belém pondría fin a la carrera política de Barbalho, demostrando su fracaso en la prueba más importante de su administración. Además, dañaría aún más la popularidad de Lula en el norte del país”, escribe Ricardo Corrêa en el diario O Estado de São Paulo.
“Belém fue elegida sin tener en cuenta los retos estructurales de la ciudad. La escasez de habitaciones de hotel para alojar a los visitantes es solo la punta del iceberg”, explica a Infobae la economista brasileña Martha Seillier, experta en políticas públicas. “La ciudad se enfrenta a graves problemas, como la mala calidad del transporte público, la movilidad urbana limitada, la escasez de servicios básicos como el agua y la energía, y la falta de seguridad pública. La ciudad también se encuentra entre las peores de Brasil en términos de servicios básicos de saneamiento, con una cobertura de alcantarillado deficiente”, subraya Seillier.
En los últimos días ha sido objeto de debate la noticia de que en la comunidad de palafitos de Vila da Barca, una de las más extensas de América Latina y sin sistema de alcantarillado, se está construyendo una estación para bombear las aguas residuales procedentes de los barrios más caros de Belém hacia la planta de tratamiento del río Una. Los residentes han denunciado que no se les ha consultado, temen los nauseabundos olores y los riesgos medioambientales, y sostienen que la obra no reportará beneficios directos a la comunidad. El gobierno de Pará afirma que la estructura es necesaria, que no producirá ni verterá residuos en el lugar, que no supone riesgos sanitarios ni medioambientales, y que se ha puesto en marcha un proyecto independiente para llevar agua potable y alcantarillado a la comunidad antes de 2026. El caso, seguido por el Ministerio Público Federal, pone de relieve la enésima contradicción entre las grandes obras relacionadas con la COP30 y la persistente falta de servicios básicos en las afueras de Belém.
El riesgo es también que el evento se convierta en una nueva Copa del Mundo como la de 2014, que dejó numerosos elefantes blancos. Entre ellos, varios estadios que luego quedaron infrautilizados, como el Arena das Dunas de Natal y el Arena Pantanal de Cuiabá, que costaron millones de dólares a las arcas públicas. “Los responsables políticos parecen ignorar las necesidades básicas de la población brasileña, dando prioridad a las inversiones en proyectos no esenciales para la COP30 de Belém. Se destinan miles de millones de reales procedentes de los presupuestos del Gobierno Federal, del BNDES y de Itaipú a proyectos como la Villa COP30 y el Parque da Cidade, sede principal del evento”, afirma Seillier a Infobae. Para la economista, “aunque preparar Belém para grandes eventos puede ser una ambición del alcalde de la ciudad, el Gobierno Federal no debería darle prioridad frente a necesidades urgentes como el saneamiento, la salud y la educación, que afectan a millones de brasileños en diferentes ciudades”.
Además, sigue existiendo la alerta por corrupción. “La situación se ve agravada por las investigaciones sobre corrupción y malversación de fondos públicos asociados a algunos de estos proyectos, que ponen de manifiesto una mala gestión y una falta de transparencia”, añade Seillier. El ministro Flávio Dino, del Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil, ha autorizado en estas horas la apertura de una investigación sobre una presunta trama delictiva en el estado de Pará, relacionada con fraudes en una licitación de 142 millones de reales (26,14 millones de dólares) destinada a obras de infraestructura para la COP30. La investigación involucra al diputado federal Antônio Doido (MDB-PA), sospechoso de ser el líder del grupo, y a otras 11 personas, entre ellas el secretario de Obras Públicas de Pará, Ruy Cabral. El Gobierno de Pará, a través de un comunicado oficial, ha negado cualquier irregularidad, afirmando que no se han producido pagos relacionados con la licitación anulada y que el secretario Cabral no ha recibido ventajas indebidas ni ha mantenido contactos irregulares con los sospechosos. Ha reiterado su compromiso con la transparencia y ha declarado que colaborará plenamente.
Por último, entre las novedades que pueden dar que hablar figura también la invitación a participar en la COP30 que Brasil ha extendido a las principales empresas petroleras y de gas del mundo para debatir el papel del sector en la transición energética. En las COP anteriores, estas empresas han estado presentes a menudo, pero casi siempre en papeles secundarios o a través de asociaciones sectoriales, y en muchos casos bajo severas críticas por parte de ONG y delegaciones de países vulnerables, que las han acusado de “greenwashing”, es decir, de ocultar tras un discurso ecológico el impacto medioambiental real de sus actividades.
