La reforma de la Ley de Coparticipación Federal sigue siendo una de las grandes deudas institucionales de la Argentina. Aunque la norma vigente data de 1988 y nunca se consensuó un nuevo esquema, a lo largo de los últimos años se aplicaron mecanismos que modificaron de hecho la distribución de los recursos tributarios nacionales.
Un punto clave fue la eliminación de la detracción del 15% destinada a la ANSES, que junto al Consenso Fiscal de 2017 permitió que la participación primaria de provincias y CABA pasara del 40,5% en 2015 al 48,6% en 2024. Esto implicó que todas las jurisdicciones recibieran más fondos en términos absolutos. Sin embargo, al analizar la distribución secundaria —es decir, la proporción de cada provincia dentro de esa masa— se observa un fuerte corrimiento de recursos hacia Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.
Entre 2015 y 2024, Buenos Aires incrementó su participación efectiva un 19%, al pasar del 18,7% al 22,2%, mientras que CABA subió un 14,5%, de 1,9% a 2,2%. El resto de las 22 jurisdicciones debió resignar espacio en un esquema de suma cero.
En este reparto desigual, Misiones aparece entre las más perjudicadas. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la provincia registró una caída de entre 6% y 7% en su coeficiente secundario efectivo en ese períodoIARAF COPA. Esto significa que, aunque la masa global de coparticipación creció, la porción que le toca a Misiones se achicó en términos relativos frente al total nacional
La pérdida no es menor. Cada punto porcentual de participación implica miles de millones de pesos que dejan de ingresar al presupuesto provincial. En el caso misionero, esa merma estructural se traduce en menos capacidad para financiar políticas de educación, salud e infraestructura, en una provincia que integra el grupo de bajos ingresos y alta densidad poblacional.
La situación se agrava si se consideran las transferencias discrecionales. Entre 2021 y 2024, CABA recibió montos crecientes por fuera de la coparticipación, alcanzando casi medio billón de pesos en 2024 para financiar su policía. Misiones, en cambio, no accedió a esos recursos adicionales, lo que profundizó la brecha.
La comparación entre 2023 y 2024 refuerza esta tendencia. Mientras Buenos Aires perdió 1,4 puntos de participación por la caída de las compensaciones del Consenso Fiscal y CABA se vio favorecida con un salto del 30% gracias al fallo de la Corte Suprema, Misiones apenas mejoró de manera marginal. Pero el saldo acumulado de la última década muestra con claridad que la provincia fue una de las grandes perdedoras del sistema.
En conclusión, el debate sobre una nueva Ley de Coparticipación es urgente. Misiones tiene argumentos sólidos para reclamar una reparación: con una de las poblaciones más jóvenes del país y alta demanda de inversión pública, vio reducida su participación en el reparto de fondos nacionales. Mientras Buenos Aires y CABA consolidan ventajas a través de reformas legales y transferencias discrecionales, provincias como Misiones cargan con la doble condición de elevada necesidad social y pérdida en la distribución secundaria.
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