Como Santa Fe y la Nación, Córdoba tendrá una cárcel especial de máxima seguridad para alojar a presos de “alto perfil de riesgo”, sea por su peligrosidad intramuros o porque, incluso en situación de encierro, logran mantener el control operativo de sus negocios ilegales extramuros o son capaces de organizar y hacer ejecutar delitos graves.
Además, el gobernador provincial, Martín Llaryora, le reclamó a la Nación la construcción de una cárcel federal para alojar allí a los presos por delitos federales que actualmente ocupan plazas en los establecimientos penales cordobeses.
Con una inversión cercana a los $109.000 millones, construirá dos nuevos establecimientos: el Centro de Máxima Seguridad (Cemax), que contará con 448 celdas para alojar a 1000 internos de suma peligrosidad y contará con cámaras con IA, escáneres para el control de ingresos y visitas, inhibidores de señal de telefonía celular y hasta un sistema de radar para el control perimetral, para evitar intentos de fuga o de rescate desde el exterior.
Esos presos de “alto perfil” serán custodiados por un grupo táctico especial. Los internos deberán vestir uniformes especiales y tendrán prohibido el ingreso de provisiones por fuera de las que les dé el Servicio Penitenciario. Además, tendrán un estricto régimen de visitas, cada 15 días.
El Cemax será construido en el Complejo Carcelario N° 1 “Reverendo Padre Luchesse”, de la localidad de Bouwer, donde también se erigirá una nueva Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), con capacidad para 500 internos.
La estructura, que se encuentra en ejecución y presenta un 80% de avance de obra, ocupa 27.000 m² en un predio de 118.200 m². Tanto el Cemax como la UCA contarán con ingresos, egresos, perímetros y controles independientes de los existentes en el resto de los módulos de Bouwer.
En la presentación del “establecimiento modelo”, el gobernador Martín Llaryora sostuvo: “Nada se puede hacer para que viva en paz una comunidad sin garantizar seguridad. Por eso nuestro compromiso tiene que ser que el miedo lo tengan los delincuentes y no la gente. Y que los que estén tras las rejas sean los delincuentes y no nuestros vecinos”, sostuvo el gobernador.
“La situación nacional de aumento de la pobreza y deterioro de la clase media nos lleva a reforzar la seguridad para garantizar la libertad y la vida de todos los vecinos que actúan honradamente y que quieren trabajar y progresar en una comunidad organizada”, explicó el mandatario.
Según informó el gobierno provincial, la construcción del décimo establecimiento carcelario de la provincia se enmarca en “una serie de medidas en materia de seguridad” entre las cuales se destacan la incorporación de nuevas tecnologías y armas de menor letalidad (Byrna), la creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, la aplicación del programa Cordobeses en Alerta y la puesta en marcha de nuevas fiscalías antinarcotráfico y sedes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, afirmó que esta iniciativa es muy importante porque significa que “la provincia está aportando a la política pública de seguridad, frente a un contexto socioeconómico difícil, con un tejido social muy dañado como tiene nuestro país”.
“Siempre decimos que vivimos en una sociedad que está en permanente transformación y también ha cambiado mucho en los últimos 20 o 30 años la población carcelaria, para lo cual se hace cada vez más necesario, más exigente contar con espacios acordes a las necesidades, garantizando la seguridad de quienes allí trabajan y del resto de la población carcelaria” agregó el ministro.
Reclamos a la Nación
Llaryora también reclamó al Gobierno la construcción de cárceles federales en la provincia que permitan alojar allí a los presos con condenas por delitos federales, reclusos que actualmente ocupan lugares en las cárceles provinciales. Hoy Córdoba no cuenta con establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en su territorio.
“De la misma manera que el gobierno nacional ha hecho inversiones en su momento y ha construido cárceles federales en otras provincias, nosotros vamos a acompañar una ley para solicitar al gobierno nacional la pronta construcción de una cárcel federal en Córdoba. No tiene porque el Servicio Penitenciario provincial custodiar los presos federales” adelantó el mandatario.
Al mismo tiempo, el gobernador indicó que se presentó un proyecto de ley en la Legislatura y una presentación judicial para que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) arbitre los medios necesarios para hacer efectiva la relocalización de antenas de comunicación de telefonía móvil existentes en las adyacencias del predio de Bouwer.
Se trata de una medida fundamental para se proceda al bloqueo de señales en sectores del complejo donde se encuentra prohibido. Eso será complementado con la acción de inhibidores de señal operados por el Servicio Penitenciario provincial.
“Les pido que tengan sentido común y se pongan del lado de la gente. Los inhibidores no pueden ser apagados ni restringidos. Es mejor apagar una antena de telecomunicaciones común, que un inhibidor”, dijo Llaryora.
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