Córdoba cumple 51 días de protestas, insultos y una solución que no llega

Córdoba capital vive un conflicto sindical que se prolonga sin horizonte claro de resolución. Este miércoles se cumplen 51 días desde el inicio del plan de lucha del Suoem (Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales), en reclamo por recomposición salarial y en contra del Ente de Control, entre otras cuestiones.

Y, como viene pasando, el gremio volverá a las calles para protestar y generar el caos que tanto le sirve en busca de presionar por sus reclamos.

En ese tiempo, no sólo no hubo avances, sino que la tensión escaló en la calle y en los despachos.

Las partes parecen estar cada vez más lejos. El sindicato considera “inadmisible” la última oferta del Ejecutivo municipal, y el intendente Daniel Passerini no planea una nueva convocatoria hasta después del pago del medio aguinaldo. En el medio, se suceden asambleas, cortes, acusaciones cruzadas, denuncias judiciales y una creciente incomodidad ciudadana.

El conflicto ya no es sólo por números, porque se volvió político, emocional y estratégico. Nadie quiere ceder. Y mientras tanto, la ciudad funciona a media máquina.

Todo comenzó con el cierre de la negociación salarial para el primer semestre del año. El Ejecutivo municipal ofreció una suba del 9 % en tres tramos, muy por debajo de la inflación acumulada. El Suoem rechazó de plano el acuerdo, aludiendo una pérdida de poder adquisitivo del 14 % al 20 %.

Además del porcentaje, el gremio exige que los aumentos sean remunerativos, que se incorporen contratados y becarios a planta, y que se respete el escalafón. “No pedimos aumentos, pedimos recomposición de lo perdido”, repiten.

El municipio, en cambio, argumenta restricciones fiscales, como la caída de recaudación, el aumento del gasto social y necesidad de contener el déficit.

Sin embargo, el gremio denuncia un crecimiento del gasto político, aumento de cargos jerárquicos y contratos con consultoras externas.

Desde hace casi dos meses, el Suoem mantiene una estrategia clara: visibilización y presión constante. Implementó asambleas diarias en dependencias clave, quites de colaboración, cortes de calles y movilizaciones masivas en el microcentro.

Incluso amenazó con “provincializar” el conflicto, con adhesión de gremios municipales del interior.

La conducción del gremio, encabezada por el histórico Rubén Daniele, endureció el discurso. Calificó al intendente de “mentiroso” y “sumiso del poder provincial”, y aseguró que la Municipalidad no muestra ninguna voluntad de diálogo real.

“Nos provocan, no nos convocan. No es un conflicto salarial, es un conflicto político. Quieren disciplinar al sindicato”, disparó Daniele en una de las asambleas frente al Palacio 6 de Julio.

El intendente Passerini, en medio de una crisis de gestión (en la que presentaron la renuncia todos sus funcionarios) optó por una postura inflexible. Sostuvo que su prioridad es cuidar las cuentas públicas y que el conflicto no puede resolverse “con fondos que no existen”.

Además, ordenó el descuento de haberes por las horas no trabajadas durante las medidas de fuerza y criticó la “violencia sindical” en algunos episodios.

Uno de los más graves ocurrió durante una marcha al Tribunal de Faltas, donde encapuchados ingresaron con bombos y bengalas, causando un principio de incendio, crisis de nervios entre empleados y el cese total de la actividad.

La Municipalidad denunció penalmente los hechos y apuntó directamente al Suoem. “No podemos naturalizar la prepotencia. Esto excede el derecho a protestar”, declaró el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández.

La Secretaría de Trabajo provincial actuó como mediadora en varias audiencias entre las partes, sin éxito. En las últimas semanas creció la presión para que el Gobierno de Martín Llaryora dicte la conciliación obligatoria, que congelaría el conflicto por 15 días.

Desde el gremio anticipan que una medida de ese tipo sería “una trampa”, porque se usaría sólo para desactivar las protestas, sin resolver el conflicto de fondo.

En los hechos, la Provincia se mantiene expectante. Hasta ahora, no asumió un rol decisivo para destrabar la crisis, aunque sí mostró preocupación por el impacto social de las protestas y los incidentes registrados.

Mientras tanto, los vecinos de Córdoba padecen los efectos del conflicto. Las asambleas reducen la atención en áreas como salud, ambiente, educación y registro civil. Los cortes generan caos de tránsito. Y los comerciantes del centro denuncian una caída en las ventas por el clima de conflictividad.

En el Ejecutivo local creen que ese malestar social juega a su favor: que el desgaste recae sobre el gremio. En el Sueom, en cambio, consideran que la firmeza es la única forma de obtener resultados.

Conciliación obligatoria: es el escenario más probable. Si la dicta la Provincia, las protestas quedarían suspendidas por al menos 15 días. Pero podría generar más tensión si el gremio la considera ilegítima.

Escalada gremial: si no hay respuesta, el gremio profundizaría el plan de lucha. Ya anunciaron la intención de sumar a sindicatos del interior, lo que provincializaría el conflicto y aumentaría la presión política sobre Llaryora.

Nueva oferta salarial: es la opción menos cercana, pero la más efectiva. El municipio podría hacer una propuesta superadora tras el aguinaldo. El problema es que no hay, por ahora, ninguna señal de que eso ocurra.

El conflicto entre la Municipalidad y el Sueom dejó hace rato de ser una paritaria más. Se transformó en una disputa política entre dos actores con historia, poder e intereses en juego.

El gremio ve en Passerini a un intendente que quiere avanzar sobre derechos conquistados. El intendente ve en el Suoem un obstáculo para su proyecto de gestión, heredado de Llaryora pero con ambiciones propias.

Ambos saben que lo que está en juego no es sólo el salario de junio o el aguinaldo, sino quién marca el rumbo en una ciudad donde los conflictos municipales siempre fueron termómetro de poder.