Dependencias paralizadas y calles tomadas, son algunas de las señales que se viven en la ciudad de Córdoba. Reclamos directos por mejoras salariales y laborales al intendente Daniel Passerini, al gobernador Martín Llaryora y al Tribunal Superior de Justicia a cargo de Luis Angulo, el eje de la discusión que quieren dar los gremios.
Tanto Sindicato de Empleados Municipales de Córdoba (Suoem), el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), aúnan fuerzas para, el jueves, congregarse en una movilización hacia el APROSS, la obra social del Estado provincial.
De la capilla al bisturí: el Suoem presiona a Daniel Passerini
Desde el 29 de abril, el Suoem continúa intensificando las medidas de fuerza con asambleas de dos horas por turno en las dependencias municipales, incluidos sábados, domingos y feriados; y marchas en las calles de la ciudad.
El gremio, liderado por Rubén Daniele, puja por una mejora salarial y rechaza el congelamiento hasta agosto; repudia el incumplimiento de la regularización de trabajadores precarizados (unos 120 becarios que habían ingresado en el año 2020, en la gestión de Llaryora); y rechaza la “extorsión” de traslados a un ente autárquico que consideran “ilegal”.
La reestructuración en el gabinete municipal no son casuales, sino causales: a la motosierra aplicada a provincias y gobiernos locales por parte de Javier Milei se le suma al sostenimiento de un staff alejado, en número, de la eficiencia y achique del Estado.
La “capilla” de todos los funcionarios con renuncia firmada en el despacho del intendente fue el puntapié de una estrategia que busca apuntalar y fortalecer la imagen cordobesista local. Luego, siguieron los movimientos y el bisturí recortando dependencias y reacomodando funciones.
Sin embargo, lejos de ser un aliciente, las tensiones gremiales, en escalada, están lejos de calmarse. El gasto público es uno de los blancos de críticas por parte del Suoem.
Daniele, durante una asamblea general en la que le pidió al intendente que “revea los gastos”, dijo: “Vienen contra nuestro salario. Advertíamos al principio en que gastaban guita en alquilar inmuebles. Los alquileres y las expensas son un paquete de guita, mientras acá en el Palacio 6 de Julio hay lugares vacíos. Se gasta guita al pedo. El problema que tiene Passerini es porque vendió biri biri con la austeridad. No pensará que la joda de la política la vamos a pagar con los salarios”.
Martín Llaryora prima el equilibrio fiscal ante la puja del SEP
El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) realiza asambleas de dos horas por turno, quite de colaboración y actos de protesta en diversas dependencias a lo largo y ancho de la provincia.
Exigen la incorporación de adicionales al salario básico, la aplicación de la nueva ley para los equipos de salud y el blanqueo de sumas que eleve el piso salarial de los trabajadores estatales.
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Protesta de trabajadores del SEP en Córdoba en reclamo por un mayor aumento salarial a Martín Llaryora
Desde el Centro Cívico esperan llegar a un acuerdo de convivencia, pero sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. Aseguran que Milei no homologa paritarias por encima de 1,8% y, en este caso, la Provincia ofrece “bastante más”, un aumento similar al cerrado con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC): “inflación adelantado y acuerdo por un año”.
Desde el SEP consideran insuficiente ese 18% de aumento que la UEPC acordó hasta agosto, y se oponen a firmar un acuerdo por todo el año, como hicieron los docentes.
Judiciales reclaman la equiparación al TSJ
Con paro de 36 horas, movilizaciones y protestas los empleados, los miembros de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) exigen una histórica equiparación con los salarios que perciben sus pares en la Justicia Federal. Otro sector pidió un aumento del 40% al 50% para recuperar lo perdido en un año.
Explicaron que los salarios básicos, en este sector, no alcanzan los $700.000, lejos de la equivalencia que dispone una cláusula de la Corte Suprema para las actualizaciones salariales. Además, piden el fin del diferimiento previsional.
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Protesta de empleados judiciales en Córdoba
Foto: AGEPJ
Según un comunicado que emitió el TSJ, el Gobierno provincial debió incrementar en casi $600 millones la partida prevista para este año para el Poder Judicial, por el efecto de la modificación del escalafón.
El máximo tribunal considera que el cambio del escalafón es lo último que se puede hacer en materia salarial.
Por su parte, el secretario general del gremio, Federico Corteletti, señaló que el “Tribunal Superior de Justicia que sistemáticamente niega la apertura al diálogo formal y amenaza con acordadas dispuestas unilateralmente la limitación del legítimo derecho a huelga y de la libertad sindical reconocidos por nuestra constitución y pactos internacionales”.
En el marco de este conflicto, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, con la firma de ediles de la UCR, Frente Cívico y PTS-FIT manifestaron su apoyo a los trabajadores, avalando su reclamo.
Además, solicitaron a las autoridades del Poder Judicial de Córdoba y del Gobierno provincial la conformación de una mesa de diálogo “efectuando una convocatoria abierta, respetuosa y contemplativa de los justos reclamos de trabajadoras y trabajadores”.
