En medio del intento del presidente Javier Milei por restringir las movilizaciones sociales a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU), un concejal de Hacemos por Córdoba presentó en el Concejo Deliberante una iniciativa que va en sentido contrario. Marcos Vázquez propuso una ordenanza para institucionalizar el Cordobazo y visibilizar su valor como gesta histórica de lucha popular y resistencia democrática.
A partir de este año, la idea es que todos los 29 de mayo se sume a las efemérides locales el «Día del Cordobazo». La iniciativa se interpreta como una señal política para despegar a la Municipalidad de Córdoba de la avanzada nacional contra las protestas callejeras, y al mismo tiempo recuperar un símbolo que forma parte del ADN político y social de la ciudad: el Cordobazo de 1969, cuando obreros, estudiantes y vecinos se enfrentaron a la dictadura de Onganía.
Qué propone la ordenanza
El proyecto presentado por Marcos Vázquez busca formalizar el reconocimiento del Cordobazo como una fecha clave en la memoria colectiva de la ciudad. Propone que el 29 de mayo de cada año sea declarado oficialmente como el “Día del Cordobazo y las luchas populares” en el ámbito de la Ciudad de Córdoba. Esta fecha, ya conmemorada por diversas organizaciones sociales y sindicales, pasaría a tener un lugar en el calendario oficial municipal.
Además, la ordenanza encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal la responsabilidad de desarrollar actividades específicas en torno a esta fecha. Entre ellas, se destacan campañas culturales, educativas y turísticas que promuevan la reflexión sobre la historia del Cordobazo y su vigencia como símbolo de resistencia frente a la injusticia social y política.
El objetivo de fondo es fortalecer una memoria activa en la ciudadanía cordobesa, poniendo en valor la organización colectiva y la lucha por los derechos en un momento histórico donde se busca limitar esas expresiones desde el Poder Ejecutivo Nacional.
Un contexto nacional de tensión
La presentación de la ordenanza se da mientras el Gobierno nacional impulsa medidas que limitan el derecho a huelga y movilización. El reciente DNU 340/2024, disfrazado bajo la excusa de reorganizar el régimen de la Marina Mercante, incluyó una polémica modificación sobre convenios colectivos y servicios esenciales. Exige que, en sectores críticos, se garantice entre el 50 y 75% de funcionamiento durante las huelgas.
La CGT presentó una acción de amparo señalando que este nuevo decreto busca debilitar a los sindicatos y cercenar el derecho constitucional a la protesta. Lo comparan con el DNU 70/2023, ya declarado inconstitucional por el Poder Judicial.
Córdoba toma distancia
Con esta ordenanza, el oficialismo cordobés local marca un límite simbólico y político. Reivindica la protesta como una herramienta legítima de la ciudadanía y, al mismo tiempo, recuerda que fue una movilización callejera la que torció el rumbo de una dictadura militar hace más de medio siglo.
El «passerinismo» quiere demostrar que el Cordobazo no es solo una efeméride: es un mensaje para el presente, donde la defensa de los derechos no se negocia, ni siquiera ante un decreto presidencial.
