Desde enero de este año, los empleados municipales de la vieja secretaría de Control y Fiscalización y otras áreas (Entes Privados y los CPC) desarrollan sus actividades dentro de la órbita del nuevo Ente municipal (de Fiscalización y Control), aprobado por ordenanza por amplia mayoría en el Concejo.
Pero esta semana, todo cambió.
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Desde el Sindicato de Empleados Municipales (SUOEM) se anunció que desde este viernes comenzarán con medidas de fuerza que comprenden a todas las áreas de fiscalización y control hasta el próximo martes, incluido el fin de semana. Serán «asambleas» de dos horas por turno.
El motivo es desconocer a los nuevos directivos y su lugar de trabajo. Según expresaron los empleados: «Recibimos una amenaza extorsiva de las autoridades: si no aceptamos el traspaso al Ente de fiscalización y control (algo que es ilegal), nos advirtieron que vamos a sufrir gravísimas consecuencias».
El SUOEM comprende que sus «jefes» deben ser las autoridades municipales, es decir, secretarios, directores o el mismo intendente, pero nunca el presidente de un Ente que tiene una «persona jurídica» distinta.
Qué dice la ordenanza del nuevo Ente de Fiscalización y Control
Desde la gestión de Martín Llaryora se viene estudiando una alternativa para transparentar el trabajo de un área sensible en la municipalidad. Durante estos últimos años varias causas judiciales avanzaron con la detención de inspectores municipales acusados de extorsión y defraudación, además de persona de bomberos.
Desde diciembre del año pasado, el flamante Ente Municipal de Fiscalización y Control (EMFyC) cuenta con oficinas propias para avanzar en los procesos de autorización, habilitación, fiscalización y control del funcionamiento de actividades económicas, con o sin fines de lucro, en el ámbito de la ciudad de Córdoba.
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«Se trata de tareas prioritarias para la Municipalidad de Córdoba y que ya se desarrollan de manera coordinada con diversas áreas, que transparentan y profesionalizan los procedimientos a cargo del organismo», describieron en su momento.
Lo más importante, es que durante su conformación se expresó la necesidad de no ampliar la estructura municipal de empleados o funcionarios. Por lo tanto, en la ordenanza 13.443, en el artículo 12 se asentó que «el personal que se transfiera a prestar servicio en el ámbito funcional del ‘Ente Municipal de Fiscalización y Control’ (EMFyC) mantendrá inalterable el régimen legal del Personal Municipal, conforme a las disposiciones estatutarias, escalafonarias, sus modificatorias y normas complementarias según corresponda».
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Las autoridades municipales entienden que el reclamo del gremio no está justificado «al ser las mismas personas las que ahora prestan servicios en el Ente, cuando antes lo hacían en la vieja secretaría de Fiscalización».
La propuesta que se llevará adelante es la «conformación de una mesa de trabajo para respetar la ordenanza. Respetar las transferencias a comisión», adelantaron fuentes del Palacio 6 de julio.
