El juez federal Sebastián Casanello procesó y embargo a siete empresas aseguradoras imputadas por supuesta corrupción en los contratos con organismos estatales durante la presidencia de Alberto Fernández, porque cobraron comisiones millonarias como intermediarias de pólizas con la también estatal firma Nación Seguros. El caso se inició tras una investigación de Clarín.
En sus últimos días como suplente en juzgado federal 11, donde tramita el caso, Casanello definió la situación procesal de ocho empresas y una persona, que ya habían sido indagadas como sospechosas de haber obtenido beneficios indebidos entre el 10 de diciembre de 2019 y al menos hasta marzo de 2024, a partir del aprovechamiento de situaciones de conflicto de interés, en el marco de una defraudación contra el erario público y a cambio de dádivas, según el caso.
Este tramo del expediente, en consecuencia, indagó en el rol de las siguientes empresas: Héctor Martínez Sosa y Cía. Sa, Bachellier S.A, Bri Brokers S.A, Levelar S.A, San Germán Seguros S.A, TG Broker S.A San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales.
Fuentes judiciales explicaron a Clarín que faltaba en el expediente citar a indagatoria a las personas jurídicas, es decir, a las compañías más beneficiadas con la maniobra defraudatoria.
Las empresas procesadas como partícipes necesarias del delito de negociaciones incompatibles con la función pública son Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, -con un embargo de 2.870.729.545,61 pesos-; Bachellier SA -embargo de 9.669.697.257,25 pesos-; Bri Broker -851.650.603,17 pesos-; TG Broker -2.190.607.187,86 pesos-; San Germán Seguros – embargo de 6.582.763.800,51 y además de las negociaciones incompatibles esta acusada de pagar coimas.
El listado incluye a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros -1.872.781.809,21 pesos de embargo y también acusada por coimas-; y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales -sólo acusada de pagar sobornos, con un embargo de 7.866.484.968,3 pesos-. En cambio, obtuvo la falta de mérito la firma Levelar SA.
El juez también dispuso el procesamiento del estrecho colaborador de Alberto Fernández y empleado en la Quinta de Olivos Hugo Daniel Rodríguez, a quien acusa de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en calidad de partícipe secundario, e incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autor. A Rodríguez lo embargó por 787.997.801,56 pesos.
Se imputó a las empresas haberse beneficiado por la actuación ilegal de sus dependientes y no haber adoptado las medidas de prevención adecuadas para mitigar los riesgos inherentes de la actividad desarrollada.
En particular, «toleraron la conducta desplegada por quienes ejercieron la máxima representación de la persona jurídica como cabeza del órgano de ejecución; no denunciaron los sucesos aquí investigados como consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna; ni implementaron un programa de integridad o sistema de control y supervisión destinado a la prevención de ilícitos con anterioridad al hecho del proceso; ni tampoco procedieron a la devolución del beneficio indebido obtenido«.
Después de procesar a Alberto Fernández, a su ex secretaria María Cantero, a su amigo y Broker, Héctor Martínez Sosa, el año pasado, ahora el juez Casanello dio un paso más en la investigación: procesó a las personas jurídicas que intervinieron en la maniobra defraudatoria.
Los hechos de corrupción investigados se concentraron en la contratación de seguros por parte de decenas de organismos públicos,pagando comisiones millonarias a intermediarios privados.
Las conductas de las personas físicas que derivaron en este procesamiento, “involucran a todas esas empresas en actos de corrupción“, determinó Casanello.
Respecto del grupo empresarial “Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.”, se consignó que las maniobras se produjeron en el marco de un fuerte conflicto de interés de su líder Héctor Martínez Sosa (amigo personal del entonces presidente Fernández y pareja de María Cantero, secretaria presidencial).
Otros brokers contratados como productores directos bajo la órbita de Héctor Martínez Sosa, como organizador, entre los que se encontraban Bachellier S.A., Bri Brokers S.A. y Levelar S.A., “cuyo beneficio pecuniario se materializó en la erogación de las comisiones pagadas por Nación Seguros S.A. cuya causa fue aquél vínculo”.
En relación con este grupo se estimó como indicadores del elevado nivel de riesgo aplicable a la actividad, “la existencia de negocios frecuentes con organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, y/o con empresas de propiedad estatal; la interacción constante con funcionarios públicos de distintas jerarquías, muchos con la competencia funcional de dictar los actos de designación y supervisión de las contrataciones que los beneficiaron”.
La resolución judicial señala que en el caso de la firma “Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A.”, se ponderó la existencia conocida de vínculos personales de su máxima autoridad con el titular del Poder Ejecutivo Nacional, “así como con otros funcionarios de alta jerarquía del Estado Nacional, riesgo trasladable de forma indirecta a las demás partes del conglomerado de personas jurídicas que se beneficiaron de los actos descriptos (“Bachellier S.A.”, “Bri Brokers S.A.” y “Levelar S.A.”).»
En tanto que del grupo empresarial integrado por San Germán Seguros S.A.,TG Bróker S.A. y San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., se concluyó que el beneficio ilícito también fue “consecuencia de la actuación de personas físicas que aprovechando conflictos de interés lograron que la Administración Nacional de la Seguridad Social y la firma Nación Seguros S.A. las contratara”.
Al respecto se determinó que el beneficio pecuniario se materializó en la erogación de las comisiones pagadas por Nación Seguros S.A. en concepto de intermediación y de la parte correspondiente del coaseguro en el caso de San Germán Seguros S.A.
“En relación con este grupo se estimó como indicadores del elevado nivel de riesgo aplicable al caso, la existencia de negocios frecuentes con organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, y/o con empresas de propiedad estatal; y la interacción constante –incluso a través de intermediarios– con funcionarios públicos de distintas jerarquías, muchos con la competencia funcional de dictar los actos de designación y supervisión de las contrataciones que los beneficiaron”, sostiene la resolución.
Criterio similar rigió para San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, las prácticas corruptas desarrolladas por sus dependientes derivaron en el otorgamiento por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social y de la firma Nación Seguros S.A. de beneficios pecuniarios indebidos”.
En relación con esta empresa, así como con respecto a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., se ponderó la “existencia de negocios frecuentes con organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, y/o con empresas de propiedad estatal; la interacción constante –incluso a través de intermediarios– con funcionarios públicos de distintas jerarquías”.
