Por Miguel Croceri (*)
“No se puede condenar a toda la justicia por una ‘manzana podrida’”, repiten y repetirán miles y miles de veces los voceros y voceras específicamente judiciales, pero sobre todo las cadenas mediáticas porteñas que influyen en la opinión pública de todo el país, y que al mismo tiempo reproducen su mensaje al infinito mediante las redes digitales cuyos algoritmos son manejados desde el exterior por las empresas más poderosos del planeta.
Lo hacen y lo seguirán haciendo para tratar de ocultar y negar la bancarrota moral, ideológica y política que atraviesa a las fracciones dominantes del Poder Judicial, tal como quedó a la vista del mundo (literalmente) por el comportamiento miserable de la jueza Julieta Makintach, quien integraba el tribunal que debía juzgar las responsabilidades penales de un grupo de acusados/as por la muerte de Diego Maradona.
Está de más explayarse aquí sobre los hechos que atrapan a las audiencias televisivas, radiales, de streaming, etcétera, y ocupan los primeros lugares de la conversación en redes. Basta mencionar que dicha jueza pretendió ser la figura estelar de una docu-ficción que se producía y grababa de forma clandestina durante las audiencias del juicio, con pretensiones de comercializar una “serie” a nivel mundial después de la sentencia.
El producto audiovisual se iba a llamar “Justicia divina”, y el capítulo con mayor protagonismo de Makintach llevaría por nombre “La jueza de D10S” (con el número “10” que evoca a Maradona, en lugar de las letras “I” y “O”).
(La agencia informativa Noticias Argentinas fue la primera en publicar el guión completo del documental. Por otra parte, y apenas como muestra del material que circula profusamente en Internet, en un posteo de Página 12 puede verse el tráiler de la serie).
Una vez revelado el escándalo, el pasado jueves (29/05) el tribunal debió aceptar la nulidad del juicio, por lo cual deberá realizarse uno nuevo “desde cero” pero con otros/as juzgadores/as. (Crónica del diario cooperativo Tiempo Argentino, nota del 29/05/25).
Una de las integrantes del órgano judicial, Verónica Di Tomasso, aprovechó la ocasión (como consta en la mencionada crónica) para lanzar una paráfrasis de la inolvidable expresión de Diego ”la pelota no se mancha”. Ella la adaptó para defender al sector que integra: dijo que a pesar de lo ocurrido con su colega Makintach, “la justicia no se mancha”. La lucidez y el empeño para armar frases marketineras que impacten en la opinión pública, quizás les falten para desempeñar con decencia la función y el enorme poder que detentan en los estrados judiciales.
El caso es tan canallesco por parte de la perpetradora y sus cómplices, como doloroso para la memoria del ídolo deportivo argentino fallecido en 2020. Y además provoca un daño gravísimo al intento -constituido como un valor social- de buscar una reparación jurídica frente a los eventuales delitos cometidos en la atención médica y asistencia personal a la víctima durante su enfermedad.
Jueces, encubrimiento, impunidad
La excusa tramposa -a través de la metáfora de que Makintach es solo “una manzana podrida dentro del cajón”, o mediante el golpe de efecto “la justicia no se mancha”- para justificar a una corporación profundamente corrompida, queda en ridículo apenas se toman en cuenta un par de novedades de los últimos días.
También el jueves pasado, quedó ratificada la impunidad de cuatro jueces federales que en 2022 viajaron clandestinamente a la estancia del ultra-millonario inglés Joe Lewis -situada frente a Lago Escondido- y durante tres días se alojaron en la mansión del magnate británico, amigo personal de Mauricio Macri. Los involucrados son Julian Ercoloni, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Iadarola.
Los jerarcas judiciales hicieron el viaje por invitación del Grupo Clarín. Cuando días después quedaron en evidencia, intentaron fraguar facturas y comprobantes “truchos” para hacer creer que habían pagado sus propios gastos, según se supo debido a conversaciones por Whatsapp que trascendieron públicamente.
Clarín es uno de los más gigantescos conglomerados capitalistas del país, que maneja cadenas de medios de comunicación, compañías de telefonía celular y fija, empresas de conexión a Internet, y otros múltiples negocios en las telecomunicaciones, la industria del entretenimiento y diferentes rubros.
El cuarteto de jueces había sido denunciado por recibir “dádivas” y por “cohecho agravado” (popularmente traducible como “coimas”). Pero uno de sus colegas, el juez Sebastián Ramos, anuló la investigación y dictó el sobreseimiento de los imputados.
En el misterioso encuentro cordillerano, tal como revelaron imágenes y audios filtrados en su momento, también estuvieron ex agentes de los servicios secretos de espionaje (del organismo que entonces se llamaba Agencia Federal de Inteligencia, AFI); un experto en redes digitales y manejo de la opinión pública (Tomás Reinke); y un funcionario del gobierno macrista de Horacio Rodríguez Larreta en la capital federal (el entonces ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro).
En el aeropuerto de Bariloche fueron recibidos por Jorge Rendo, un mandamás del Grupo Clarín. Luego se trasladaron a la propiedad de Lewis, a su vez denunciado por irregularidades en la apropiación de esas tierras. (“Cónclave político judicial secreto para garantizar la impunidad de Mauricio Macri”, se titulaba el primer informe de los periodistas Irina Hauser y Raúl Kollmann, con el cual el diario Página 12 reveló la maniobra hace más de dos años y medio. Nota del 17/10/2022).
Todo quedará en la nada. En el Consejo de la Magistratura, órgano constitucional que elige y luego controla la conducta de los jueces federales, acaban de dar por cerrado el tema. Forman parte de dicho Consejo representantes judiciales y del gobierno, también diputados/as y senadores/as, y asimismo un académico surgido de las carreras universitarias de Derecho. El viaje a Lago Escondido fue tratado en la comisión de Disciplina de ese órgano, donde tres jueces y un senador radical formaron mayoría para enterrar definitivamente la investigación. (Artículo de La Política Online, nota del 27/05/25).
Reuniones secretas y “supremos” que se tiran flores
En la semana previa el 25 de mayo, hubo otra reunión sospechosa y ocultada a la sociedad por parte de altos responsables del Poder Judicial. En esa ocasión, la mayoría de los/las integrantes de la Cámara de Casación -el más poderoso tribunal del país para juzgar delitos penales- se reunieron sin darlo a conocer públicamente con el ministro de Defensa, Luis Petri. (Información reproducida por el portal Resumen Latinoamericano, nota del 26/05/25).
Días antes Petri se había reunido con jueces y fiscales en Salta, esa vez en forma pública. El tema central fue el envío de militares a zonas fronterizas de la provincia norteña, en una decisión que la gestión de Javier Milei denominó publicitariamente “Operativo Roca”, y que pone en riesgo la integridad personal de los/las habitantes del lugar.
Para llevar a cabo el despliegue bélico, a golpes de decretazo presidencial -con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) Nº 1112/2024- se modificaron de facto las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, las cuales impiden que miembros de las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad interna.
Antes de Milei, era Macri el que derogaba leyes de la Nación mediante decretos. (Comentario publicado en Vaconfirma hace más de ocho años, nota del 30/01/2017). En épocas anteriores, esos actos de violencia jurídica solo eran perpetrados por las dictaduras. Ahora el gobierno de extrema derecha nuevamente arrasa el sistema jurídico de la Nación, mientras el Poder Judicial mira para otro lado.
Organizaciones de derechos humanos de Salta han solicitado una medida cautelar que prohíba aplicar el citado “DNU”, así como “cualquier otro instrumento legal que permita o habilite la detención de civiles por parte de las fuerzas armadas”. (Crónica del portal salteño Noticias Iruya, nota del 27/05/25).
En el “racconto” de lo ocurrido recientemente en los ambientes de la judicatura, se destaca asimismo la pelea a cielo abierto dentro de la Corte Suprema por el llamado “Centro de Información Judicial”. Se trata de un sitio web oficial, creado cuando Ricardo Lorenzetti presidía el tribunal, y que acaba de ser disuelto por decisión de sus colegas Horacio Rosatti (hoy presidente del órgano) y Carlos Rosenkrantz (actual vicepresidente). (Información de Página 12, nota del 30/05/25). https://www.pagina12.com.ar/829808-batalla-en-el-corte-disolvieron-el-centro-de-informacion-jud
Los más poderosos jueces del país están acostumbrados a “tirarse flores” recíprocamente. Ocurrió por ejemplo hace un año, mientras tironeaban entre ellos para designar al titular de una secretaría muy influyente, y una de las críticas que se reprochaban era el “nepotismo”. (El término alude a la “utilización de un cargo para designar familiares o amigos en determinados empleos o concederles otro tipo de favores, al margen del principio de mérito o capacidad”. Ver diccionario de la Real Academia Española, RAE).
Lorenzetti, quien proviene de la ciudad santafecina de Rafaela, afirmó que sentía “tristeza por el estado de situación de esta Corte”. Agregó que la designación en la poderosa secretaría obedecía a “oscuros intereses”, los cuales avanzan cuando “la ambición desplaza a la excelencia”.
Le respondieron Rosatti, Rosenkrantz y también Juan Carlos Maqueda (quien en diciembre se fue del tribunal porque llegó a los 75 años, edad de retiro según la Constitución, excepto que el Senado volviera a confirmarlo en el puesto). Los tres “supremos” dijeron en un comunicado que “el mayor acto de nepotismo realizado en el ámbito del tribunal fue perpetrado por el propio Lorenzetti mientras era presidente, cuando firmó la resolución que efectivizó a su esposa como prosecretaria del juzgado federal de Rafaela”. (Más detalles en La Política Online, nota del 18/05/2024).
Democratización judicial en México
En Argentina la corrupción judicial y el nepotismo no tienen límites. (Sin ir más lejos, la jueza del escándalo en el juicio por la muerte de Maradona es hija de Juan Makintach, un ex juez -ya fallecido- que fue muy poderoso en los tribunales de San Isidro. Diario La Nación, nota del 28/05/25). El autor de esta columna de opinión desconoce si en algún país del mundo tales límites existen.
Pero a raíz de acontecimientos de la más estricta actualidad internacional, se puede afirmar con certeza que al menos en México ha comenzado un ambicioso proceso político-institucional para transformar a la judicatura (mal llamada “justicia” o, peor aún, “Justicia” con letra inicial mayúscula).
Precisamente este domingo (1 de junio), la ciudadanía mexicana fue convocada para participar de una instancia democrática casi sin antecedentes en el mundo: la elección popular de jueces. (En países como Bolivia y Suiza, o en algunos estados norteamericanos, rige un procedimiento similar pero restringido solo a algunos cargos).
En esta ocasión, se votó para designar a más de 880 jueces y juezas, desde la Corte Suprema hasta tribunales de todo el país. En 2027 habrá una nueva elección para completar más de 2.000 puestos. Los cargos dejan de ser vitalicios: un/una integrante de la Corte Suprema durará en sus funciones un máximo de 12 años, y el resto de los/las magistrados/as tendrá periodos aún más acotados.
El Congreso mexicano, que según el orden jurídico de ese país tiene atribuciones para modificar la Constitución -en Argentina es muy diferente-, el año pasado aprobó una reforma a fin de encarar una democratización de la judicatura. Los cambios fueron impulsados por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de su partido “Morena” (Movimiento de Regeneración Nacional). (En un sitio web creado para difundir el proceso, puede encontrarse amplia información sobre el tema. Ver página Construyento Justicia).
Por aquella época Cristina Kirchner viajó a México para desarrollar actividades políticas, y desde allá mismo apoyó enfáticamente la transformación en marcha. “Saludo y celebro esta reforma judicial que está emprendiendo Morena”, dijo la líder política argentina. Afirmó que es crucial “reformar la justicia, que está totalmente cooptada por factores de poder económico y absolutamente presionada por los medios hegemónicos de comunicación”, y definió a la elección popular de jueces como “francamente revolucionaria”. (Información del diario Jornada, nota del 03/08/2024).
Claudia Sheinbaum, la actual presidenta mexicana que asumió hace ocho meses, dijo en su momento que “la reforma del Poder Judicial es el resultado de la lucha del pueblo de México contra la corrupción que se vive dentro de las instituciones de impartición de justicia. (…) El nepotismo es corrupción del Poder Judicial”, y con la reforma el pueblo defiende “la justicia, la honestidad y la honradez”. (Página oficial del gobierno de México. Nota del 05/11/2024).
Cada Nación y cada sociedad tienen sus defectos y sus virtudes, como el ser humano mismo, pero hay momentos en que unas u otras características sobresalen.
Desde este fin de semana aquel país es noticia en la política internacional con motivo de un hecho inédito de democratización en un poder del Estado. El nuestro, en cambio, aparece ante la opinión pública del mundo debido a la podredumbre exhibida en un estrado judicial, y ofensiva para la memoria del genio futbolístico que -como cantó Rodrigo hace 25 años- llenó de gloria este suelo.
(*) Publicado en www.vaconfirma.com.ar
