La Cámara Federal de Casación Penal decide una cuestión procesal que definirá la situación judicial del juez federal de Santa Fe Marcelo Bailaque e, indirectamente, de su colega Gastón Salmain, investigados en un supuesto entramado de corrupción donde se mezclan narcos, ex funcionarios de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y financistas.
El máximo tribunal penal –después de la Corte- tiene que resolver en marzo si el caso es investigado bajo el sistema penal acusatorio, que se implementó en mayo del año pasado en Rosario, como se resolvió hasta ahora, o si debe llevarse adelante bajo el sistema escrito que aún funciona en una parte del país, pero no en Santa Fe.
La defensa de Bailaque reclama que se haga bajo el viejo código que es más lento y le permitiría al magistrado ganar tiempo mientras el Consejo de la Magistratura avanza en una denuncia por supuesto mal desempeño en su contra. En cambio, el sistema acusatorio “pone plazos y acelera los tiempos”, según las fuentes judiciales consultadas por Clarín.
En tribunales de Comodoro Py y de Rosario se preguntaban si el fallo de Casación también apartaría al juez Eduardo Rodríguez Da Cruz quien tiene la causa contra su colega Bailaque.
El recurso casatorio está en la sala de Casación integrada por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barrotaveña y Daniel Petrone y el fiscal en esa instancia es Raúl Pleé , sosteniendo la posición contraria del ministerio público fiscal al reclamo de la defensa de Bailaque.
Bailaque está al frente del juzgado federal 4 de Rosario. Pero desde noviembre del año pasado quedó formalmente acusado por un grupo de fiscales federales de delitos como corrupción, vínculos con contadores del narcotráfico y beneficios a favor de un financista.
No se trata de un caso más. El caso no solo estrena el desafío del sistema acusatorio en una causa compleja sino que, precisamente, el que está en el banquillo de los acusados es un juez que ya tiene en el Consejo de la Magistratura cuatro denuncias en su contra.
Por lo pronto, el primer juez que tuvo en manos la causa también está salpicado por el escándalo. Se trata de Gastón Salmain, que se convirtió en 2023 titular del juzgado federal 1 de Rosario y se había declarado competente para investigar a Bailaque y al ex jefe de la AFIP Carlos Vaudagna involucrado en la causa. Pero resulta que en la segunda pericia al teléfono de Vaudagna aparecieran diálogos entre el extitular de la AFIP y el propio Salmain.
El juez Marcelo Bailaque (segundo) con el contador Gabriel Mizzau imputado por supuestos vínculos con el narcotráfico.En sendos escritos presentados en distintas causas, ambos jueces negaron haber cometidos irregularidad alguna.
Actualmente la instrucción de la causa está en manos del juez Eduardo Rodríguez Da Cruz, que ya evaluó los requerimientos de los fiscales y de las defensas para avanzar con otros peritajes sobre más teléfonos y computadoras desde 2019 y 2024. Ese análisis pondrá bajo la lupa archivos comunes de los imputados, pero también los mensajes temporales y los borrados pero espera que Casación defina si será con el nuevo sistema acusatorio o el viejo.
Bailaque nació en Rosario y se recibió de abogado en la Universidad Nacional de esa ciudad. Comenzó su carrera judicial en el sur. Fue defensor oficial y luego magistrado en 1997 Caleta Olivia, donde habría trabado amistad con el “cerebro” judicial de Cristina Kirchner, Carlos Zannini. Desde ahí, en 2008, se convirtió en juez federal de Rosario. Siempre fue de bajo perfil.
A Bailaque le tocó investigar al clan narco que dirigía Esteban Alvarado, que fue condenado a prisión perpetua en 2022 en la Justicia de Santa Fe por el asesinato del prestamista Lucio Maldonado y por montar una asociación ilícita con un entramado de empresas legales financiadas con plata narco. En ese juicio uno de los testigos más fuertes sobre «el sistema de protección» judicial que tuvo Alvarado fue Emilio Lencina, un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA?.
La diputada nacional de la UCR por Santa Cruz y miembro del Consejo de la Magistratura Roxana Reyes solicitó escuchar a Lencina en el sumario que se le abrió a Bailaque para decidir si se le hace un juicio político y se lo destituye.
Antes, Lencina había relatado ante los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, durante el juicio contra Alvarado en el fuero provincial de Santa Fe, que le llamaba la atención cómo Bailaque había desestimado informes que había elaborado esa fuerza contra el jefe narco Alvarado. Fueron 14 informes que luego se enviaron a la Justicia Federal de Rosario a partir de 2012. Gran parte de esos documentos sirvieron para condenar a Alvarado una década después en el fuero provincial.
Pero no es lo único que apunta contra Bailaque. En junio del año pasado, se descubrió que el juez y el jefe narco Alvarado compartían el asesoramiento del contador Gabriel Mizzau. Es más: el hijo del contador de Alvarado trabajaba en el juzgado federal de Bailaque. Mizzau rubricaba los balances de las empresas que usaba de manera legal Alvarado para lavar dinero.
Mientras tanto Bailaque se encuentra concursando para convertirse en miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. En el concurso 373 sacó el puntaje más alto. Lo secundaban en esa lista Marcelo Del Teglia y de Daniel Alonso, un juez federal de Paraná que también fue denunciado por una medida cautelar contra el fallo de la Corte que anuló una ley impulsada por Cristina Kirchner sobre el Consejo de la Magistratura.
A raíz del escándalo que saltó sobre el accionar de Bailaque, otro fiscal federal, en este caso de Córdoba, advirtió sobre uno de los expedientes que pasó por sus manos. Fue cuando en 2013 se declaró incompetente, por una cuestión de jurisdicción, para intervenir en una causa tributaria. Bailaque se la devolvió más de ocho años después: sin prácticamente haber hecho nada. La causa ya estaba prescripta. En la causa aparecía el esposo de otra de las juezas federales de Rosario Silvia Aramberry como uno de los despachantes de Aduana que intervino en la operación investigada.
¿Quién es el juez Salmain?
El nombre de Bailaque también llevó a poner en la mira judicial al juez Salmain. En junio de 2023, la directora de sumarios de la AFIP (actual ARCA) denunció a Carlos Vaudagna, ex jefe de AFIP-Rosario, y a otros funcionarios por violación de secreto, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la causa Vicentín.
El caso recayó ante el juez Bailaque, quien se excusó por “motivos graves de decoro y delicadeza” dado que se señalaba la existencia de un chat de la aplicación WhatsApp entre él y Vaudagna. Así, se dio intervención al juez Carlos Vera Barros, quien también se excusó de intervenir y alegó una “situación de violencia moral” por su “estrecha relación personal” con su colega, por lo que la Cámara Federal de Apelaciones rosarina dispuso que intervenga el juzgado a cargo de Salmain.
El 2 de octubre de 2023, el juez Salmain se declaró incompetente -en razón de la competencia territorial- para intervenir en la investigación de las maniobras ilícitas ocurridas en Santa Fe y Reconquista. En virtud de ello, la defensa de Vaudagna promovió una cuestión de competencia para que se declarara competente en esas causas, la que fue rechazada por el juez Salmain.
Sin embargo, luego, a pesar de la oposición de los fiscales y en contradicción con su propia resolución previa, sin elementos de prueba novedosos, Salmain hizo lugar al nuevo planteo de la defensa del exfuncionario y se declaró competente para entender en las causas que tramitan en el Juzgado Federal de Reconquista y el Juzgado Federal N°2 de Santa Fe.
En simultáneo, al trámite de las cuestiones de competencia, los fiscales conocieron los resultados del segundo peritaje realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) sobre un teléfono celular de Vaudagna: allí se evidenciaba una relación previa entre Vaudaga y Salmain, que –para los fiscales- comprometía su imparcialidad. Todo surgió en una segunda revisión del teléfono: inicialmente los mensajes estaban borrados. Pero el análisis detectó un intercambio de 48 mensajes entre el exfuncionario de la ex AFIP y el magistrado, entre el 20 de diciembre de 2018 y el 9 de mayo de 2019, que probaban una relación preexistente entre ellos, con encuentros y favores, circunstancias que el juez Salmain omitió denunciar.
La recusación contra Salmain había sido presentada por el fiscal federal de Rosario, Javier Arzubi Calvo, por el cotitular del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, Walter Rodríguez, los fiscales coadyuvantes de esas dependencias, Diego Orzuza Kock y María Virginia Sosa -respectivamente-; el fiscal nacional titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguezi; y el fiscal coadyuvante a cargo de sede rosarina de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina.
En ambos casos, el planteo de los fiscales se centró en los resultados obtenidos de ese nuevo peritaje efectuado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) sobre un teléfono celular de Vaudagna, del que surgen un intercambio de mensajes entre el exfuncionario de la AFIP y el magistrado, entre el 20 de diciembre de 2018 y el 9 de mayo de 2019, que probaban una relación preexistente entre ellos, con encuentros y favores, circunstancias que el Juez Salmain omitió informar.
Tras la presentación, las juezas de la Cámara Federal de Rosario Silvina Andalaf y Elida Vidal, de manera unipersonal, y en sendas resoluciones, hicieron lugar a la recusación, resolviendo apartar directamente al juez Salmain, con fundamento en jurisprudencia de la Corte.
La camarista Andalaf señaló puntualmente que “aún partiendo de la base del rechazo por parte del Juez de la causal de amistad íntima, e incluso, de la sospecha de amistad como causal de apartamiento, lo cierto es que las conversaciones mantenidas entre el Juez y el principal investigado Vaudagna fueron verificadas objetivamente y su existencia admitida por parte del magistrado, dando cuenta de una relación entre ambos que de acuerdo al contenido de esas charlas que pude corroborar, a mi criterio exceden lo meramente formal”.
“Esas conversaciones dan cuenta de la existencia de encuentros, así como solicitudes que le efectuara el magistrado al actual imputado, para beneficio de su novia, que se habrían traducido en alguna gestión, desconociéndose cuál fue el resultado”, explicó la camarista Vidal en la otra resolución.
En los últimos días de febrero la Cámara Federal de Rosario también cuestionó su actuación en otra causa: el tribunal anuló la decisión de ese magistrado en favor del grupo empresario del ex futbolista Maxi Rodríguez que desarrolla un extenso barrio privado en Funes, en las afueras de Rosario, al que el gobierno de Maximiliano Pullaro le ordenó paralizar las obras por carecer de certificaciones hídricas y de impacto ambiental requeridas.
En junio del año pasado las áreas técnicas del gobierno de Maximiliano Pullaro prohibieron seguir el desarrollo de Dumfield dentro de la reserva San Jorge porque el loteo se encuentra en un área de la represa del Ludueña. La empresa desarrolladora presentó una medida cautelar contra el decreto del gobernador en la Justicia Provincial, que rechazó el planteo de inmediato. Fue entonces cuando la empresa fue a la justicia federal y el caso recayó en manos de Salmain: la empresa Vial Norcar SRL, que explota Damfield, se basaba en que la provincia invocaba un dictamen del Instituto Nacional del Agua. Salmain aceptó el pedido de cautelar y suspendió el alcance del decreto de Pullaro. Eso fue revocado en duros términos por la Cámara el 25 de febrero pasado.
Salmain es el mismo juez que este año aceptó un amparo contra el cepo cambiario que mantiene el gobierno de Milei y ordenó al Banco Central que le entregue 10 millones de dólares al precio oficial a un grupo empresario que estaba siendo investigado por supuesto lavado de dinero. Lo hizo a pedido de un fideicomiso vinculado a los empresarios rosarinos Fernando y Guillermo Whpei. Luego su fallo fue anulado por la Cámara Federal de Rosario.
