Por Adrián Ganino
A fines de julio, a través del Decreto 493/2025, el Gobierno nacional habilitó el corte del suministro de agua potable en caso de falta de pago. Esto a usuarios residenciales, además del corte de todo lo que es saneamiento cloacal. Aquellos usuarios de AySA que se hubieran atrasado dos meses podían sufrir el corte del suministro de agua. Lo más trágico es que el decreto habla de usuarios residenciales.
Esto es totalmente inconstitucional y va en contra de los derechos humanos y de los tratados internacionales, de los que Argentina es parte. Esto se judicializó porque Unión de Usuarios y Consumidores y Consumidores Libres presentaron una demanda, con la suspensión del decreto y las medidas que habilitaban el corte de agua. Principalmente, se planteó que el agua es un servicio esencial. No se puede vivir sin agua, como lo es con la luz, el gas y las telecomunicaciones.
La Justicia Federal, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 2 de San Martín dictó la suspensión del decreto por seis meses y el planteo de inconstitucionalidad. En principio, AySA no le podrá cortar el servicio de agua a los usuarios por seis meses.
En seis meses, se puede resolver la inconstitucionalidad definitiva de la normativa, con lo que caería el DNU. O bien, cerca del vencimiento de la medida, se puede solicitar una prórroga, que serviría para ganar tiempo. No descarto que esto llegue a la Corte Suprema de Justicia.
El antecedente de los ´90 y las privatizaciones
El decreto del Gobierno es llamativo porque, en la época de las privatizaciones, en lo que era Aguas Argentinas, no había cortes de cloacas, sino solamente corte del suministro de agua por corte de pago. Es decir, que el decreto actual es peor al de los ´90. Una locura porque hablamos de una medida completamente regresiva.
Creo que, con este decreto, lo que intentó el Gobierno es seducir la privatización. Porque asegura a las empresas o al que quiera adquirir AySA para privatizarla, la posibilidad de corte del suministro seducía a los interesados. La desregulación produce este tipo de desigualdades, sobre todo, en los servicios básicos.