Los magistrados del alto tribunal adoptaron la decisión a partir de un amparo presentado por el diputado opositor Ronald Portillo, del partido Vamos, quien argumentó que las modificaciones contravienen principios de la Carta Magna.
Entre las frases y fragmentos suspendidos por la CC están la de “inteligencia policial”, incluida en el artículo 3 y referida a la misión de la PNC.
Dejó en suspenso asimismo la palabra “deben” y “El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo por parte de autoridades y entidades públicas será sancionado de conformidad por la ley”, contenidas en el ocho.
En general, se ven afectados los apartados tres, seis, ocho, 10, 17, 18, 21, 31, 60, 61, 82 y 83, los cuales, según la CC, requieren un análisis más profundo para determinar su compatibilidad con la Constitución Política de la República.
Las reformas, impulsadas mediante la iniciativa 6483 por el presidente de la junta directiva del Congreso, Nery Ramos, y aprobadas de urgencia nacional el pasado 26 de noviembre buscaban modernizar la estructura administrativa de la PNC.
Igualmente, establecer un escalafón basado en tiempo de servicio y formación, y garantizar alimentación, hospedaje, transporte y atención médica para los agentes.
Sin embargo, generaron en el marco de su análisis y posterior a su salida algunas críticas por su posible impacto en las finanzas públicas e incluir disposiciones que podrían vulnerar derechos fundamentales.
Al ser interrogado este jueves por la prensa sobre la medida, Ramos expresó que de momento prefiere no pronunciarse sobre las frases y fragmentos de la Ley.
Remarcó, en cambio, que la normativa persigue dignificar el quehacer de los agentes policiales, tanto en el ámbito económico como en el laboral.
Añadió que esta nueva normativa intentaba “fundamentalmente darles certeza jurídica en el cumplimiento del deber”.
Ramos, director de la PNC en Guatemala de 2015 a 2018, aseveró que respeta la resolución, pero que no la comparte.
lam/znc
