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Abogados de dos informantes confidenciales presentaron a un comité del senado en Washington un documento según el cual una funcionaria de Trump mintió sobre los riesgos que enfrentarían al menos 30 niños y niñas de ser retornados a Guatemala.
Por Héctor Silva Ávalos
Un documento introducido hoy a última hora al tribunal que ve el caso de varios niños y niñas de Guatemala a los que la administración Trump intentó deportar de forma sorpresiva el 31 de agosto pasado da cuenta de que, de acuerdo con una filtración hecha desde el mismo gobierno estadounidense, una funcionaria del Departamento de Seguridad Interna (DHS) mintió al tribunal sobre los verdaderos riesgos que los menores enfrentarían en su país en caso de ser deportados.
La representación legal de una niña guatemalteca identificada como L.G.M.L y de otra decena de menores en riesgo de deportación notificaron a la corte sobre la existencia de una carta entregada por abogados de dos informantes confidenciales al comité judicial del senado federal en Washington. En esa carta, los informantes aseguran que Angie Salazar, directora interina de la Oficina de Refugio y Reasentamiento de DHS (ORR), ocultó información a la corte sobre las amenazas reales que enfrentaría los niños y niñas.
Salazar sometió el 6 de septiembre una declaración jurada a la corte de Washington, DC que se ha hecho cargo del caso de los guatemaltecos. En el escrito, la funcionaria aseguró que su oficina había revisado los casos de 367 de los 600 niños y niñas afectados, y que esas revisiones permitían concluir que los menores “no serían víctimas abuso infantil y negligencia, incluidos el tráfico de personas, la tortura y otras formas de violencia al llegar a Guatemala”.
Los informantes confidenciales, sin embargo, sostienen que al menos en 30 de los casos, la base de datos de ORR arroja que sí hay riesgo de maltrato, tortura o tráfico, incluidas amenazas provenientes de sus propias familias. Los informantes, además, creen que Salazar, la funcionaria del gobierno Trump, sabía de estos casos cuando rindió su informe a la corte, lo que implicaría que mintió bajo juramento.
Los abogados Dana L. Gold y Andrea Meza, del no gubernamental Proyecto de Rendición de Cuentas en el Gobierno, actuando en nombre de los informantes confidenciales, aseguraron que sus representados tienen acceso directo y legal a la base de datos de ORR y que fue de ahí de donde sacaron la información sobre los niños y niñas guatemaltecos.
Este 16 de septiembre, Dana y Meza enviaron al comité de seguridad fronteriza y migración del senado de los Estados Unidos una carta que detalla lo descubierto por sus representados. Horas después, los abogados de los niños y niñas hicieron llegar la misma carta a la corte de Washington que revisa la legalidad de las deportaciones.
Esa misma corte, presidida por el juez Timothy J. Kelly, emitió una orden de restricción que ha protegido temporalmente a los menores de la deportación, la cual vencía este martes 16 a la medianoche.
Durante la jornada del 31 de agosto pasado, decenas de agentes federales extrajeron a los 600 niños y niñas guatemaltecos de los refugios en los que esperaban decisiones judiciales sobre peticiones de asilo. A pesar de que varios de ellos aún aguardaban una decisión judicial al respecto, la administración Trump, amparada en un acuerdo migratorio pactado con el gobierno de Bernardo Arévalo, intentó deportarlos de forma exprés, pero diversas acciones judiciales han impedido por ahora las repatriaciones.
Uno de los principales alegatos del gobierno Trump en la corte de Washington es que los niños y niñas no corren riesgo alguno si vuelven a Guatemala, algo que no es verdad en todos los casos según datos del mismo gobierno estadounidense; datos que, de acuerdo con los informantes confidenciales, la funcionaria Angie Salazar intentó ocultar.
