En un fallo histórico y unánime, la Corte Suprema de Argentina ratificó este martes la condena de seis años de prisión y la inhabilitación política de por vida contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto por delitos de defraudación al Estado en obras de vialidad.
La decisión confirma la sentencia emitida en 2022, haciendo efectivas tanto la orden de arresto inmediato como la prohibición de ejercer cargos públicos. Esto marca un antes y un después en la historia política y judicial del país trasandino.
La condena se centra en irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Entre 2003 y 2015, en ese lugar se licitaron 51 proyectos de infraestructura vial que fueron sistemáticamente asignadas al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner.
El fallo sostiene que las empresas beneficiadas por estas licitaciones recibieron un trato preferencial. Lo que incluye adelantos financieros permanentes, pagos anticipados y una supervisión mínima sobre el avance de las obras.
“Resulta penoso confirmar una condena por haberse probado de manera tan contundente un hecho defraudatorio de las dimensiones del que fue objeto este proceso, cuando los responsables penales resultan ser funcionarios de tan alta jerarquía”, señala la resolución de la Corte según Clarín.
El listado de las irregulares es aún más amplio: los condenados «omitieron controlar suficientemente lo actuado por las contratistas como así también supervisar mínimamente la marcha de la construcción de las obras; y, además, han tratado en forma preferencial a las sociedades del grupo proveyéndolas de canales exclusivos y privilegiados de adelantos financieros permanentes y de pagos anticipados de certificados de obra».
Con la sentencia ratificada, la expresidenta deberá ahora enfrentar el cumplimiento efectivo de su condena. Aunque aún podría solicitar beneficios judiciales o plantear recursos ante instancias internacionales.
La condena sella la exclusión de Cristina Kirchner de cualquier participación futura en cargos públicos, un golpe fuerte para el kirchnerismo y su liderazgo histórico. Su situación judicial también se convierte en un elemento clave para el clima político argentino. Especialmente en un momento en que el presidente Javier Milei impulsa profundas reformas institucionales.
La decisión de la Corte, que da por probada la corrupción estructural durante su mandato, podría abrir nuevas causas o derivaciones judiciales para otros funcionarios y excolaboradores de su gestión.
