La Corte Suprema de Justicia de Guatemala tomó la decisión de suspender las órdenes de detención que pesaban sobre la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el embajador colombiano ante el Vaticano, Iván Velásquez.
La medida beneficia además a varios exfuncionarios judiciales guatemaltecos que enfrentaban solicitudes de aprehensión vinculadas a las investigaciones sobre el caso Odebrecht.
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El fallo pasó de agache en Colombia, pues no se mencionó nada al respecto por el presidente Petro en su discurso la noche del viernes 3 de octubre de 2025 en Ibagué, ni tampoco se reportó esto en los principales medios de comunicación colombianos, pese a que la determinación se reveló el jueves 2 de octubre por parte de la Cámara de Amparos del máximo tribunal guatemalteco.
La orden del alto tribunal corresponde a tres recursos provisionales que dejan en suspenso las capturas ordenadas días antes por una Sala de Apelaciones, informó el medio Cadena 3.
Las órdenes involucraban no solo a Camargo y Velásquez; también a la exfiscal general Thelma Aldana y al exfiscal Juan Francisco Sandoval (ambos de Guatemala), entre otros operadores judiciales que han denunciado haber sido blanco de persecución tras sus actuaciones contra redes de corrupción estatal.
En el centro de estas acciones legales se encuentra la investigación sobre la trama de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios de alto rango en Guatemala.
De acuerdo con la cobertura de Cadena 3, las órdenes de aprehensión solicitadas incluyen cargos de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y delitos relacionados con el manejo de expedientes de cooperación judicial con la empresa.
La inclusión de Luz Adriana Camargo y Iván Velásquez Gómez en el proceso judicial guatemalteco responde a su pasado en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que llegó a desempeñar un papel clave en la lucha contra la corrupción en ese país centroamericano.
Camargo ejerció como jefa de investigaciones dentro de la Cigig, mientras que Velásquez fungió como comisionado internacional y máxima autoridad del entonces influyente ente internacional.
La labor de la Cicig transcurrió entre 2007 y 2019, período en el que impulsó procesos penales de alto perfil y evidenció estructuras de corrupción compartida por funcionarios, empresarios y actores políticos de Guatemala.
El trabajo de la comisión fue reconocido a nivel internacional, pero a la vez enfrentó una creciente resistencia interna hasta su disolución, promovida por el gobierno guatemalteco en 2019.
En relación con las órdenes de aprehensión, el mismo medio local señaló en su informe que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), liderada por el fiscal Rafael Curruchiche, fue la instancia promotora de los cargos. Curruchiche ha sido sancionado por gobiernos como el de Estados Unidos, que lo consideran un actor que ha interferido en procesos clave de lucha anticorrupción.
Las órdenes de arresto ahora suspendidas estaban relacionadas con un acuerdo suscrito durante las investigaciones del caso Odebrecht.
El pacto, firmado por unidades anticorrupción del Ministerio Público de Guatemala, establecía que la empresa constructora reconocía sobornos en el país y se comprometía a entregar información y pagar multas a cambio de sanciones penales reducidas.
En julio de 2021, la entonces fiscal general Consuelo Porras —también sancionada internacionalmente por obstaculizar investigaciones de corrupción— destituyó al exfiscal Juan Francisco Sandoval, considerado uno de los principales operadores de las investigaciones apoyadas por Cicig.
Tras esa destitución, Rafael Curruchiche centró la labor de la Feci en revisar el acuerdo con Odebrecht, lo que abrió procesos judiciales contra los mismos exfiscales que participaron en la negociación.
Ante las recientes órdenes de captura, los afectados solicitaron el amparo argumentando que la Sala de Apelaciones carecía de competencia legal para emitir aprehensiones, prerrogativa reservada a jueces de primera instancia según la legislación guatemalteca.
La Cámara de Amparos, sin entrar en análisis sobre la procedencia de las acusaciones, optó por otorgar el alivio judicial en tanto revisa de fondo la resolución de las órdenes.
Hasta el momento, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala no ha definido una fecha para el fallo final que determinará si las órdenes de aprehensión quedan anuladas de forma permanente o si el proceso judicial prosigue.
La decisión provisional, mientras tanto, ha permitido suspender acciones legales que habían impactado la agenda diplomática y judicial de Colombia y Guatemala, y continúa bajo revisión el papel de las instituciones en la persecución a sus propios operadores anticorrupción.
