Tenemos Ministerio de Seguridad Pública! Una idea que se discute desde el gobierno del presidente Ricardo Lagos, que ha pasado por distintas administraciones y que ahora vemos materializada gracias a la unidad de distintos sectores políticos”, celebraba el presidente Gabriel Boric el 27 de enero. Con ello, Chile alcanzó los 25 ministerios, ubicándose tercero en América Latina, solo por detrás de Brasil (38) y Venezuela (34).
La creación, modificación o eliminación de ministerios no es solo una decisión administrativa: responde a una idea o visión ideológica sobre el rol del Estado. De esta forma, todo cambio ministerial supone un marco conceptual que define un problema y un rediseño institucional para abordarlo. La reconfiguración o creación de ministerios, en algunos casos, no solo expresa los principios de un gobierno o coalición, sino que también es el resultado del consenso transversal de la clase política en la búsqueda por responder a una demanda social que aspira a consolidarse como política de Estado, más allá del ciclo electoral.
El caso de Hugo Chávez en 2006 es ilustrativo respecto de la importancia de las ideas: renombró todos los ministerios con el adjetivo “del Poder Popular”, coherente con su proyecto de Estado Comunal y el socialismo del siglo XXI. Dilma Rousseff en Brasil (2015) y Gustavo Petro en Colombia (2023) impulsaron ministerios de la Mujer o de Equidad de Género, articulando institucionalidad con objetivos programáticos. En Brasil, este ministerio fue fusionado por Jair Bolsonaro y luego restituido por Lula da Silva en 2023.
También la fusión o eliminación de ministerios responde a una lógica ideológica, centrada en la eficiencia y la reducción del aparato estatal. En Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada suprimió cuatro ministerios en 1993 como parte de un programa de austeridad. Jair Bolsonaro en Brasil redujo el número de ministerios de 29 a 15 en 2019, fusionando Hacienda, Planificación e Industria en un único Ministerio de Economía. En Argentina, el presidente Javier Milei cerró 13 ministerios en 2023, cesando a miles de empleados públicos bajo la premisa de achicar el Estado, en coherencia con su ideario libertario.
Estos cambios envían mensajes potentes a la ciudadanía: priorizan temas, marcan una agenda y materializan —o desmantelan— ideas sostenidas por partidos, gremios u organizaciones.
El caso chileno del Ministerio de Seguridad Pública ilustra bien cómo la creación de un ministerio también puede implicar un consenso transversal de la clase política. Su discusión comenzó en 2005, al calor de las reformas constitucionales. Michelle Bachelet incluyó su creación en su programa y presentó un proyecto en 2006. Sin embargo, este fue modificado en el Congreso, optándose por transformar el Ministerio del Interior, incorporando funciones de seguridad.
Sebastián Piñera retomó la propuesta en 2021 con un proyecto en el Senado. No obstante, aunque la seguridad era un eje de su programa, la creación del ministerio no fue una prioridad. Tampoco fue central en la comisión convocada ese año para discutir la seguridad pública, que dio origen al Acuerdo Nacional por la Seguridad. Aunque Piñera no logró aprobarlo, el proyecto avanzó bajo el gobierno de Boric.
En su programa, Boric propuso una “nueva institucionalidad” con una cartera técnica de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana. La idea de separar seguridad del Interior ya contaba con respaldo transversal. La creación del ministerio no es nueva, pero finalmente encontró su ventana de oportunidad. Más allá de los diseños técnicos, prima el peso simbólico y el mensaje político. La seguridad pública se ha convertido en un eje del gobierno de Boric y será clave en las próximas elecciones. Las ideas importan, sí, pero necesitan su momento para hacerse política.
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