La jueza federal Sandra Arroyo Salgado fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por su rol en una causa judicial que involucra la detención de cinco militantes peronistas. La presentación fue realizada por los diputados nacionales Mariano Recalde y Vanesa Siley, quienes sostienen que la magistrada incurrió en un “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones” al ordenar detenciones y allanamientos que consideran ilegales y desproporcionados.
Los hechos se originaron tras una protesta simbólica frente a la vivienda del diputado oficialista José Luis Espert, donde los manifestantes colgaron un pasacalle y arrojaron estiércol. A pesar de que la acción no pasó de una infracción menor, las detenciones se llevaron a cabo con fuerza inusitada: los cinco militantes —cuatro mujeres y un hombre— fueron encarcelados en el penal de máxima seguridad de Ezeiza, bajo estrictas condiciones de incomunicación.
La denuncia sostiene que el accionar de Arroyo Salgado responde a una ofensiva judicial impulsada por el gobierno nacional, ya que la causa fue promovida por Espert y cuenta con el respaldo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En este marco, la jueza es señalada como una pieza clave dentro de un esquema de persecución política que estaría dirigido a sectores opositores, particularmente al peronismo.
Entre las personas detenidas se encuentra Eva Mieri, concejala y presidenta del bloque de Unión por la Patria en Quilmes, además de secretaria general del PJ local. Su arresto se produjo luego de allanamientos tanto en su domicilio como en oficinas municipales. La intendenta de esa localidad, Mayra Mendoza, repudió públicamente la medida, denunciando una avanzada judicial contra la militancia.
También fueron detenidas Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires; Aldana Muzzio, de 45 años; Candelaria Montes, de 24; e Iván Díaz Bianchi, de 22, quien trabaja como empleado administrativo. Todos permanecen privados de su libertad mientras la Cámara Federal de San Martín analiza la legalidad de las medidas dispuestas por Arroyo Salgado.
Mientras tanto, la causa continúa generando un fuerte revuelo político y judicial, con duras críticas al uso del sistema penal federal para sancionar manifestaciones políticas de baja intensidad. El tratamiento que se le ha dado al caso ya ha encendido las alarmas en diversos sectores del arco opositor, que ven en esta situación un ejemplo preocupante del uso arbitrario del poder judicial en tiempos de creciente tensión institucional.
