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La denuncia fue presentada por el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados, especializado en insolvencias y fraudes financieros.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI recibieron un reporte de operaciones criminales en el marco del escándalo por la criptomoneda $LIBRA, cuya promoción por parte del presidente Javier Milei generó una ola de denuncias y cuestionamientos.
El informe apunta no solo contra el mandatario argentino, sino también contra Hayden Mark Davis, empresario estadounidense; Julian Peh, singapurense vinculado al proyecto; y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Además, se notificó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para que investigue posibles maniobras ilícitas relacionadas con la cotización de la moneda digital.
La denuncia fue presentada por el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados, especializado en insolvencias y fraudes financieros. Este estudio también notificó a la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC) sobre las actividades delictivas que se registraron desde el pasado viernes.
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Mariano Moyano Rodríguez ha solicitado al Departamento de Justicia que investigue el rol de Javier Milei en esta estafa, afirmando que el presidente ha promovido esta y otras iniciativas que resultaron ser fraudes.
El abogado Mariano Moyano Rodríguez, conocido por haber llevado a juicio a la familia Peirano en Nueva York, ahora defiende a 2,500 víctimas de otra estafa relacionada con criptomonedas, OmegaPro.
Datos Clave que Respalda la Denuncia
- Inversores Afectados: Hay ciudadanos estadounidenses que enviaron sus inversiones desde EE.UU.
- Plataforma Fraudulenta: La plataforma llamada Kip Protocol está desarrollada en EE.UU., y su empresa controlante, Kip Network Inc, está registrada en Kansas City, Missouri.
- Falta de Regulación: Kip Network Inc y Kelsen Ventures, otra firma relacionada, no están registradas ante la SEC ni autorizadas para operar como vehículos financieros.
- Dudas sobre la Existencia: Kelsen Ventures y su dueño, Hayden Mark Davis, son difíciles de rastrear en registros comerciales, lo que genera sospechas sobre su legitimidad.
- Falta de Transparencia: No se proporcionaron políticas antilavado ni se exigieron documentos de identidad para abrir cuentas en la plataforma KIP.
Con el FBI y el Departamento de Justicia involucrados, este caso podría tener implicaciones significativas tanto en Argentina como en el ámbito internacional. Mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas, las víctimas esperan justicia y la recuperación de sus inversiones perdidas.
