Frente al incumplimiento del Gobierno Nacional, familias, profesionales, instituciones, organizaciones, asociaciones civiles y la comunidad en general se movilizaron desde la Plaza del Congreso hasta el Ministerio de Salud para exigir la inmediata implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, ya aprobada por el Congreso Nacional.
“Más de ocho cuadras colmadas marcharon unidas en un clima de resistencia, lucha y convicción. Porque sin actualización de aranceles, el sistema de prestaciones no se sostiene, y con ello se deteriora la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias”, destacaron desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“A esto se suman los miles de puestos de trabajo en riesgo, las instituciones que ya debieron cerrar, los transportistas que quedaron en el camino y los profesionales que se ven obligados a buscar otros empleos. Todo un sector que día a día enfrenta dificultades crecientes frente al abandono del Estado”, agregaron.
De la movilización participaron asociaciones civiles, organizaciones y espacios matanceros, quienes alertaron sobre el delicado presente del sector de la discapacidad. “Estamos viviendo una crisis que incluye a todas las personas con discapacidad, a sus familias, a profesionales de la salud, centros de día y hogares, escuelas y transportistas”, expresó Mariana Bochiccio, directora de la asociación civil Calidoscopio de Villa Luzuriaga, en comunicación con El1.
Calidoscopio: “Todo esto genera mucho malestar e incertidumbre en las familias”
En este contexto, Bochiccio aseguró que corre riesgo la continuidad de las prestaciones. “Todo esto no hace más que generar mayores dificultades y vulnerar derechos. Desde que comenzó el año, nosotros en particular fuimos haciendo distintas acciones para promover la Ley de Emergencia en Discapacidad y exigir su implementación urgente. La normativa ya pasó por todas las instancias y ya está aprobada. Se cumplieron con todos los protocolos correspondientes pero, lamentablemente, no se implementó”, explicó.
Por otra parte, enfatizó en los hechos ocurridos el último viernes 17 de octubre en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde personas con discapacidad, familias y prestadores recibieron respuestas poco concretas por parte de su interventor, Alejando Vilches.
“Se vivieron situaciones muy complejas cuando en un comienzo Vilches no aceptó el petitorio con nuestros reclamos que le queríamos entregar. Finalmente, recibió el reclamo efectuado a través del Foro, donde solicitamos la urgente implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Todo esto genera mucho malestar e incertidumbre en las familias”, lamentó.
Asimismo, criticó los ajustes en los espacios disponibles para las personas con discapacidad que facilitan las terapias. “Aquí lo que se está poniendo en riesgo es la posibilidad de continuidad de todos ellos, por más que generen una mejor calidad de vida”, manifestó.
Taller Protegido San Francisco de Asís: “Se dificultan todas nuestras actividades”
Por su parte, Silvia Martínez, directora del Taller Protegido San Francisco de Asís de Isidro Casanova calificó a la situación del sector como “agobiante”. “Como no se aplicó la ley, se dificultan todas nuestras actividades. Por ejemplo, a nosotros se nos cortó el gas y hoy estamos cocinando con garrafas”, compartió.
Para trabajar con las familias de las personas con discapacidad la gravedad de la situación, desde el espacio matancero convocaron a una “Asamblea de familia” para el viernes 23 de octubre a partir de las 10. En tanto, también invitan a un festival solidario a beneficio de la institución para el 8 de noviembre en el Salón Luz y Fuerza, en San Justo. “Todo lo recaudado será para volver a tener gas y que la Fundación pueda seguir funcionando como hace 31 años”, destacó Martínez.
Positivos La Matanza: “Son historias angustiantes y desesperantes”
Desde la organización Positivos La Matanza consideraron que no alcanza con recibir las medicaciones, sino que las personas con VIH también necesitan atender necesidades de urgencia. “Hay personas que hace más de seis meses que no perciben la pensión. Incluso hay abogados que nos acompañan de forma gratuita a todos los beneficiarios para recibir este ingreso que, en muchos hogares, es el único del que dependen”, señaló María Sánchez, integrante de la organización.
Según informó a este medio, en La Matanza hay 1.500 personas registradas bajo tratamiento, que no reciben el beneficio. “Sin el dinero, no pueden sostener un alquiler y pasan a situación de calle. Los compañeros se refugian en nosotros, pero desde Positivos La Matanza no tenemos los recursos necesarios para sostener esto de manera permanente”, lamentó.
Y subrayó: “La ley se aprobó dos veces, exigimos que se aplique. Las medicaciones tardan, la gente no llega a fin de mes, no tiene para comer, llora y se enferma. La gente depende de esta ayuda, de este derecho, porque cuesta sobrevivir”, cerró.
