Cristina Kirchner apeló este viernes la decisión de la Cámara de Casación a través de la cual se confirmó que debe seguir utilizando una tobillera electrónica y que las visitas que recibe en San José 1111, continuarán con restricciones. La última instancia para revertir ese criterio será la Corte Suprema de Justicia, la misma que confirmó la sentencia condenatoria que condujo a la ex presidenta a cumplir seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Con un voto mayoritario la Sala IV de la Cámara de Casación Federal confirmó las medidas restrictivas que impuso el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) a la ex presidenta para cumplir la condena por corrupción en el caso Vialidad, en su domicilio del barrio de Constitución. Esto es: la utilización de la tobillera electrónica y visitas con previo pedido de autorización al juez Jorge Gorini, que ejecuta la pena, si esas personas no están incluidas en el listado avalado por el TOF 2 (familiares, médicos, abogados y custodios). La defensa sumó contadores y apoderados.
Mientras sigue en San José 1111 cumpliendo la condena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, la ex Presidenta insiste en que le retiren la tobillera electrónica y que las visitas no sean restringidas.
Ahora, la Cámara de Casación debe resolver si concede o no el recurso presentado por el abogado Carlos Beraldi. En caso de no hacer lugar, la ex Presidenta puede ir ante la corte Suprema de Justicia en queja.
La Sala IV integrada por los jueces, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, con un voto dividió confirmaron no sólo sobre el uso del dispositivo electrónico, sino también respecto a quiénes pueden ingresar a San José 1111.
Las visitas
Los jueces Barroetaveña y Hornos coincidieron en que las autorizaciones previas “también responden a una cuestión de seguridad personal de la propia exmandataria, quien había fundado su pedido de prisión domiciliaria en presuntos riesgos sobre su integridad física”.
Entendieron que una flexibilización excesiva de las condiciones impuestas “en un caso de esta magnitud afectaría no sólo la eficacia del cumplimiento, sino también el mensaje normativo que debe proyectar toda condena penal impuesta ante delitos que comprometen la integridad institucional del Estado como la corrupción”.
Dando validez al planteo de la defensa, fue Borinsky quien votó por liberar el ingreso al departamento de Cristina, pues la exigencia de autorización judicial previa “configura una restricción desproporcionada de los derechos personales, sociales y políticos de la persona condenada”. Consideró, además, que esa exigencia “impone un régimen más gravoso que el que rige para una persona detenida en una unidad penitenciaria, y señaló que ni siquiera en ese contexto se requiere autorización judicial individualizada para cada visita”.
¿Por qué no le quitaron la tobillera?
Los camaristas fallaron con criterios distintos a la hora de pronunciarse sobre el uso de la tobillera electrónico como método de monitoreo del arresto domiciliario.
En lo referido a la vigilancia electrónica, el abogado Carlos Beraldi consideró que era innecesaria, ya que Cristina cuenta con custodia permanente. Por el contrario, el fiscal Villar entendió que la tobillera es resultado normal del cumplimiento de una condena por corrupción bajo la modalidad de un arresto domiciliario.
Posteriormente, el TOF 2 ordenó realizar un informe médico que concluyó que no existe impedimento alguno para que la ex Presidenta continúe utilizando el dispositivo.
Los jueces Hornos y Barroetaveña entendieron que debe prevalecer el monitoreo electrónico de Cristina Kirchner y tal como sostuvo el último informe practicado, y que no existe ningún impedimento para que la ex mandataria porte el dispositivo de control.
En el voto compartido, señalaron que tanto el uso de la tobillera como las autorizaciones previas para visitas “encuentran sustento legal en el marco normativo vigente y resultan adecuados para asegurar el control judicial efectivo del cumplimiento penal en el contexto de la prisión domiciliaria”.
Además, se explicó que la presencia de una custodia policial “no sustituye la función de seguimiento que corresponde exclusivamente al Poder Judicial, y que renunciar a herramientas complementarias de control, como el monitoreo electrónico o el pedido de autorización de visitas fuera de la nómina, implicaría desvirtuar el sentido de la ejecución penal”.
En minoría votó el juez Borinsky, quien pidió que se deje sin efecto la colocación del dispositivo, ya que la «custodia permanente y especializada» de la policía «garantiza un control suficiente sobre su situación».
Además, señaló que «no existen razones objetivas para presumir riesgo de fuga, en tanto se trata de una figura pública ampliamente conocida, sometida a una exposición constante que hace inviable cualquier intento de evasión”, y a que las tobilleras “son un recurso escaso dentro del sistema penitenciario, y que su utilización debe reservarse para los casos en los que realmente se justifique su aplicación».
