Tras la ratificación de su condena a seis años, la expresidenta entregó al TOF N°2 el listado de personas que podrán ingresar sin autorización a su domicilio en Constitución. Apuntó contra Bullrich y pidió evitar movilizaciones frente a su departamento.
Cristina Fernández de Kirchner presentó ante el Tribunal Oral Federal N°2 el listado de personas autorizadas a visitarla sin necesidad de permiso judicial, en caso de que se confirme la prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
La medida se enmarca en la ejecución de la condena a seis años de prisión por la Causa Vialidad, ratificada semanas atrás por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal le otorgó el beneficio del arresto domiciliario, que podría hacerse efectivo este martes 24 de junio, para evitar manifestaciones previstas al día siguiente.
¿Quiénes podrán ingresar?
El TOF N°2 dispuso que solo las personas incluidas en ese listado —integrantes del grupo familiar, abogados, médicos tratantes y personal de custodia— podrán ingresar libremente al domicilio. Toda otra visita deberá solicitar y justificar previamente el permiso correspondiente ante el tribunal.
Mensaje a la militancia y críticas a Bullrich
La exvicepresidenta difundió el viernes 20 un mensaje grabado en redes sociales en el que pidió a sus seguidores no movilizarse hacia su domicilio, para “preservar el orden del barrio”.
Además, Cristina Kirchner apuntó duramente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el operativo desplegado frente a su casa:
“Durante la madrugada, sin orden judicial y de manera ilegal, montó un operativo para provocar conflictos que no existieron”, escribió en su cuenta de X.
La expresidenta calificó a Bullrich como una funcionaria “nefasta y capaz de cualquier cosa”, acusándola de “buscar protagonismo” y de intentar “tapar el desastre económico y social del país”.
Contexto judicial
El beneficio de prisión domiciliaria otorgado a Cristina Kirchner se da en el marco del cumplimiento de la condena por direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, período en el que ejerció como presidenta y luego como senadora nacional.
Aunque aún quedan instancias pendientes en la Justicia, el fallo de la Corte aceleró la aplicación de la pena. El entorno de CFK sostiene que se trata de una persecución judicial, mientras que desde la fiscalía —encabezada por Diego Luciani y Sergio Mola— se opusieron a concederle el arresto domiciliario.