La campaña por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner impulsa comités en México, Brasil y Bolivia y expone la persecución judicial y mediática que busca proscribirla.
La campaña internacional “Cristina Libre” ha tomado fuerza en toda América Latina, denunciando la persecución política y judicial contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK), detenida en junio en el marco de la cuestionada causa Vialidad.
Los organizadores anunciaron que en los próximos días se lanzarán comités de apoyo en México, Brasil y Bolivia, consolidando una red regional que ya trabaja en instancias jurídicas internacionales. El objetivo es transformar la causa en una bandera continental, en defensa de los derechos democráticos y del derecho de los pueblos a elegir libremente a sus líderes.
Una campaña que cruza fronteras
Durante agosto, legisladores y dirigentes argentinos llevarán la denuncia de lawfare a foros progresistas de la región. Entre ellos destacan el Congreso Panamericano Anual de Legisladores – Internacional Progresista y el Foro de Partidos Políticos Progresistas de la Fundación Friedrich-Ebert en México, así como el Congreso Nacional del Partido de los Trabajadores en Brasil y el Encuentro de RUNASUR en Bolivia, donde también se lanzarán nuevos comités.
Según los organizadores, el lawfare contra Cristina es un ataque contra la democracia de toda América Latina, y convertir esta causa en un movimiento regional es defender el pacto democrático de 1983 en Argentina y la soberanía de los pueblos de la región.
La denuncia sobre la causa Vialidad
La campaña difundió videos y documentos que detallan cómo se habría ejecutado la operación judicial y mediática contra Cristina Fernández de Kirchner.
Uno de los materiales explica que la condena fue “un plan sin pruebas ni delito”, armado por Mauricio Macri con el respaldo de Héctor Magnetto, dueño del Grupo Clarín. La causa pasó por manos de fiscales y jueces cercanos al expresidente, como Diego Luciani y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes compartían partidos de fútbol en su quinta. Más tarde, llegó a la Casación con el juez Mariano Borinsky, otro amigo de Macri, y finalmente a la Corte Suprema, que ratificó la sentencia con Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, señalados por la campaña como responsables de la proscripción política.
El documento advierte que la estrategia judicial estuvo acompañada por un “circo mediático” que buscó instalar la culpabilidad de Cristina sin pruebas y restringir sus derechos políticos, configurando una ruptura del contrato democrático argentino.
Una bandera latinoamericana
“Cristina Libre” ya se presenta como una causa regional contra el lawfare, alineándose con las luchas de líderes latinoamericanos que también enfrentaron persecución judicial, como Lula da Silva, Evo Morales y Rafael Correa.
Con el crecimiento de los comités internacionales y la internacionalización de la denuncia, la campaña busca que la liberación de Cristina Fernández de Kirchner se transforme en un símbolo de la defensa de la democracia, la justicia social y la soberanía popular en América Latina.
