Dirigentes políticos del kirchnerismo y la izquierda, gremialistas y abogados constitucionalistas rechazaron la confirmación de la condena contra Cristina Kirchner y advirtieron sobre la «gravedad institucional» de la «persecución» y la «proscripción de la principal líder opositora», a través de la «judicialización de la política».
Una placa roja con el lema de «Alerta Máxima» informó a las 17.17 horas en el canal C5N que la máxima instancia judicial había tomado una decisión. Y fue el conductor Jorge Rial quien dio la noticia, para una audiencia mayoritariamente kirchnerista.
«La Corte acaba de confirmar la condena para Cristina Fernández de Kirchner. Se acabó la especulación. Ahora comienza otro partido. Es un fallo histórico. Un día histórico. Fue condenada Cristina Kirchner», dijo Rial en C5N.
Y comenzaron las repercusiones sobre ese fallo de la Corte Suprema. Axel Kicillof vinculó la condena con una persecución política del expresidente Mauricio Macri y el actual titular del Ejecutivo, Javier Milei.
El gobernador bonaerense dijo que es «un final anunciado tras años de perversa persecución política, mediática y judicial. Esta condena termina de consagrar una auténtica infamia. Se trata de un nuevo capítulo en la larga historia de ataques al peronismo y a quienes, como ella, se atrevieron a transformar la Argentina en favor de las mayorías», posteó Kicillof en su cuenta de X. Y agregó: «Buscan, en realidad, disciplinar a la dirigencia y garantizar privilegios económicos. Hoy esa democracia queda profundamente herida. Y nuestra responsabilidad histórica es defenderla».
La diputada kirchnerista Julia Strada lanzó una velada amenaza sobre los integrantes de la Corte Suprema de Justicia: «Brazo ejecutor del poder económico. Como los milicos. Adonde vayan los iremos a buscar», posteó Strada en su cuenta de la red social X (exTwitter), con la foto de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La diputada peronista Victoria Tolosa Paz planteó que «estamos ante una situación de extrema gravedad institucional. Porque no hay democracia plena cuando hay proscripción. Basta de persecución. Basta de judicializar la política para disciplinar a quienes no se arrodillan ante los poderes concentrados».
El exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey aseguró que, “desde la primera instancia, esto se pareció más a linchamiento contra Cristina que a debido proceso. Un disparate jurídico con tufillo a proscripción».
En diálogo con Clarín, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó el fallo de la Corte, aunque destacó positivamente que la máxima instancia judicial lo haya fundamentado, ya que previamente se había especulado con que podía rechazar el recurso de queja de la expresidenta sin dar ninguna argumentación.
«Es positivo porque expresó sus fundamentos. Lo que hizo fue refutar los agravios expuestos por la defensa de Cristina. Eso es importante, desde el punto de vista formal, porque dio una respuesta fundada. Pero en los fundamentos veo como déficit que no profundiza en la presunción de inocencia, el indubio pro reo (en caso de duda, se debe beneficiar siempre al acusado) y la producción de la prueba que establece un vínculo causal de Cristina con el hecho muy lejano, ya que la prueba es indirecta, indiciaria y no daba una vinculación directa inmediata con el delito que se comprobó», explicó Gil Domínguez.
Por su parte, Raúl Gustavo Ferreyra, profesor titular de Derecho Constitucional, de la Facultad de Derecho (UBA), se refirió a «la consolidación macabra de una sentencia arbitraria». A su entender, con esta decisión «se excluye de la escena electoral a la presidenta del principal partido opositor. Se ha consolidado el no derecho, la negación propia de la Ley fundamental y de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin Derecho constitucional, no hay democracia. Sin democracia, no hay elecciones. Será la respiración artificial de una autocracia en ciernes», añadió el profesor Ferreyra.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) repudió la decisión de la Corte Suprema, que la calificó de «persecución política». Y planteó que «en una causa denunciada por irregularidades y en medio de un proceso electoral, implica una proscripción. Junto al movimiento sindical, estamos en alerta y movilización en defensa de la democracia».
Desde la izquierda también cuestionaron duramente el fallo de la máxima instancia judicial. «Todo el repudio a la resolución proscriptiva de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner», sostuvo el diputado nacional Christian Castillo, del PTS en el Frente de Izquierda.
También los dirigentes del Partido Obrero difundieron un comunicado rechazando el fallo de la Corte Suprema. «Un régimen político que se apoya sobre la exclusión de opositores del proceso electoral no cumple la más elemental norma de una democracia», sostuvieron Gabriel Solano, Vanina Biasi y Néstor Pitrola, del comité ejecutivo del PO.
Minutos antes de conocerse el fallo judicial, pero cuando ya se sabía cuál sería su resultado, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, criticó duramente a la Corte Suprema, a nivel general, sobre la cual dijo que «carece de legitimidad».
Por su parte, el expresidente Alberto Fernández respaldó a Cristina Kirchner y afirmó que «este juicio ha violado sistemáticamente todas las reglas que el Estado de derecho le impone a un proceso. Porque esto que hoy le pasa a Cristina le puede pasar a cualquiera el día de mañana, y si avalamos esto, lo que estamos avalando es una jurisprudencia vil, pueril, odiosa, intolerable a la conciencia republicana”.
En el mismo sentido, el excandidato presidencial Sergio Massa había planteado en esos instantes previos que «la causa está plagada de irregularidades. Consideramos fundamental que la Corte Suprema de Justicia admita el recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina Kirchner y revise la sentencia dictada por el TOF N°2″. Pero su pedido no fue atendido por la máxima instancia judicial.
