El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) convocó a Cristina Kirchner y a los demás 146 acusados en la causa de los Cuadernos de las Coimas, para una audiencia preliminar para el día miércoles 24 de septiembre a las 10 horas, “con el objetivo de fijar pautas de organización” para el juicio oral y público que comenzará en noviembre. Es un hecho: la ex presidenta volverá a sentarse en el banquillo de los acusados este año, mientras cumple arresto domiciliario por la condena del caso Vialidad.
La audiencia fijada para el 24 de septiembre de manera virtual, tiene como finalidad establecer las pautas bajo las cuales se llevará a cabo el juicio oral donde la principal acusada es Cristina Kirchner. Está señalada como jefa de una asociación ilícita que se dedicó al cobro de pagos ilegales, es decir: sobornos.
La fecha de la audiencia preliminar se fijó luego de que la Corte rechazó una última maniobra contra la causa impulsada por el empresario Carlos Wagner que buscaba retrasar el juicio.
El resolutorio firmado por el TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castell y Fernando Cañero, aclara también que se invitará a todas las partes a “limitar la prueba sobre la que versará el juicio oral y público a realizarse en las presentes actuaciones, a aquella que resulte de imprescindible producción y evitar la reiteración de las efectuadas para la acreditación de hechos notorios no controvertidos”.
Con la audiencia ya fijada los magistrados notificaron de la medida a la fiscal general, Fabiana León quien intervendrá en este juicio. En diversos escritos formulados ante el Tribunal, la representante del Ministerio Público Fiscal había requerido celeridad en el inicio del debate. Finalmente, será este año.
Como señalaron en Comodoro Py ante la decisión del TOF 7, “ya no se va a poder frenar, el juicio es una realidad y comenzará en noviembre”, consignó una fuente judicial a Clarín.
Es que la consecuencia inmediata de la audiencia preliminar es la validación del 6 de noviembre a las 9.30, se dará inicio al juicio que tendrá como principal acusada a Cristina Kirchner.
En un informe que firmó en 2024 la fiscal León, se habló de los Cuadros de las Coimas como la “investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial».
Para la justicia federal, según confirmaron los jueces de tres instancias, durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner existió una estructura de corrupción que funcionó desde el Ministerio de Planificación Federal para recaudar fondos ilegales, que eran pagados por empresarios contratistas del Estado vinculados a diversos rubros. Esa acusación fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal el año pasado y se allanó el camino hacia el juicio.
Mientras cumple la sentencia condenatoria del caso Vialidad, donde se la acusó del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con un daño ocasionado estipulado en 537 millones de dólares, la ex Presidenta estará sentada otra vez en el banquillo de los acusados: cinco años después desde que el fallecido juez Claudio Bonadio, elevó la causa a juicio oral y público.
A partir de ese día, las audiencias se harán todos los jueves. Se admitieron 630 testigos para el debate oral y público en una causa con más de 147 imputados -casi todos políticos y ex funcionarios del kirchnerismo y empresarios- involucrados en el circuito de sobornos.
La ex presidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita y se le atribuyen un conjunto de hechos vinculados a las coimas que su gobierno percibía para garantizar a contratistas del Estado diversas concesiones, negocios y obras públicas.
El puntapié inicial fue Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta -mano derecha del ex ministro Julio De Vido- quien llevó durante años un detallado registro del recorrido de los bolsos con dinero, presuntamente proveniente de coimas millonarias que empresas de la construcción, entre otras, pagaban a los gobiernos kirchneristas desde 2003 y hasta 2015.
El sistema funcionó con la «participación indispensable» de los empresarios, todos sobreseídos por el delito de asociación ilícita y quienes sólo responderán en el juicio oral por la acusación de cohecho.
La estructura investigada, básicamente, consistía «en una serie de ‘puntos fijos de recaudación, en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios, de los cuales recibían dinero en efectivo, principalmente en moneda estadounidense», detalla la acusación que se leerá el día del juicio.
Con más de 220 cuerpos y 159 imputados, el expediente radicado en el TOF 7 analizó los planteos de todas las partes respecto a las medidas de prueba complementaria sugerida como también, lo manifestado por la fiscal general Fabiana León.
Esas medidas de prueba complementan la realizada en etapa de instrucción. En esa etapa se impulsaron 231 medidas: testimonios y confesiones de políticos, allegados y los más importantes empresarios del país; informes de la AFIP, la ANAC, el RENAR y de otros organismos del Estado, registros de cámaras de seguridad, extractos bancarios y todo tipo de papeles.
El listado de imputados convocados al inicio del juicio incluye al ex chofer y primer imputado colaborador de esta caso, Oscar Centeno, también al financista Ernesto Clarens, el primo de Mauricio Macri -Ángelo Calcaterra-, su ex socio Javier Sánchez Caballero, también el listado incluye al ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa Igor, el ex titular de Vialidad Nacional ya condenado, Nelson Periotti, a Carlos Wagner -ex titular de la Cámara de la Construcción-, entre otros.
En este expediente la justicia federal contó con el testimonio de 31 imputados colaboradores que fueron el puntapié inicial para la realización de medidas de prueba que, sostiene el requerimiento de elevación a juicio, permiten sustentar las acusaciones.
La elevación a juicio sostiene que el caso de los cuadernos, se trataba de “la principal organización criminal” de las últimas décadas, dedicada a la “recaudación de fondos ilegales” que se volcaron en algunos casos “a operaciones de lavado de dinero en el país y fuera de él”.
A criterio del juez de instrucción, la acusación principal se convirtió en el esqueleto de seis expedientes más, en los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos y concesiones.
Así, se abrieron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.
Todas estas investigaciones están relacionadas con el expediente principal del caso, en el que la vicepresidenta está procesada como jefa de la asociación ilícita que recaudaba coimas. Esa imputación se replicó en las derivaciones del caso, pero la Cámara Federal porteña redujo a la mitad los procesamientos contra Cristina por no encontrarla directamente relacionada.
