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En América Latina, hablar de dinero es hablar de historia, política y poder. Desde el siglo XX hasta hoy, la región ha vivido ciclos repetidos de inflación, devaluaciones, crisis bancarias y fugas de capital que han marcado a varias generaciones.
Para millones de ciudadanos, la moneda nacional nunca fue un refugio seguro, sino un recordatorio diario de la fragilidad de los gobiernos y de la facilidad con la que se puede perder todo en cuestión de meses.
Durante décadas, los gobiernos han usado la soberanía monetaria no como un instrumento de desarrollo, sino como un arma de supervivencia política: imprimir billetes para financiar déficits, manipular el tipo de cambio para sostener subsidios, o devaluar para maquillar ineficiencias estructurales.
El resultado siempre fue el mismo: inflación como impuesto oculto, salarios erosionados y ciudadanos huyendo hacia cualquier alternativa que les ofrezca estabilidad, sea el dólar, el oro o, más recientemente, las criptomonedas.
El dilema actual: dólar, CBDCs o stablecoins
Hoy la región enfrenta un dilema aún más complejo. Algunos países decidieron entregar por completo su soberanía y adoptaron el dólar como moneda oficial, renunciando a la capacidad de tomar decisiones monetarias propias.
Otros experimentan con CBDCs como una forma de recuperar el control digital, aunque bajo el riesgo de caer en la vigilancia y el autoritarismo financiero.
Y al mismo tiempo, en la economía real, los ciudadanos se mueven cada vez más hacia stablecoins privadas como Tether, USDC o RLUSD, que parecen una solución inmediata, pero esconden el peligro de un nuevo tipo de dependencia: la dependencia corporativa.
En este contexto surge la gran pregunta: ¿tiene Latinoamérica que elegir entre el abuso de sus gobiernos, la subordinación a la Reserva Federal o la captura de corporaciones privadas? ¿O existe un cuarto camino, capaz de garantizar estabilidad, transparencia y soberanía compartida en la era digital?
Escenario 1: la dolarización total
El Salvador, Panamá y Ecuador son los tres países de la región que adoptaron el dólar estadounidense como moneda oficial. Panamá lo hizo en 1904, Ecuador en el año 2000 tras una crisis devastadora, y El Salvador en 2001 como estrategia de estabilización económica.
En el caso salvadoreño, en 2021 se sumó una segunda apuesta: el Bitcoin como moneda de curso legal, convirtiéndose en un experimento global de doble dolarización (fíat y cripto).
En Panamá, la dolarización permitió un sistema financiero sólido y una inflación históricamente baja; en Ecuador, frenó la hiperinflación y estabilizó la economía; en El Salvador, brindó certidumbre monetaria en un país históricamente dependiente de remesas.
Sin embargo, el costo fue altísimo: cero soberanía monetaria. Ninguno de estos países puede emitir dinero, devaluar para ganar competitividad o responder a crisis con herramientas propias. Dependen por completo de la Reserva Federal de EE. UU., que toma decisiones pensando en Washington o Nueva York, no en Quito o San Salvador.
Escenario 2: el avance de las CBDCs
Ante el auge de las criptomonedas, muchos gobiernos ven en las CBDCs (monedas digitales de bancos centrales) una forma de recuperar el control. Estas promesas se presentan como herramientas de inclusión financiera y modernización, pero en su diseño más común concentran todo el poder en el Banco Central y el gobierno de turno.
Cada emisión, cada transacción y hasta la posibilidad de congelar fondos estaría bajo control estatal. En países con democracias frágiles, esto abre la puerta a un escenario de vigilancia y censura financiera masiva.
Los ciudadanos temen que una CBDC no sea un puente hacia la modernización, sino un «Gran Hermano» financiero. Aunque las CBDCs traen eficiencia técnica, su talón de Aquiles es la desconfianza social: ¿cómo confiar en gobiernos que ya han abusado históricamente de su poder monetario?
Escenario 3: la dependencia corporativa
En los últimos años, ante la escasez de dólares, países como Bolivia han visto un crecimiento explosivo en el uso de Tether (USDT). Para los ciudadanos, ha sido una solución práctica: proteger ahorros de la inflación, hacer pagos internacionales y mantener valor sin depender del boliviano.
Pero el riesgo es evidente: Tether es una empresa privada. Controla la emisión, la redención y la posibilidad de congelar cuentas. Si un país entero usara USDT como moneda de facto, esa corporación tendría un poder de veto sobre el Estado, podría bloquear salarios públicos, condicionar contratos estratégicos o limitar el acceso a liquidez.
Es la forma más peligrosa de dependencia: un cripto-colonialismo donde la soberanía monetaria se transfiere a una empresa registrada en el extranjero.
Un cuarto camino: monedas digitales soberanas
Una alternativa posible para América Latina es que cada país desarrolle su propia moneda digital soberana (MDS), diseñada con principios modernos de gobernanza distribuida, transparencia radical y respaldo diversificado en activos estratégicos nacionales.
En este modelo, el banco central no tendría el control absoluto como en una CBDC tradicional, sino que compartiría la gobernanza con auditores independientes, representantes de la sociedad civil y, en algunos casos, organismos internacionales, a través de esquemas multisig que eviten el abuso de poder.
Cada moneda estaría respaldada por una canasta de activos que refleje la fortaleza de su economía: petróleo en Venezuela y México, litio en Bolivia, cobre en Chile, gas y granos en Argentina, café en Colombia, canal logístico en Panamá, turismo en el Caribe, entre otros.
Toda emisión quedaría registrada en una blockchain pública y auditable en tiempo real, garantizando que no exista inflación encubierta ni manipulaciones opacas.
Este sistema permitiría a cada nación conservar su independencia monetaria, pero al mismo tiempo beneficiarse de un marco de interoperabilidad regional, donde estas monedas puedan intercambiarse de manera ágil y transparente entre sí y también con otras divisas globales como el dólar o el euro, además de integrarse con stablecoins privadas. Así se ampliaría la fluidez financiera y la capacidad de inserción de América Latina en la economía digital global.
