La cuenca como territorio histórico
Desde el período colonial, el Riachuelo funcionó como un eje estratégico para la actividad portuaria y productiva. Durante el siglo XIX y, especialmente, a partir del proceso de industrialización acelerada del siglo XX, sus márgenes se consolidaron como espacios de localización de industrias consideradas incompatibles con áreas residenciales centrales, como curtiembres, frigoríficos, saladeros, metalúrgicas y, más tarde, industrias químicas.
La ausencia de regulaciones ambientales efectivas y de planificación urbana favoreció la concentración de actividades altamente contaminantes en un territorio que, de manera paralela, comenzó a recibir población trabajadora con escaso acceso al suelo urbano formal. De este modo, la cuenca se configuró como un espacio de relegación territorial, donde se naturalizó la convivencia entre contaminación industrial y precariedad habitacional.
A diferencia de otros territorios, la Cuenca Matanza–Riachuelo responde a tiempos ambientales largos y frágiles. Su baja pendiente y la acumulación histórica de sedimentos contaminados hacen que cualquier mejora sea lenta y reversible. Por ello, los avances logrados a partir de mayores controles y fiscalización no constituyen un punto de llegada definitivo, sino un equilibrio inestable que depende de la presencia sostenida del Estado. Cuando ese control se debilita, los procesos de recontaminación se apoyan sobre pasivos ambientales preexistentes, profundizando un daño que lleva más de un siglo.
Transformaciones urbanas y evolución demográfica
El crecimiento urbano en la cuenca no respondió a un modelo planificado. A lo largo de décadas, el avance de asentamientos informales y villas se produjo sobre terrenos inundables, márgenes del río y zonas ambientalmente degradadas o directamente contaminadas. Estas dinámicas se vinculan con procesos migratorios internos, el crecimiento demográfico del conurbano bonaerense y la falta de políticas habitacionales sostenidas.
A partir de mediados del siglo XX, la cuenca Matanza–Riachuelo experimentó un marcado incremento poblacional. Los censos nacionales evidencian una densificación sostenida, especialmente en la cuenca media y baja, con elevados porcentajes de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas, hacinamiento crítico y acceso limitado a servicios básicos. Este crecimiento no estuvo acompañado por una expansión equivalente de la infraestructura urbana, lo que reforzó condiciones de vulnerabilidad sanitaria y ambiental.
Según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, en la cuenca habitan 4.703.058 personas. El territorio abarca más de 2.000 km² y comprende catorce municipios de la provincia de Buenos Aires y varias comunas del sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que da cuenta de la magnitud del desafío socioambiental y habitacional que atraviesa la región.
La cuenca presenta una marcada heterogeneidad interna. La cuenca alta mantiene una estructura más rural y de menor densidad poblacional; la cuenca media combina urbanización consolidada, fuerte presencia industrial y asentamientos informales; mientras que la cuenca baja es el sector más densamente poblado y ambientalmente crítico, donde se concentran pasivos ambientales, villas y exposición persistente a contaminantes.
Desigualdad habitacional y riesgos ambientales
La desigualdad habitacional en la cuenca no se limita a la falta de vivienda, sino que se expresa en la calidad, localización y entorno de las unidades habitacionales. Una parte significativa de la población reside en viviendas precarias, construidas con materiales inadecuados y ubicadas en áreas de alto riesgo ambiental, expuestas a contaminantes presentes en el suelo, el aire y el agua.
Esta localización refuerza un círculo de exclusión persistente: quienes cuentan con menos recursos son quienes presentan mayor exposición a la contaminación y a eventos climáticos extremos, como inundaciones, con consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida.
Contaminación ambiental y consecuencias sanitarias
La cuenca Matanza–Riachuelo presenta una contaminación acumulativa producto de décadas de vertidos industriales, efluentes cloacales sin tratamiento y disposición inadecuada de residuos. Diversos estudios identificaron la presencia de metales pesados, hidrocarburos y otros contaminantes persistentes en el agua y en los sedimentos del río.
Las consecuencias sanitarias de esta contaminación han sido ampliamente documentadas. Entre los principales impactos se destacan la presencia de metales pesados, como plomo y cromo, especialmente en población infantil; el aumento de enfermedades respiratorias, dermatológicas y gastrointestinales; y problemas de desarrollo cognitivo asociados a la exposición prolongada a contaminantes. Estos efectos afectan de manera desproporcionada a quienes viven en condiciones habitacionales precarias y con menor acceso al sistema de salud.
Más allá de los indicadores ambientales y sanitarios, la cuenca Matanza–Riachuelo es un territorio vivido cotidianamente por millones de personas. Para quienes habitan sus márgenes, la contaminación no es una abstracción técnica, sino una experiencia diaria que atraviesa el cuerpo y el espacio doméstico: olores persistentes, agua que no puede utilizarse, suelos degradados, inundaciones recurrentes y enfermedades que se naturalizan como parte del entorno. En este sentido, la cuenca expresa una forma específica de desigualdad territorial, donde el lugar de residencia condiciona las posibilidades de cuidado, bienestar y futuro.
Aportes de la investigación académica
La universidad pública ha desempeñado un rol central en la producción de conocimiento sobre la cuenca. La Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), a través de su Instituto de Medio Ambiente, desarrolló estudios de campo que permiten comprender el estado ambiental del territorio, el impacto sobre la biodiversidad y las condiciones de vida de la población. Estos trabajos aportan evidencia empírica clave para el diseño de políticas públicas y visibilizan las limitaciones de intervenciones fragmentadas.
Retroceso reciente y debilitamiento del control estatal
La situación actual de la cuenca Matanza–Riachuelo muestra un retroceso en relación con etapas anteriores, asociado a políticas de desregulación que debilitaron los mecanismos de control estatal. Según explicó Mariano Jager, director del Instituto de Medio Ambiente de la UNLaM, “con la idea de la desregulación, venimos empeorando otra vez porque las empresas vuelven a volcar libremente y no hay el control que había”.
En ese sentido, advirtió que uno de los principales problemas es la pérdida de presencia territorial: “los grandes problemas son la falta de fiscalización y la pérdida de presencia, porque al no haber presencia la gente vuelve a volcar como si nada”. En este marco, subrayó que el cumplimiento de la normativa ambiental no puede quedar librado a la voluntad de los actores involucrados: “la ley no es de cumplimiento voluntario, es obligatoria; no se necesita gente para aprender, se necesita gente que sepa y tenga poder”.
Al mismo tiempo, señaló que la mejora ambiental es posible bajo condiciones de control sostenido. Durante la pandemia, la disminución de la actividad productiva permitió observar cambios concretos: “se habían vuelto a ver peces que hacía años que no se veían; el agua se había empezado a limpiar”. Sin embargo, explicó que la baja pendiente natural de la cuenca hace que los procesos de recuperación sean lentos y fácilmente reversibles si se relajan los controles.
Dado que millones de personas viven o se ven afectadas directa o indirectamente por la cuenca, la problemática adquiere una dimensión sanitaria y social de escala estatal, estrechamente vinculada a enfermedades hídricas, cutáneas y respiratorias, que se agravan en contextos de pobreza estructural, falta de agua potable y déficit de saneamiento.
ACUMAR y los desafíos del saneamiento
La Autoridad de la Cuenca Matanza–Riachuelo (ACUMAR) fue creada en 2006 por la Ley Nacional N.º 26.168, como respuesta a una crisis ambiental estructural. Su creación se inscribió en un proceso judicial iniciado por vecinos de la cuenca, que culminó en 2008 con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que responsabilizó al Estado por el deterioro ambiental e intimó a delinear y ejecutar un plan de saneamiento integral.
ACUMAR es un organismo público interjurisdiccional que reúne al Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el mandato de articular políticas públicas integrales para recomponer el ambiente y mejorar la calidad de vida de la población. El Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) constituye su principal herramienta de planificación.
Si bien el organismo continúa produciendo informes técnicos y acciones de monitoreo, organizaciones sociales y académicas señalan desafíos persistentes vinculados a la fiscalización efectiva, la coordinación entre jurisdicciones y la profundidad de los cambios reales en la calidad ambiental.
La problemática de la cuenca Matanza–Riachuelo no puede comprenderse ni abordarse desde una única dimensión. La degradación ambiental, la desigualdad habitacional y las consecuencias sanitarias forman parte de un entramado histórico consolidado a lo largo de décadas. El saneamiento de la cuenca no es solo un desafío técnico, sino una cuestión estructural de justicia territorial y social, que requiere políticas públicas integrales, sostenidas en el tiempo y basadas en evidencia científica, con presencia estatal efectiva y capacidad real de control.
