El Sindicato de Trabajadores Municipales denunció públicamente al bloque de concejales de Unión por la Patria por ‘transgredir e incumplir’ la Ordenanza 4073 sobre Violencia Laboral aprobada el año pasado. A través de un Comunicado emitido este martes, el gremio dio a conocer oficialmente su posición respecto de la Sesión Especial en la que el Concejo trató la moción para apartar transitoriamente de su banca al concejal oficialista Antonio Ligari, hasta tanto se aclaren episodios de violencia y extorsión que le adjudicó en una denuncia la directora de la Casa del Niño San Martín.
“Insólitamente, luego de aprobar el pase a comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos, continúa el debate y proceden a enviar al Archivo todo lo actuado en la misma sesión, un hecho totalmente incomprensible y corporativo”, cuestionaron fuentes sindicales, citando que en una muestra de empatía y solidaridad con su afiliada, el STMB había girado al HCD el pedido de aplicar la Ordenanza vigente desde el 26 de junio de 2024, sumando al pedido documentación como la denuncia radicada ante la Comisaría de la Mujer, más las medidas de protección dictadas por el Juzgado de Paz y el posterior traslado al Juzgado Contencioso Administrativo.
“Sólo nueve meses pasaron desde la sanción de la Ordenanza 4073 presentada por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Berisso a través de la secretaría de la Mujer y la Familia, dónde priorizamos en particular la atención, ejecución y abordaje de la problemática de la violencia laboral que atañe a las y los trabajadores, donde se solicitó la elaboración de un protocolo de acción frente a un caso de esas características”, se lee en el Comunicado del STMB, en donde además se recuerda que la planificación del proyecto tuvo la colaboración de letrados especializados en la Ley 14.040 Violencia Laboral Municipal y el decreto/ley Nº 6769/58, texto actualizado con las modificaciones introducidas en las normas vigentes en la Ley Orgánica de las Municipalidades Nº14.656.
“Cómo organización gremial seguiremos firmes en nuestra posición en defensa de los derechos de las y los trabajadores. Las acciones corporativas alejadas de principios políticos, será responsabilidad de quien las ejecuta”, se concluye en el escrito.
