[BUENOS AIRES, SciDev.Net] En Chile, los llamados Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) han mejorado la situación de las costas del país, regulado la expansión de la industria salmonífera, con desarrollo local y conservación de la zona, y se han transformado en un ejemplo para el mundo de cómo gestionar zonas productivas.
Así afirma un trabajo publicado en la revista Marine Policy y titulado “Recuperar nuestro mar: gobernanza indígena y conservación biocultural de los bienes comunes costeros y marinos”, que analiza el caso de la aplicación particular de los ECMPO en la comuna de Quellón, en el archipiélago de Chiloé.
“Estas áreas entregadas en administración a los pueblos costeros originarios permiten incorporarlos en la toma de decisión y regular los usos de los océanos, tras haber sido históricamente marginados de los procesos de decisión sobre las actividades productivas, los ejercicios de conservación y la protección del mar”, dijo a SciDev.Net Francisco Araos, investigador del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile y uno de los autores del estudio.
“El trabajo de campo, realizado durante el segundo semestre de 2022, permitió conocer de cerca las experiencias, aprendizajes y expectativas de la comunidad en torno a la gestión del ECMPO”, agregó Daniel Carrasco, otro de los autores e investigador en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona.
En Chile, los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios de Chile son una de las experiencias de comanejo indígena de zonas con valor social y productivo. Crédito de la imagen: Daniel Caniullán.
Esta comunidad fue una de las primeras en solicitar e implementar la figura legal, que “tiene el potencial de impulsar formas alternativas de desarrollo, gobernanza y conservación desde lo local”, agregó, al reconocer “usos consuetudinarios, la democratización de la gobernanza costera, la promoción de economías comunitarias y una conservación marina más inclusiva”.
Sin embargo, no todas son rosas. La ley Lafkenche (que significa “gente de mar”, en idioma mapuche), de 2008 y que posibilitó los ECMPO, también ha generado tensiones a nivel local con otros actores “que ven restringidas sus aspiraciones y derechos históricos, como los pescadores artesanales”, dijo Araos. “Son tensiones que hay que gestionar, con el Estado nacional como garante”, agregó.
La ley, en definitiva, como otras normas socio-ecológicas latinoamericanas, es un punto de inicio, no el final del recorrido. “Es una opción que se abre para promover la sustentabilidad y la justicia social en los océanos”, concluyó Araos
Desde el terreno
“Es una ley que los pueblos originarios ganamos con mucho esfuerzo y que busca reconocer el uso consuetudinario, nuestras prácticas tradicionales como la pesca artesanal”, dijo a SciDev.Net Daniel Arturo Caniullán Huentel, lonko (jefe) de la comunidad Pu Wapi de Las Guaitecas, en una isla de la región Aysén, en el sur chileno.
La ley Lafkenche, que posibilitó los ECMPO, reconoce las prácticas tradicionales de los pueblos originarios, como la pesca artesanal. Crédito de la imagen: Daniel Caniullán.
Caniullán Huentel es buzo mariscador y el fruto de su trabajo se exporta principalmente a Japón, según comentó. “La gran mayoría de las familias que trabajamos tenemos conexión directa con el borde costero”, dijo el líder de la comunidad de unas 24 familias. “El mayor enemigo de estos territorios es la industria salmonera, que ha deteriorado el fondo marino y lo transforma en un desierto marino por el alto uso de antibióticos, de químicos y de pesticidas”, explicó.
Aunque la ley ha restringido el avance de la industria salmonera, ésta no se ha rendido, y en el caso que involucra a la comunidad de Caniullán Huentel hay un conflicto judicial por el uso del territorio que está en la Corte Suprema chilena.
“Es una ley que los pueblos originarios ganamos con mucho esfuerzo y que busca reconocer el uso consuetudinario, nuestras prácticas tradicionales como la pesca artesanal”.
Daniel Arturo Caniullán Huentel, lonko (jefe) de la comunidad Pu Wapi de Las Guaitecas, región de Aysén, Chile
Según cuenta Caniullán Huentel, uno de los problemas que tiene el Estado nacional para aplicar la ley es la lejanía. “El gobierno central está a 1.500 kilómetros y no saben la verdad de lo que vivimos. Las autoridades están a tres días de navegación. Ni las propias autoridades que pone el gobierno central ven el problema”, indicó.
“Nosotros cumplimos con las condiciones por las cuales se podía reclamar derecho marítimo de un territorio. Uno de los artículos, el 10 de la ley, dice que una vez que se inician los procesos de ECMPO se suspenden otras solicitudes para salmoneras o personas natural o de pesca artesanal”, pero la situación escaló y la industria pidió permisos de explotación en la zona.
Ese es el tipo de problema con el que deben lidiar actores que incluyen ONGs, otras comunidades indígenas, activistas indígenas y no indígenas, la academia y que han construido una comunidad de aprendizaje que ha movilizado los espacios costeros. “Esa articulación es la clave del éxito”, aportó Araos.
Justamente es lo que señala el artículo de Marine Policy: “La ley ha generado controversia debido a varios factores, entre ellos la falta de recursos y capacidad gubernamental para implementarla, el complejo entramado de cosmovisiones y regulaciones existentes en el territorio, los largos tiempos de tramitación y los conflictos por el uso del espacio con actores de la acuicultura y la pesca”.
Finalmente, para Micaela Camino, investigadora del Centro de Ecología Aplicada del Litoral y el Conicet argentino, que trabaja en el rol de los pueblos indígenas en la conservación y que no participó del estudio, considera “de suma importancia” el trabajo hecho en Chile ya que “puede generar formas alternativas de desarrollo territorial y conservación marina, contribuyendo al bienestar socio-ecológico local”, finalizó.
Este artículo fue producido por la oficina de América Latina y el Caribe de SciDev.Net.
