El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó un decreto que denuncia en “todo su contenido” el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela, dejando sin efecto el mecanismo que facilitaba visas y residencias para ciudadanos venezolanos en el país andino. El acuerdo entre ambas naciones nació hace quince años.
La decisión del Ejecutivo responde a una solicitud formal presentada el 11 de marzo por Noboa, quien justificó la medida ante la Cancillería por la existencia de “suspensiones y recortes de varias fuentes de financiamiento para los programas que apoyan al Ecuador en materia migratoria”, según consta en la resolución ejecutiva.
Por este motivo, desde el pasado 1 de septiembre, Ecuador solicita una Visa de Visitante Temporal de Transeúnte a ciudadanos de unos cuarenta países, entre ellos Venezuela, como parte de estrategias para endurecer el control migratorio.
“La implementación de la medida busca fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio”, comunicó en agosto la Cancillería, que reiteró el compromiso del gobierno ecuatoriano “con el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y a la observancia del marco legal vigente”.
El Estatuto Migratorio, firmado hace quince años y ratificado durante el mandato de Correa, permitió procedimientos simplificados para que los venezolanos obtuvieran visas y permisos de residencia en Ecuador.
La Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó en agosto de 2024 la terminación del Estatuto con 86 votos favorables provenientes del oficialismo, del Partido Social Cristiano (PSC) y de Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
El movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa, optó por abstenerse. Durante el debate, Ricardo Patiño, ex canciller y firmante original del acuerdo, sostuvo: “No nos oponemos, pero votaremos en abstención”, y manifestó que lo ideal sería mantener estas alianzas en beneficio de ciudadanos de ambos países.
Actualmente, el país registra una de las comunidades venezolanas más numerosas de la región, con aproximadamente 444.800 personas, de acuerdo con datos publicados en 2024 por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).
Noboa dispuso el traslado temporal de la sede del Ejecutivo de Quito a Latacunga (Cotopaxi), según el decreto que reafirma el objetivo de mantener la presencia estatal en regiones con mayor demanda de diálogo y gestión directa, particularmente tras las recientes protestas por la eliminación del subsidio al diésel.
El gobierno aclaró que la desconcentración administrativa no modifica el estatus de Quito como capital de la República ni altera la estructura del Estado.
La Presidencia aseguró que “esta medida responde a la necesidad de que las autoridades se ubiquen en territorios donde la situación social exige presencia estatal y diálogo directo”. El mismo decreto establece que la vicepresidenta María José Pinto desempeñará sus funciones en Otavalo (Imbabura).
Según la justificación del texto oficial, las facultades de desconcentración y organización de la función Ejecutiva “implica no solo una estructuración funcional sino también una proximidad física del Gobierno con la ciudadanía en todo el territorio nacional, para lograr una gestión pública inclusiva y cercana a las realidades y necesidades de la población”.
(Con información de EFE)
