Artículo de opinión escrito por Ángeles Ferreira de la Red por el Derecho a la Educación de Paraguay sobre la situación del derecho humano a la educación de personas jóvenes y adultas indígenas, especialmente mujeres. La inversión en educación indígena es insuficiente. Es urgente fortalecer políticas interculturales, mejorar la capacitación docente y garantizar participación de las comunidades.
Ángeles Ferreira
Doctora en Educación y Sociedad. Coordinadora de la Red por el Derecho a la Educación de Paraguay.
Es fundamental centrar la atención en la educación de jóvenes y adultos indígenas, especialmente mujeres, debido a la profunda marginalización y exclusión que enfrentan estas comunidades. La vulneración de su derecho a la educación, agravada por un sistema educativo público deficiente, limita su acceso a oportunidades de desarrollo personal y comunitario.
En Paraguay la invisibilidad de esta población en las políticas educativas constituye una grave omisión. A pesar de los compromisos internacionales, como el Marco de Acción de Marrakech, el país aún no logra garantizar una oferta educativa que se ajuste a las necesidades específicas de este sector. Esta falta de reconocimiento, combinada con la pobreza, la exclusión y los desplazamientos forzosos que sufren las comunidades indígenas, impacta desproporcionadamente en las mujeres, quienes enfrentan una doble vulnerabilidad por su etnia y género.
Priorizar la educación para jóvenes y adultos indígenas es esencial no solo para asegurar su derecho a una educación de calidad sino también para impulsar un proceso de transformación social que rompa ciclos de discriminación y exclusión. A pesar de los avances normativos promovidos por el Ministerio de Educación y las iniciativas de diversas organizaciones sociales, el sistema educativo todavía presenta barreras significativas. La discriminación, el racismo estructural y la exclusión continúan limitando el acceso a una educación verdaderamente transformadora y emancipadora.
Ante esta realidad resulta urgente visibilizar y abordar las particularidades de la educación indígena, con un enfoque especial en las mujeres, cuyas experiencias reflejan desigualdades profundas. Este artículo explora el contexto educativo indígena en general y profundiza en la situación de jóvenes y mujeres indígenas, proponiendo acciones que conviertan la educación en un motor de cambio para estas comunidades.
Con aproximadamente 117.000 personas indígenas, distribuidas en 19 etnias y cinco familias lingüísticas (DGEEC, 2012), el acceso a servicios esenciales sigue siendo alarmantemente deficiente.
Contexto
En Paraguay la población indígena enfrenta significativas barreras en términos de acceso a servicios básicos, calidad de vida y reconocimiento social. La invisibilidad de estas comunidades es un problema persistente, exacerbado por la falta de datos específicos que limiten la capacidad del Estado para formular políticas inclusivas. La omisión de la pregunta sobre identificación étnica en el Censo Nacional de 2022, como señala la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy, 2022), evidencia una preocupación crítica que perpetúa la marginalización de los pueblos indígenas (Ayala, 2022). Sin información adecuada se dificulta el análisis de las necesidades y condiciones de vida de estas comunidades, perpetuando su situación de vulnerabilidad.
Con aproximadamente 117.000 personas indígenas, distribuidas en 19 etnias y cinco familias lingüísticas (DGEEC, 2012), el acceso a servicios esenciales sigue siendo alarmantemente deficiente. Según datos de Tierra Viva (2022), solo el 63,7% de la población indígena tiene acceso a electricidad, en comparación con el 99,5% del promedio nacional, y solo el 56,5% dispone de agua potable, frente al 81,2% a nivel nacional. Estas carencias, junto con altas tasas de pobreza –66,16% de la población indígena vive en condiciones de pobreza, de las cuales un 32,4% se encuentra en situación de pobreza extrema (EPH, 2018)–, subrayan la profunda desigualdad que enfrenta esta población.
Además, la relación entre los pueblos indígenas y el Estado paraguayo ha sido históricamente conflictiva, marcada por luchas constantes por la tierra y los recursos naturales. En 2021 la organización BASE IS[1] documentó 15 desalojos forzosos que afectaron a 4.500 personas indígenas, evidenciando la persistente criminalización de estas comunidades (BASE IS, 2022).
La marginación y los procesos de urbanización forzada han intensificado la pobreza y la exclusión, especialmente entre las mujeres, quienes enfrentan mayores vulnerabilidades en entornos urbanos (CDIA, 2019). Este contexto resalta la urgencia de revisar y fortalecer las políticas educativas con una perspectiva intercultural que responda a las necesidades específicas de las comunidades indígenas, promoviendo así la transformación social y garantizando el ejercicio pleno de sus derechos.
Una práctica particularmente preocupante es el “criadazgo”, que afecta especialmente a las niñas. En este contexto, se las entrega a otras familias bajo la promesa de una crianza segura pero a menudo terminan asumiendo roles laborales sin compensación y expuestas a abusos.
El enfoque en las mujeres
Las mujeres jóvenes y adultas indígenas en Paraguay enfrentan una realidad compleja y multifacética que las sitúa en una posición de vulnerabilidad significativa. Según el Observatorio Ciudadano Educativo (2021), el 68% de estas mujeres vive en condiciones de pobreza, lo que limita drásticamente sus oportunidades de desarrollo personal y profesional.
La violencia de género constituye otro factor crítico en su situación. Si bien faltan datos precisos sobre la violencia que afecta a las mujeres indígenas, existen indicios de que esta problemática es alarmante. La Encuesta Nacional sobre la Situación de las Mujeres en Paraguay (Ensimup) de 2021 subraya la urgencia de abordar esta cuestión; sin embargo, la ausencia de un análisis específico sobre la violencia hacia las mujeres indígenas refleja la falta de compromiso estatal en este ámbito. Esta escasez de información dificulta la formulación de políticas efectivas que atiendan sus necesidades y experiencias. Según Ayala (2022), esta problemática ha sido históricamente ignorada, frecuentemente justificada por concepciones culturales que trivializan las relaciones sexuales entre niñas y adultos.
Una práctica particularmente preocupante es el “criadazgo”, que afecta especialmente a las niñas. En este contexto, se las entrega a otras familias bajo la promesa de una crianza segura pero a menudo terminan asumiendo roles laborales sin compensación y expuestas a abusos. Aunque el Estado ha implementado algunas medidas para apoyar a las mujeres víctimas de violencia, como la línea de ayuda “SOS MUJER” y el Programa de Atención Integral de Niñez Indígena (PAINI), creado en 2021 para mejorar las condiciones de vida de las familias indígenas, aún queda mucho por hacer para garantizar su protección y bienestar.
En cuanto a la tasa de analfabetismo, los datos indican un aumento, alcanzando el 6,8% en 2019, con un impacto mayor en comunidades rurales y en mujeres adultas.
El contexto educativo
En cuanto al ámbito educativo el país cuenta con la Ley de Educación Indígena Nº 3231/2007 que promueve una iniciativa intercultural que respeta la diversidad de las comunidades indígenas, en línea con la Constitución Nacional y la Ley Nº 1264/98, que reconocen al país como multiétnico y pluricultural.
Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (2021), existen 605 instituciones educativas indígenas, representando el 5,9% del total, con un aumento a 646 instituciones en 2023, atendiendo a 35.295 estudiantes (2,3% de la matrícula total).
El Registro Único del Estudiante (RUE) permite sistematizar información sobre los estudiantes. De los 35.295 estudiantes indígenas matriculados, 3.733 (10,6%) están en Educación Inicial, 22.394 (63,4%) en el 1° y 2° ciclo de Educación Escolar Básica, 5.412 (15,3%) en el tercer ciclo y 2.700 (7,6%) en Educación Media. La Educación Permanente cuenta con 1.056 estudiantes (3%). La matrícula se distribuye mayoritariamente en instituciones oficiales (92,8%) y rurales (92,4%).
La Ley Nº 5347/2014 garantiza el acceso de postulantes indígenas a la educación terciaria, aunque no hay datos recientes sobre la matrícula en universidades. Investigaciones indican que solo alrededor del 50% de los indígenas que completan la Educación Básica continúan en secundaria. En 2022 la Universidad Nacional de Asunción reportó solo ocho egresados indígenas. La inserción temprana en el mundo laboral y la falta de oferta educativa adecuada en sus comunidades contribuyen a la deserción.
En cuanto a la tasa de analfabetismo, los datos indican un aumento, alcanzando el 6,8% en 2019, con un impacto mayor en comunidades rurales y en mujeres adultas. Entre la población indígena la tasa de analfabetismo fue del 37,6%, siendo más alta en mujeres (40,81%).
Y en relación al cuerpo docente en instituciones educativas indígenas, los datos plantean que comprende 2.243 docentes, de los cuales 1.312 son indígenas. La mayoría solo tiene un título de secundaria, lo que podría afectar la calidad educativa que reciben los estudiantes.
A pesar de la existencia de programas de becas y subsidios para estudiantes indígenas, es evidente que se requieren esfuerzos adicionales para asegurar un acceso equitativo a la educación de calidad.
Becas y apoyo a estudiantes
La oferta de becas y apoyo estudiantil para estudiantes indígenas en Paraguay es crucial a fin de promover la inclusión educativa y mejorar el acceso a una educación de calidad. Según la Dirección de Nivel del Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica (EEB) y Nivel Medio indígena en 2023 se implementó un programa de becas que benefició a 71 de las 146 instituciones de Tercer Ciclo y a 66 de las 69 instituciones de Nivel Medio. Sin embargo, es importante destacar que no existen estadísticas que detallen el número de estudiantes beneficiados por cada institución, lo que dificulta la evaluación del impacto real de estas becas.
En el ámbito de la educación superior el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) informó que se han otorgado 33 becas a estudiantes indígenas para la formación docente, abarcando diversas etnias en diferentes departamentos del país. Estas becas proporcionan un apoyo económico personal e intransferible, destinado a cubrir gastos académicos durante el año lectivo.
Además, la Itaipú Binacional concedió becas a 18 estudiantes indígenas en 2023, financiadas con recursos de Responsabilidad Social. Para acceder a estas becas los solicitantes deben superar una evaluación de conocimientos básicos en castellano y matemática, además de presentar documentación habilitante del Instituto Nacional del Indígena (Indi). Sin embargo, la falta de desagregación por etnia o sexo limita el análisis sobre la distribución equitativa de estas becas.
El Indi también gestiona un programa de Subsidio Estudiantil para Estudiantes Indígenas de Carreras de Nivel Superior, que en 2022 amplió sus cupos de 400 a 600 beneficiarios. En 2023, de los 600 registros asignados, 360 son para mujeres y 240 para hombres. Este subsidio mensual de 500.000 guaraníes (aproximadamente US$ 69) se entrega durante ocho meses, totalizando cerca de 2.400.000 guaraníes (aproximadamente US$ 333) por beneficiario al año. Aunque este apoyo económico es fundamental para que los estudiantes indígenas continúen su formación académica, se ha señalado que la cantidad no es suficiente para cubrir todos los gastos asociados a la educación superior, como materiales, transporte y alojamiento.
Un estudio realizado por Juntos por la Educación (2022) reveló que los hogares urbanos invierten un promedio de 176.000 guaraníes mensuales en educación, mientras que los hogares rurales destinan solo alrededor de 31.000 guaraníes. Esto refleja una profunda desigualdad en el acceso a la educación, y cuando se consideran los subsidios del programa “Tekoporã”, que proporciona 450.000 guaraníes cada dos meses, se observa que una familia no indígena destinaría cerca del 80% de ese apoyo solo para cubrir los costos educativos, mientras que las familias indígenas no lograrían cubrir sus gastos con la misma suma.
En resumen, a pesar de la existencia de programas de becas y subsidios para estudiantes indígenas, es evidente que se requieren esfuerzos adicionales para asegurar un acceso equitativo a la educación de calidad. La retroalimentación de las comunidades indígenas sobre estas iniciativas será vital para mejorar la efectividad y la pertinencia de las políticas educativas, garantizando que todos los estudiantes tengan la oportunidad de alcanzar su potencial.
Los costos ocultos asociados a los materiales y certificados pueden limitar el acceso real a la formación, lo que repercute en la equidad y la inclusión dentro del sistema educativo.
Oferta en Formación Técnica y Profesional
En Paraguay la oferta de formación técnica y profesional está organizada a través de la colaboración entre diversas entidades y ministerios, con el Consejo Nacional de Educación y Trabajo como el órgano consultivo que coordina las principales líneas de trabajo. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) son los dos ministerios clave en esta regulación.
Aunque el MEC se enfoca en el Bachillerato Técnico y la Educación Media, es fundamental reconocer que la educación no solo se limita a la preparación para el trabajo sino que también busca atender las necesidades del mercado laboral. Por su parte, el MTESS cuenta con programas como el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), que intentan abordar las demandas del mercado laboral. Sin embargo, existen limitaciones significativas en esta oferta formativa, especialmente en relación con las necesidades específicas de las mujeres indígenas. Muchos de los cursos no se adaptan a las prioridades y contextos de las beneficiarias, lo que puede generar desinterés y una desconexión entre la formación ofrecida y las expectativas de las participantes.
Asimismo, aunque se presentan como gratuitos, los costos ocultos asociados a los materiales y certificados pueden limitar el acceso real a la formación, lo que repercute en la equidad y la inclusión dentro del sistema educativo. Por lo tanto, es crucial promover un enfoque más participativo que considere las realidades y aspiraciones de las jóvenes indígenas para garantizar que la formación técnica y profesional cumpla efectivamente su propósito de empoderar a estas mujeres en su desarrollo laboral y personal.
Las comunidades indígenas en Paraguay se encuentran en una encrucijada de vulnerabilidades que abarcan aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales.
Inversión, una deuda pendiente
La escasez de recursos asignados a la educación indígena no solo limita el acceso a una educación de calidad sino también perpetúa la exclusión social y económica de estos grupos. Según datos de la Dirección General de Educación Escolar Indígena, el presupuesto para la educación indígena en Paraguay representa solo un 0,06% del presupuesto total del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), lo que resulta en una inversión media de apenas US$ 110.000 para el año 2023 (Zevaco, 2021).
Esta falta de financiación específica impide el desarrollo de programas educativos adaptados a las realidades culturales y lingüísticas de las comunidades indígenas, contribuyendo a una alta tasa de deserción escolar del 41% en la educación secundaria (Unicef, 2022). Para abordar esta situación es fundamental que el Estado implemente políticas de financiamiento inclusivas que consideren las particularidades de la educación indígena, garantizando así que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para alcanzar su potencial.
A pesar de la existencia de programas de becas y subsidios para estudiantes indígenas, es evidente que se requieren esfuerzos adicionales para asegurar un acceso equitativo a la educación de calidad.
Las comunidades indígenas en Paraguay se encuentran en una encrucijada de vulnerabilidades que abarcan aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales. La persistencia de la desigualdad y la pobreza exige una respuesta inmediata y efectiva por parte del Estado y la sociedad en general. Para romper el ciclo de exclusión es fundamental implementar medidas proactivas que garanticen el acceso a derechos fundamentales, como la tierra, la educación, la salud, la vivienda y la participación ciudadana.
La recopilación de datos precisos sobre la situación de las comunidades indígenas, especialmente sobre las mujeres, es una necesidad urgente para formular políticas públicas efectivas que aborden las desigualdades y desafíos actuales.
Algunas reflexiones
Los datos indican una alarmante deserción escolar y altos niveles de analfabetismo, lo que pone de manifiesto la urgencia de diseñar programas educativos adaptados a sus contextos y necesidades. Es crucial no solo ampliar la oferta educativa sino también evaluar su pertinencia y eficacia, incorporando enfoques que atiendan las particularidades de las comunidades indígenas. Las experiencias exitosas de creación de materiales pedagógicos en lenguas maternas evidencian que es posible desarrollar propuestas educativas contextualizadas y relevantes. Además, se debe fortalecer la capacitación de educadores indígenas para elevar la calidad educativa en estas comunidades.
La recopilación de datos precisos sobre la situación de las comunidades indígenas, especialmente sobre las mujeres, es una necesidad urgente para formular políticas públicas efectivas que aborden las desigualdades y desafíos actuales. La falta de información adecuada sobre sus derechos económicos, sociales y culturales limita la capacidad del Estado para desarrollar intervenciones significativas.
En última instancia, la solución a estos desafíos requiere no solo un aumento en la inversión pública y la creación de políticas integradas que salvaguarden los derechos de los pueblos indígenas sino también el reconocimiento del potencial organizativo de estas comunidades. El diálogo y la construcción de acuerdos políticos son esenciales para avanzar hacia un futuro más equitativo y justo, donde las mujeres indígenas y sus comunidades puedan alcanzar su pleno potencial y contribuir al desarrollo de la sociedad en su conjunto.
Fuente: Revista Acción, Octubre 2024, Nº 441, Época III. Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch (CEPAG).
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[1] Crece la violencia contra los Pueblos Indígenas – baseis.org.py
