Las autoridades de la Justicia neuquina tuvieron que poner en marcha un plan de emergencia
La escalada de tensión en el Poder Judicial neuquino sumó un nuevo capítulo que enciende alarmas: la declaración de emergencia para garantizar el funcionamiento mínimo del servicio. La decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) expone con claridad el nivel de afectación provocado por las medidas de fuerza impulsadas por el gremio SEJUN, cuya dirigencia insiste en profundizar el conflicto pese a las instancias de negociación abiertas.
El TSJ activó un protocolo excepcional con el objetivo de preservar el acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables. Para ello, conformó una Comisión Operativa de Emergencia integrada por autoridades judiciales de toda la provincia y dispuso la reasignación de funcionarios para sostener áreas críticas como familia, penal y laboral. Se trata de una respuesta institucional frente a una situación que ya no es meramente gremial, sino que impacta directamente en derechos esenciales de la ciudadanía.
Lo que agrava el escenario es que el conflicto se produce en un contexto en el que los trabajadores judiciales ya cuentan con condiciones que los ubican entre los mejores posicionados del país. No sólo perciben salarios altos en comparación con los del resto, sino que además tienen beneficios laborales diferenciales, como la feria judicial durante todo enero y la mitad de julio, un esquema que dista mucho de la realidad de la mayoría de los trabajadores de todo el país.
Aun así, en la última negociación salarial se les ofreció un esquema similar al del resto de la administración pública provincial, con actualización trimestral atada a la inflación. A esto se sumaron dos bonos extraordinarios de 400.000 pesos, una asignación adicional en cuotas ajustadas por IPC, ayuda escolar extraordinaria y una suma de 350.000 pesos destinada a capacitación. Pese a este paquete integral, la conducción sindical lo rechazó de plano.
El contraste es evidente: mientras todos los demás gremios estatales aceptaron hace tiempo la pauta salarial propuesta, la dirigencia de SEJUN optó por una postura intransigente que prolonga innecesariamente el conflicto. Lejos de fortalecer una negociación razonable, la decisión de sostener paros y medidas de fuerza termina perjudicando a miles de vecinos que ven demorados o directamente paralizados sus trámites judiciales.
En este contexto, la declaración de emergencia no hace más que confirmar que se ha cruzado un límite. La tensión no responde a una demanda legítima insatisfecha, sino a una estrategia caprichosa e infundada que pone en jaque el normal funcionamiento de la justicia. Cuando un gremio prioriza la confrontación por sobre el servicio esencial que debe garantizarse, el costo lo paga toda la sociedad.
