El poder político en Salta debe comenzar a escuchar, con humildad y responsabilidad, los mensajes que las urnas envían. La palabra de quienes ocupan roles fundamentales en el gobierno no puede seguir siendo vaciada de contenido bajo la lógica cínica de que en política «todo vale». La confianza pública se reconstruye con coherencia, no con promesas oportunistas ni discursos que se evaporan al primer cruce de intereses.
El poder político en Salta debe comenzar a escuchar, con humildad y responsabilidad, los mensajes que las urnas envían. La palabra de quienes ocupan roles fundamentales en el gobierno no puede seguir siendo vaciada de contenido bajo la lógica cínica de que en política «todo vale». La confianza pública se reconstruye con coherencia, no con promesas oportunistas ni discursos que se evaporan al primer cruce de intereses.
Es hora de desterrar la mentira desde las más altas esferas del poder. No como gesto aislado, sino como señal ejemplificadora. Los discursos cargados de grandilocuencia y dramatismo, donde algunos se presentan como herederos del legado de Güemes, ya no conmueven: la ciudadanía ha dejado de creer en espejitos de colores. El pueblo se cansó de ser subestimado y burlado por quienes hacen de la impostura un estilo de gestión.
La reforma
En 2020, el gobernador Gustavo Sáenz apeló al tono emotivo para justificar la necesidad de una reforma constitucional que –según él– apuntaba a fortalecer la democracia para las futuras generaciones. El proyecto se concretó en 2021 con mayoría propia en la Convención Constituyente, donde sus representantes se encargaron de evitar cualquier cláusula que impidiera su reelección por tres mandatos consecutivos. Quedó claro entonces que la república soñada no era para sí mismo. Esa Constitución, en su artículo 156, establece que los jueces deben durar diez años en sus cargos sin posibilidad de reelección, un principio que el gobernador prometió aplicar con firmeza. Sin embargo, ahora propone la continuidad del exjefe de fiscales Pablo López Viñals como juez de Corte, en contradicción directa con lo que él mismo impulsó. Lo que se presentó como una reforma honesta y transformadora termina hoy desmentido por sus propios actos.
Todo indica que el Senado provincial aprobará el pliego en tiempo récord, como suele ocurrir con las iniciativas del Ejecutivo. Este proceder expone con crudeza el desequilibrio de poderes en la provincia y la creciente concentración de decisiones en una sola figura. Hablar de republicanismo y democracia bajo estas condiciones no solo resulta vacío, sino también ofensivo para una ciudadanía que exige instituciones sólidas, transparentes y legítimas.
Nuevas voces
La renovación judicial debe ser real y profunda. Salta necesita abrir paso a nuevas voces, a otras miradas, capaces de interpretar los desafíos de un tiempo complejo y desigual. La permanencia indefinida de las mismas personas en los cargos clave no fortalece al sistema institucional: lo estanca, lo vuelve predecible y desconectado. La alternancia es una condición indispensable para revitalizar la justicia y devolverle credibilidad.
Nueve integrantes
Además, la composición de la Corte de Justicia debe ser revisada con seriedad. Reducir su número a cinco miembros sería un paso razonable hacia un funcionamiento más eficiente y ágil. La Corte con nueve integrantes, como existe actualmente, no ha demostrado mejoras perceptibles para la ciudadanía. La magnitud de la estructura no garantiza justicia si no hay voluntad real de transformación.
En conclusión, la reforma constitucional impulsada, promovida y sancionada bajo el liderazgo de Sáenz no ha generado, hasta el momento, garantías institucionales verificables. La calidad democrática en Salta continúa deteriorándose. Y con ella, el valor de la palabra del gobernador, que se desdibuja cada vez más, como un eco lejano de promesas incumplidas.
