Gustavo Petro, presidente de Colombia, es señalado por sectores de la izquierda brasileña como un referente en la «lucha contra la derecha». En el país vecino, Petro se encuentra inmerso en disputas políticas que involucran a la oposición entre el poder Ejecutivo y Legislativo, donde se desarrollan acuerdos y pactos para que se aprueben algunas medidas gubernamentales. El Congreso colombiano está compuesto actualmente por una mayoría de partidos de derecha, algunos de los cuales conformaron su base al inicio del mandato. Ante la caída de la popularidad presidencial, Petro, que encabeza la coalición del Pacto Histórico, se vio en la disyuntiva de reaccionar ante la oposición del Congreso a sus proyectos, recurriendo a la convocatoria de manifestaciones populares.
Debido a ello, el presidente colombiano, en determinados segmentos de la opinión pública progresista, es comparado con Lula. Este también tiene que lidiar con la oposición del Congreso en Brasil y ha sufrido derrotas significativas, como en el caso del aumento del Impuesto a las operaciones financieras (IOF). Sin embargo, el actual líder del Frente Amplio brarileño intenta presentarse como «víctima del Congreso y del Centrão«, ocupado en su mayoría por partidos reaccionarios de la derecha dura que aplicaron ajustes a la población pobre y trabajadora, que fueron la base del nefasto gobierno de Jair Bolsonaro. Hoy, muchos de esos partidos forman parte de la base del propio gobierno de Lula. Republicanos, União Brasil, PSD, MDB y el PSB de Alckmin, todos con ministerios en el gobierno, fueron responsables del 70 % de los votos en contra del aumento del IOF.
Con baja popularidad debido a su propia política de preservación de la agenda económica que se impuso tras el golpe institucional de 2016, manteniendo las contrarreformas de Temer y Bolsonaro (laboral y jubilatoria) y gobernando en nombre de los capitalistas, Lula reaccionó levantando la bandera de los «impuestos a los súper ricos», tomando las precauciones necesarias para que esto no estimulara movilizaciones o respuestas masivas en las calles difíciles de controlar. Así, trató de institucionalizar una reivindicación legítima de la población en un país estructuralmente organizado en torno a los beneficios fiscales, financieros y tributarios del gran capital, mientras millones de personas viven el desempleo, el hambre y la precariedad laboral. Los 600 000 millones de reales entregados por Lula al agronegocio en forma del Plan Safra son solo una expresión de los efectos nocivos de la conciliación de clases del PT. La manifestación del día 10 organizada por las burocracias sindicales es progubernamental y se inscribe en la estrategia de pacificación entre los poderes. Su objetivo es mezclar las reivindicaciones legítimas de las masas —la abolición del 6×1 en los días de trabajo, los impuestos progresivos a las grandes fortunas y la lucha contra el Congreso reaccionario— con la defensa de Lula y del Frente Amplio con la derecha.
Todo ello responde al interés declarado del Ejecutivo de hacer las paces con el Congreso, al que Lula agradeció por haber aprobado «el 99 % de sus medidas». Pero, ¿sería Gustavo Petro un modelo alternativo?
Los efectos de la administración capitalista en Colombia
Al igual que Lula en Brasil, Gustavo Petro atraviesa un largo proceso de desgaste y pérdida de popularidad. Elegido en junio de 2022 como el primer presidente autoproclamado «de izquierda» en Colombia, Petro presentó un discurso de defensa de los derechos populares como estrategia de renovación del régimen político nacional, desprestigiado por la decadencia, el atraso y los duros ataques antipopulares llevados a cabo por la derecha proimperialista encabezada por Álvaro Uribe y sus continuadores, los presidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque. En particular, de 2019 a 2021 hubo un ciclo continuo de protestas masivas contra Duque y sus ajustes neoliberales, con enfrentamientos en las calles contra la policía asesina, que se incluyeron en los fenómenos de resistencia latinoamericanos en Chile, Ecuador, Bolivia, Panamá, Haití, Puerto Rico, entre otros.
En estas condiciones, Petro buscó dar a su mandato un sello de renovación frente al legado de sus predecesores. Si se le compara con Lula, que conservó las contrarreformas de la extrema derecha, Petro lleva ventaja: promovió algunos cambios progresivos en jubilaciones y modificó puntos de la legislación laboral neoliberal de Uribe. Si se aplicara en la realidad, la reforma laboral del actual gobierno significaría el reconocimiento de un contrato de trabajo para los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el aumento del salario por horas extras y la imposibilidad de poder emplear a trabajadores temporales durante más de cuatro años. Pero la nueva reforma laboral de Petro no elimina ni prohíbe la subcontratación de mano de obra, ni propone una reducción de las horas de trabajo en un país en el que la gran mayoría de los trabajadores tienen jornadas largas, ni prevé que los salarios se indexen a la canasta básica y se aumenten automáticamente de acuerdo con la inflación.
Es natural que, en contraste con el conservadurismo de un Lula que preservó el grueso de las contrarreformas impuestas por la derecha desde 2016, el gobierno de Petro presente una postura relativamente más a la izquierda. Pero lo que no podemos olvidar es que Petro gobierna para los capitalistas: estas medidas están enmarcadas en una política de administración del capitalismo colombiano en colaboración con la clase empresarial. En busca de la unidad nacional con los capitalistas, no se modificaron los factores estructurales que sustentan el atraso y la dependencia de Colombia. El país mantiene una alta tasa de desigualdad social, la propiedad de la tierra está concentrada en pocas manos y sigue sufriendo masacres de luchadores sociales y campesinos.
Colombia tiene un sistema de salud muy caro en manos del sector privado. Sin embargo, en su propuesta de reforma sanitaria, Petro no propone eliminar la participación de los grandes sectores empresariales, que actúan como auténticos tiburones y que han obtenido grandes beneficios gracias a las políticas estatales de todos los gobiernos anteriores. Presenta un sistema limitado, regulado y mixto. Petro dice que no quiere acabar con los beneficios de estos sectores, considerando que la existencia de empresas privadas es compatible con la prestación de servicios de salud general para el pueblo, algo así como si existieran buitres «honestos» de la salud. Aun así, no logró aprobar la reforma sanitaria que deseaba debido a las disputas con el Congreso.
Colombia fue y sigue siendo un «aliado estratégico» de Estados Unidos y un «socio global» de la OTAN. ¿Cambió este estatus con la llegada de Gustavo Petro? No. Tan pronto como Petro asumió el cargo, se reunió con el secretario general de la alianza atlántica, ratificando su adhesión. Las bases militares estadounidenses continuaron y continuarán cooperando bajo el gobierno de Petro, como lo ratificó la realización de ejercicios militares. En esta relación, a pesar de algunos roces recientes, uno de los aspectos más importantes es que, en la práctica, Colombia se mantiene bajo la tutela militar de Estados Unidos. Desde 2009, por un acuerdo firmado durante la administración de Álvaro Uribe, Estados Unidos mantiene efectivos militares en el país. Según una entrevista de 2022 con Renán Vega, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, hay noticias de que unas 50 unidades estadounidenses, de 200 a 300 militares, además de personal de 25 agencias secretas de EE. UU., encabezadas por la CIA y la DEA, operan libremente para intervenir en el país «también en términos económicos, políticos, sociales y culturales». Tras participar en la Guerra de Corea (1950-53) junto al imperialismo estadounidense, las Fuerzas Armadas colombianas pasaron décadas de entrenamiento en la infame «Escuela de las Américas», sirviendo de puente para la injerencia imperialista en América Latina, algo que culminó en el llamado Plan Colombia. Esta imbricación avanzó hasta tal punto que, para proteger los intereses extranjeros en Colombia, surgieron «Batallones de Seguridad Energética, presentes en todos los lugares donde hay minería o explotación petrolera», según Vega. Esto no cambió para nada desde que Petro asumió la presidencia.
Se trata de un proyecto de subordinación directa de Colombia al imperialismo estadounidense, heredado de gobiernos anteriores, que se convirtió en algo estructural en el Estado. Este esquema sigue vigente, aunque bajo la nueva narrativa de Petro, donde la presencia de la maquinaria militar de guerra es ahora más «policial» que «militar», algo que no deja de sonar extravagante. Todo ello a pesar de que la intervención de Estados Unidos es en gran medida responsable, junto con las Fuerzas Armadas nativas, de la persecución, tortura y asesinato de innumerables líderes sindicales y populares en las últimas décadas, así como de la represión de las movilizaciones contra el ajuste. En otras palabras, aunque Petro se haya enemistado con Donald Trump en el tema de la inmigración e incluso en un intento de destitución articulado por el Partido Republicano, Petro mantiene la arquitectura que sirve de pivote para la intervención de Estados Unidos en los asuntos latinoamericanos.
Otra razón del descontento popular con el gobierno de Petro fue su intento de restablecer un «gran acuerdo nacional» con figuras empresariales y partidos de la derecha. Al comienzo de su mandato, formó un gobierno de coalición parlamentaria como parte del Acuerdo Nacional, que era prácticamente una copia de la Unidad Nacional durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos, con la excepción de que solo el partido Centro Democrático, de Uribe, quedaba fuera. Una coalición que entraría en crisis ya a mediados de 2023.
Entre 2023 y 2024 articuló mesas de negociación con el fin de acercar a los mayores capitalistas del país, como Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, además del propio líder de la derecha dura del Centro Democrático, Álvaro Uribe, que recibió el apoyo de Gustavo Petro en el momento en que se enfrentaba a acusaciones de corrupción. «Invité a los partidos políticos, empresarios y organizaciones sociales a sentarse y construir un gran acuerdo nacional sobre la reforma de la salud, la reforma del servicio público, la implementación del acuerdo de paz y la lucha contra la corrupción», dijo en agosto de 2024.
Para enviar esta señal al capital colombiano, había incluido en el Gobierno a funcionarios como el liberal Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo, del Partido Liberal, que fueron destituidos de sus cargos por desacuerdos. Aun así, los partidarios de la derecha siguen entrando en su gobierno: Julián Molina Gómez, en el Ministerio de Tecnología e Información; Patricia Duque Cruz, empresaria que fue funcionaria del derechista Juan Manuel Santos, asumió la cartera de Deportes; más siete viceministros de los partidos de la derecha tradicional (Partido Conservador, Partido Liberal y Partido de la Unión). El embajador de Colombia en Brasil, Guillermo Abel Rivera, fue ministro del Interior del represivo gobierno de Manuel Santos.
Esta conciliación con la derecha al inicio de su gobierno se hizo con el fin de no alterar el statu quo imperante y decir que estaba dispuesto a gobernar con todos los partidos tradicionales. Ahora Petro busca resistir la caída de popularidad por el bajo rendimiento económico y el desempleo en el país. Este sigue siendo alto en Colombia, situándose en el 9,3 %, lo que afecta a 2,3 millones de personas. El salario mínimo (que percibe el 45 % de la población trabajadora) es de 320 dólares estadounidenses. En esta situación, Petro siguió pagando la deuda externa generada por Iván Duque y los gobiernos anteriores. A pesar de las tensiones, mantiene las relaciones de subordinación de Colombia al FMI.
Esta situación combinada ha generado un desgaste contra el gobierno que, sin romper su política de conciliación de clases, trata de mejorar sus posiciones con medidas económicas consideradas justas, pero integradas en la estrategia de estabilización del régimen. Las manifestaciones convocadas por Petro se inscriben en la misma estrategia: defensa de la institucionalidad y del gobierno, para que vuelvan las relaciones normales con el régimen. No desea que se salgan de control, como las manifestaciones contra Iván Duque, que Petro había rechazado como «violentas», responsabilizando a los jóvenes en primera línea por la represión gubernamental: «No comparto la violencia, los disturbios ni los bloqueos en las manifestaciones de protesta contra el gobierno de Duque».
Esta es mi tercera alocución a la Nación Colombiana.
En los momentos de la más grande movilización social de nuestra historia reciente, les solicito reproducir este mensaje entre sus amigos y amigas. pic.twitter.com/6bZNPkCInR
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2021
Una política de independencia de clases basada en la movilización, contra las ilusiones en el Estado
La situación demuestra que, dentro de una política de conciliación de clases, incluso las medidas progresistas terminan siendo parciales y debilitadas por los acuerdos con el gran capital, que revierte en consecuencia lo que no le conviene. De ninguna manera se pueden promover manifestaciones que cuestionen la desigualdad y la miseria junto con un «acuerdo nacional» con la derecha y los empresarios. Petro ya demostró que quiere un apoyo disciplinado de las calles a los objetivos limitados del gobierno, y no está dispuesto a permitir que las manifestaciones adquieran una dinámica combativa e independiente contra la derecha. Se trata de la fórmula que allana el camino para los peores enemigos de la clase trabajadora. ¿Cómo se puede derrotar a la derecha apelando a la unidad con Uribe? ¿Cómo se puede superar el atraso y la dependencia sin enfrentar estructuralmente al imperialismo norteamericano y a los capitalistas?
Si esto es así en Colombia, más aún en Brasil, donde el Frente Amplio acoge en el seno del gobierno a los partidos de la derecha dura, donde Lula trabaja con el Supremo Tribunal Federal que ataca a los trabajadores y mantiene las relaciones diplomáticas y económicas con Israel en medio del genocidio en Gaza. No es posible depositar ninguna confianza en el Estado y sus instituciones para la solución de las demandas más sentidas de la población. Lula es alérgico a cualquier posibilidad de una lucha independiente y autoorganizada de nuestra clase: busca un apoyo pasivo y desorganizado a su intento de restablecer los lazos con el Congreso reaccionario, sin afectar los intereses de los capitalistas. Incluso el plebiscito contra la escala 6×1 y por cambios en el impuesto sobre la renta se presenta al margen de cualquier plan de lucha efectivo.
La articulación de las demandas más sentidas, debe hacerse sobre la base de la más amplia movilización independiente de los gobiernos y los capitalistas. Puede y debe potenciar la lucha contra las grandes reformas antipopulares y los ataques del gobierno de Lula, de la justicia y del Congreso. Esta lucha debe articularse con los pilares que perpetúan las desigualdades sociales y la explotación de las grandes mayorías sociales.
Por eso, como decimos en esta declaración, es necesario luchar en cada sindicato, escuela y universidad por la construcción inmediata de medidas de combate por todas nuestras demandas: asambleas en cada lugar de trabajo y estudio, por la construcción de un plan de lucha y huelga general contra la escala 6×1, por la tributación real y efectiva de las grandes fortunas, la abolición de la reforma laboral y de la seguridad social, sin reducción salarial, y la extinción del marco fiscal, un verdadero impuesto a los más pobres en función del pago de la deuda externa fraudulenta.
