La conversión del edificio de la Jefatura Superior de Policía de la Via Laietana en un “espacio de memoria”, y nada más que eso, forma parte de un largo proceso al que no se adivina ni final ni solución que satisfaga mínimamente a las partes enfrentadas. La publicación el pasado martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la resolución del Gobierno español que certifica la “perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuadas” del edificio y la difusión de los hechos que en él acaecieron no cierra en absoluto una carpeta abierta hace muchos años –a julio del 2017 se remonta la aprobación en el Congreso de una proposición no de ley para hacer de este inmueble un centro de memoria– y que solo podría cerrarse –¿definitivamente?– con la hoy por hoy del todo improbable marcha de la Policía Nacional del 43 de la Via Laietana.
Coincidiendo con el 50.º aniversario de la muerte del dictador, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido tener un gesto con sus socios independentistas y con las entidades memorialistas, que no se conforman con el reconocimiento oficial de que en ese edificio centenario se torturaba a los antifranquistas y con la materialización –un proyecto aún por construir– de un relato que, según esas entidades, solo se completará cuando el último policía abandone esas dependencias. Un objetivo que no entra en ninguno de los planes del actual Gobierno ni mucho menos de los que puedan sucederle, siempre tan cicateros, los de antes, los de ahora y los de mañana, a la hora de ceder un metro cuadrado de su patrimonio a la ciudad.
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REDACCIÓN
El Gobierno de Pedro Sánchez no ha escatimado guiños a quienes vienen reclamando un cambio radical de propiedad y de usos de Via Laietana 43, como el de anunciar la incoación del procedimiento para declarar la finca lugar de memoria democrática precisamente un 18 de julio, coincidiendo con el aniversario del golpe de Estado de 1936. Ahora habrá que esperar el encaje de bolillos que haga compatible la nueva calificación de la finca con la permanencia en ella de la Policía Nacional. Mientras tanto, en una discreta y ladeada ubicación, frente a la fachada principal de la que es una de las fincas más icónicas de la renovada Via Laietana, el atril instalado en el 2018 por el gobierno municipal de Ada Colau –varias veces vandalizado– seguirá recordando el oscuro pasado de este predio hoy tan codiciado.
