Los incendios forestales en la Patagonia Andina ya arrasaron con más de 20 000 hectáreas desde diciembre a la fecha y aún no han terminado. Hay focos activos en tres provincias: Neuquén, Chubut y Río Negro. La situación es desesperante, con un fallecido, cientos de evacuados y familias que perdieron todo en El Bolsón. Lo mismo sucedió en Epuyén en enero.
Los y las brigadistas combaten el fuego con los escasos recursos que tienen a disposición pero no dan abasto. Los ajustes presupuestarios llevaron a un vaciamiento de los organismos de prevención y combate de incendios forestales. Gobierno tras gobierno se precariza a los y las brigadistas que hoy están en primera línea con pésimas condiciones laborales, sin las herramientas para hacer frente a esta grave situación.
En 2024, el gobierno del negacionista Javier Milei puso el Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de Nación y redujo las partidas destinadas a Ambiente y Parques Nacionales en un 65,4%. No solo se ajustaron los programas destinados a la lucha contra los incendios sino también aquellos de prevención, fundamentales para reducir los daños causados por el fuego. Pero en esta política no hay grieta: peronistas, radicales, pro y libertarianos están de acuerdo en desfinanciar los sistemas de lucha contra el fuego en pos de honrar la deuda externa. Los gobiernos provinciales acompañaron estos ajustes y fomentaron los negocios inmobiliarios. No les importó ni la previsión de la temporada de sequía que aumentaba la probabilidad de incendios con tal de cumplir los lineamientos del “déficit cero”.
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Los incendios tienen causas estructurales y el Estado es responsable
Los incendios forestales suelen iniciarse por la acción humana pero sus causas son estructurales y se agravan año a año. Factores que favorecen y promueven los incendios y su propagación son: la acumulación de combustible forestal promovida por monocultivos de pino en reemplazo de bosque nativo y otros negocios forestales e inmobiliarios que provocan la pérdida de biodiversidad; esto se ve agravado por el calentamiento global y sus consecuencias: el aumento de las temperaturas medias globales, vientos más fuertes y sequías extremas. A su vez, esta crisis climática y ecológica es producida en gran medida por la quema de combustibles fósiles y negocios extractivistas, que en Argentina son promovidos por Milei y los gobernadores con enormes beneficios como los otorgados con el RIGI a empresas transnacionales.
Este combo explosivo empeora la amplitud y voracidad de los incendios forestales en los últimos años, no solo en la Patagonia sino en distintos lugares del mundo. Norteamérica y Sudamérica sufrieron incendios forestales especialmente intensos a lo largo de 2024. En Sudamérica se produjeron más de 365.000 incendios forestales en 2024 según los datos del Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS). Dos ejemplos recientes son el incendio que arrasó parte de la ciudad de Los Ángeles en EE.UU. o los incendios forestales en Bolivia que destruyeron más de 10,1 millones de hectáreas.
En la región patagónica en los últimos 25 años se produjeron cuatro de los incendios más grandes desde que se tiene registro (en 1999, 2015, 2021 y 2022), que representaron el 3,35% de la superficie con bosques, de la cual se quemó más del 50%.
Cuando se inició el primer incendio de magnitud en diciembre de 2024 en el Parque Nacional Nahuel Huapi, el gobierno nacional pasó a través de un decreto el SNMF a la órbita de la cartera del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich (junto con el secretario Daniel Scioli como responsable del área de Ambiente).
Para Bullrich la responsabilidad de todos los incendios pasó a ser de desconocidos incendiarios a los cuales “les va a caer todo el peso de la ley”, discurso repetido por los gobernadores Ignacio Torres en Chubut y Alberto Weretelinek en Río Negro que incluso llegaron a plantear, sin ninguna prueba, que las y los Mapuche son los responsables de estos incendios. Cargados de racismo, siguen señalando a las comunidades originarias que cuidan los territorios para ocultar las verdaderas responsabilidades.
Nada dicen de las millones de hectáreas que se forestaron en la Patagonia con un pino que es exótico para nuestras tierras, el Pino Oregón, propio de los países de América del Norte, y que fue implantado hace décadas por empresas transnacionales para la producción y exportación de madera. Esta especie de pino es pirofila, altamente inflamable y requiere fuego para su reproducción. Además, produce cambios negativos en la biodiversidad y sistemas ecológicos, expandiéndose con enorme facilidad en la Patagonia y reemplazando especies arbóreas y flora propias del lugar. El grupo Benetton es una de las empresas que viene desarrollando este modelo de negocios con la forestación de pinos, en una parte de las millones de hectáreas que se apropió, junto con otros grupos extranjeros que en total poseen más de 14 millones de hectáreas en nuestro país.
Otra especie exótica, el Pino Ponderosa, cuya madera es poco apta para la industria maderera, ha proliferado descontroladamente asociado a la especulación de bonos “verdes” en el mercado financiero de carbono. Con estos bonos, las empresas europeas hacen su greenwashing, se pintan de verde, diciendo que absorben CO2 de la atmósfera a cambio de continuar emitiendo todo tipo de gases de efecto invernadero en sus fábricas relocalizadas. Claro que los incendios que provocan no entran en su contabilidad creativa de emisiones. Y en este negocio encontramos una vez más a Benetton, quien también apuesta a generar pasta de celulosa una vez cumplido el ciclo de absorción de CO2 de sus plantaciones.
Por otro lado, la urbanización sin planificación de los gobiernos provinciales y el fomento del turismo como “industria” le abre la puerta a la especulación inmobiliaria. Si bien el suelo forestal está protegido por leyes provinciales y nacionales, la quema habilita que se cambien los usos del suelo en los hechos para emprendimientos inmobiliarios. Esto ya se vio en incendios anteriores; como dicen las poblaciones locales “donde hubo fuego, negocios quedan».
En 2021, el gobierno de Rio Negro aprobó una nueva ley de promoción de fotestaciones con coníferas, justo dos meses antes del incendio en Cuesta del Ternero, paraje rural cercano a Bolsón donde se quemaron más de 14.000 has en total cuando confluyó con otro incendio proveniente de El Maitén y Las Golondrinas en Chubut. Lo hicieron sabiendo el crecimiento descontrolado de las forestaciones promovidas por la propia empresa forestal provincial IFONA en la zona andina. La situación no puede más que empeorar cuando Torres, el gobernador de Chubut, anuncia planes de crédito para forestación. El Plan 2030, que promocionaba todo estos negocios, impulsado por el gobierno de los Fernández y el inefable Ministro de Ambiente Cabandié, tiene continuidad en la política de estos gobernadores en alianza con Scioli y Milei.
¡Que se declare estado de emergencia nacional ígnea ya!
Es urgente que se destine todo el presupuesto necesario para apagar los incendios. Al fuego no se lo combate con las frases rimbombantes y racistas de Patricia Bullrich, sino con aviones hidrantes, herramientas y plenos derechos laborales para todos los brigadistas de lucha contra incendios.
La solidaridad y el esfuerzo que surge desde abajo y autoorganizado en todo el país con los habitantes afectados por los incendios de Epuyen y El Bolsón no puede reemplazar la responsabilidad que tienen los organismos estatales. Los recursos están pero se van en pagar la deuda o armar a las fuerzas represivas en función de la respuesta represiva y criminalizadora que caracteriza a la intervención estatal. Sin atacar las causas estructurales no hay posibilidad de evitar nuevas catástrofes.
Exigimos al gobierno nacional y a los gobernadores provinciales que garanticen inmediatamente todos los recursos para combatir el fuego. Se requiere de un Sistema de Hidrantes para Protección contra incendios que contemple tuberías y válvulas que distribuyen agua a presión mediante estaciones de bombeo a puntos de conexión estratégicamente ubicados. Esto de la mano de reservorios de agua que la almacenen para abastecer esa red de hidrantes.
También exigimos presupuesto para la reconstrucción socioambiental de la región, empezando por un plan de viviendas urgentes para todas las familias afectadas, garantizado 100% por el Estado junto a un plan de erradicación y control de especies exóticas y de reforestación del bosque nativo para la prevención futura. Al mismo tiempo, acompañamos las colectas solidarias que se levantan en muchos puntos del país para aportar y colaborar con todas las brigadas y las poblaciones locales.
Necesitamos planificación íntegra urbana y socioambiental. Que el presupuesto se destine a un plan discutido democraticamente por toda la población y no a las deudas provinciales y nacionales, a buitres financieros y al FMI. Que se expropie a los grandes usurpadores de tierra extranjeros como el grupo Benetton, Lewis, entre otros, y no a las comunidades originarias que habitan desde tiempos ancestrales.
Al mismo tiempo, exigimos el fin del extractivismo fósil que transforma el planeta en una caldera. Basta de subsidios a las multinacionales hidrocarburíferas, expropiación sin pago y bajo control de trabajadores y comunidades para cambiar la matriz energética. ¡No hay planeta B!
Porque todo incendio es político, somos las y los trabajadores, las poblaciones locales, las comunidades mapuche-tehuelche quienes podemos pelear por una alternativa que cambie de raíz esta situación. Solo con un plan que privilegie el bienestar socioambiental y no los negocios privados podemos revertir, prevenir y dejar de lamentar la tierra arrasada que dejan los gobiernos capitalistas.
