A través de una presentación judicial, la Fundación Apolo denunció este lunes la existencia de una organización transnacional venezolana del régimen de Nicolás Maduro que persigue y amenaza a exempleados públicos de ese país. Según el escrito, el hijo de una exfuncionaria habría recibido amenazas durante su residencia en Argentina.
La denuncia surgió a raíz de que el joven amenazado, de nombre José Zambrano, se puso en contacto con la Fundación Apolo. Había dejado Venezuela junto a su esposa y su madre, la ex funcionaria venezolana, en 2017. Según detalló a la entidad, su progenitora decidió irse tras haber estado en contacto con información vinculada a casos de malversación de fondos en el ministerio de Cultura venezolano donde trabajaba.
A la mujer, su hijo y su esposa se les unieron luego otros miembros de la familia. El exilio los llevó por varios países latinoamericanos en los que el régimen de Maduro siempre les hizo notar su presencia.
Desde amenazas por redes sociales hasta notas escritas a mano que les enviaban a domicilio, pasando también por la inclusión en listas negras en las que el régimen de Maduro ordenaba la detención de Zambrano, nunca pudieron estar tranquilos. Finalmente, la familia se separó y cada uno terminó en un país distinto.
Su madre y su hermano se fueron a vivir a Chile en 2018. Un año más tarde se les uniría su hermana, quien se había quedado en Venezuela.
DENUNCIAMOS AL ESPIONAJE ILEGAL DE MADURO EN ARGENTINA
Desde la @FundApolo denunciamos la red criminal que persigue a disidentes venezolanos en nuestro país y Latinoamérica. ¡Basta de dictadura!
Exigimos investigación y protección a los disidentes al régimen de Maduro. pic.twitter.com/kOIJMTC8sd
— Yamil Santoro (@yamilsantoro) May 12, 2025
Por su parte, el joven que denunció la persecución se radicó en Argentina en 2018 y vivió en el el país hasta mayo de 2024, cuando emigró a Estados Unidos.
Según declaró, recibió amenazas en las que le contaban datos de su vida personal y su rutina. Además, su madre, quien vive en el exterior, también recibía información precisa sobre él a través de redes sociales y a modo de amenaza.
Una de las que más sufrió la persecución fue Ivanna, la hermana del joven que denunció el hostigamiento, quien se había ido a vivir a Chile en 2019. Producto de las amenazas, la mujer emigró a Colombia, pero ni allí pudo estar tranquila: la seguían contactando por teléfono y redes sociales. También a su esposo y a su padre, quien había sufrido un infarto.
Los mensajes incluían su dirección, sus datos bancarios e incluso llegaban a amenazar a su hija.
“Les dijimos k se les acabó el tiempo tu y tu niña y tu hermano Jose en Buenos Aires tienen los días contados” decía, textual, la última nota que recibió y que le dejaron pegada en su puerta. La mujer terminó pidiendo asilo político en Estados Unidos y vive allí desde 2021.
En cuanto a Zambrano, recibió mensajes en Argentina en los que mencionaban datos acerca de su rutina. Además, lo llamaban de números privados en los que cada vez que atendía lo insultaban o amenazaban. Incluso detectó un auto que lo seguía cuando salía a pasear a su perro.
A los llamados y cartas se sumó una última amenaza, pero esta vez desde el propio Estado venezolano: lo habían incluido en una «lista negra» de personas buscadas por la Policía Nacional Bolivariana. Se enteró recién en 2024, cuando un amigo le mandó una captura en la que se veía su foto, junto a la de otros opositores al régimen de Nicolás maduro.
«Estamos frente a un caso gravísimo de persecución política ejecutada fuera de las fronteras venezolanas, por una estructura que opera con métodos de inteligencia, acoso sistemático y amenazas contra exfuncionarios o críticos del chavismo», expresó el legislador porteño Yamil Santoro, uno de los referentes de la Fundación Apolo que impulsa la denuncia.
Según destacaron desde la entidad, existirían indicios de que la persecución se llevó a cabo a través de una estructura que tiene acceso a información migratoria y de inteligencia «que debería estar protegida por el Estado argentino». Además, sugieren que existe una «posible complicidad de funcionarios o filtraciones dentro de organismos oficiales».
La denuncia fue presentada por los delitos de asociación ilícita, encubrimiento, amenazas simples y agravadas.
Desde la fundación expresaron que «no se trata solo de proteger a un individuo», sino de evitar que el territorio argentino «sea usado como plataforma de operaciones para un régimen que persigue y elimina a sus opositores«.
BPO
