Luego de tres semanas de incertidumbre, finalmente se autorizó el inicio de los trabajos de demolición controlada en el edificio María Reina V, ubicado en bulevar San Juan al 600, en el corazón del barrio Güemes.
La intervención, que comenzará este lunes, buscará remediar los daños provocados por el derrumbe fatal del 17 de mayo, un incidente que dejó un muerto, siete heridos y una cuadra clausurada desde entonces. Este lunes, día en que se inician las obras, se cumple el día 23 desde que ocurrió el evento trágico.
La Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba emitió una resolución en la que confirmó la aprobación del Plan de Higiene y Seguridad presentado por la empresa Brasca Demoliciones S.R.L., avalado por Prevención ART de Sancor Seguros.
Según explica la resolución, el documento cumple con los requisitos técnicos exigidos y da luz verde a las tareas solicitadas por la Fiscalía de Instrucción N° 10, que investiga el caso bajo la carátula de “estrago culposo calificado”.
Representantes de Brasca Demoliciones explicaron en dialogo con La Voz que, en una primera etapa, se retirará únicamente el revestimiento de ladrillo visto mediante el uso de grúas en altura y trabajo manual, debido a la delicadeza de la operación.
Desde la empresa encargada de la demolición controlada explicaron que, por el momento, los trabajos “por el momento serán todos a mano, con mucha precaución”.
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“El plazo estimado es de 15 a 30 días, pero depende de lo que encontremos al avanzar”, agregaron desde Demoliciones Brasca remarcando que este cronograma está sujeto a modificaciones.
Aunque las demoliciones comenzarán este lunes y tienen un plazo estimado, no existe un tiempo claro para la reconstrucción definitiva del sector afectado.
La Fiscalía, la Policía Judicial y personal municipal serán los encargados de supervisar las tareas, ya que parte de los escombros podrían ser considerados prueba clave en la causa judicial.
Mientras tanto, la vida en la zona continúa gravemente afectada por las consecuencias del derrumbe. El bulevar San Juan al 600 sigue completamente cortado en ambas direcciones desde aquel fatídico día, generando serias complicaciones para el tránsito vehicular y peatonal en uno de los sectores más transitados de la ciudad.
Según se pudo conocer, los residentes de la sección E del edificio, la más próxima al muro colapsado, enfrentan la difícil situación de tener que abandonar temporalmente sus hogares en los próximos días como medida de seguridad preventiva. Esta disposición genera gran incertidumbre entre los vecinos, quienes aún no conocen con exactitud el plazo de su desalojo ni las condiciones en que podrán retornar a sus viviendas.
Por otro lado, los comerciantes de la cuadra, y en particular los dueños y empleados del local gastronómico que resultó directamente afectado por el derrumbe, continúan reclamando compensaciones económicas por las cuantiosas pérdidas sufridas. Más de tres semanas de clausura forzosa dejaron a muchos negocios en una situación financiera crítica, sin que hasta el momento hayan recibido respuestas concretas sobre posibles indemnizaciones o ayudas para paliar los daños.
Fuentes municipales confirmaron a La Voz que, una vez aprobado el plan, la responsabilidad recae enteramente en el consorcio del edificio, que ya había presentado un proyecto inicial con inconsistencias, lo que retrasó el proceso.
“El municipio ya no tiene más injerencia. Ahora todo depende del consorcio y la empresa contratada”, afirmaron desde el Palacio 6 de Julio, aduciendo que hasta acá llego su responsabilidad de mediar entre las partes y la sociedad cordobesa.
Según se pudo saber días atrás el presupuesto estimado para la demolición controlada supera los $ 300 millones, y algunos propietarios están cubriendo los gastos mediante créditos.
El derrumbe, ocurrido en una noche de fuertes vientos, sepultó parte de un bar donde una veintena de personas se encontraba reunida. La víctima fatal fue un hombre de 32 años, mientras que los siete heridos ya fueron dados de alta.
La investigación judicial avanza para determinar si hubo negligencia en el mantenimiento del edificio, aunque por ahora no hay imputados. Funcionarios municipales descartaron responsabilidad directa.
“Acá hubo profesionales que fallaron. El municipio solo exige que las reparaciones se hagan con seguridad”, sostuvieron.
